Los funcionarios de la Junta de Andalucía se movilizan para exigir al Gobierno de Moreno una mejora salarial del 10%

Los sindicatos con representación en la administración general de la Junta de Andalucía se preparan para una convocatoria que puede marcar el inicio de un conflicto de largo recorrido con el Gobierno de Juan Manuel Moreno. Aprovechando la próxima aprobación de los Presupuestos, prevista para la próxima semana, piden al Gobierno andaluz una subida salarial: en concreto, una partida suficiente para asumir “una subida global del 10% del total del sueldo”, que consideran desactualizado tras dos décadas en las que no se ha mejorado el complemento específico, cuya cuantía depende exclusivamente de la administración autonómica.

SAF, CSIF, Iniciativa Sindical Andaluza, UGT y CCOO han convocado para este martes ocho concentraciones ante las respectivas sedes de las delegaciones del gobierno andaluz en las capitales de provincia, “en defensa de unas retribuciones justas”. Esgrimen una pérdida acumulada de poder adquisitivo del 16% desde el inicio de los recortes, en 2010, y blanden un agravio: sólo en el último año, el sueldo del presidente, consejeros y altos cargos se ha elevado en dos ocasiones (entre el 15 y el 18% en diciembre, y el 1,79% -IPC- hace apenas dos meses). Juan Manuel Moreno cobra ahora 89.275,32 euros.

También se han mejorado las retribuciones del personal docente, sanitario y de la administración de justicia, que aglutinan la mayor parte del sector público andaluz, con cerca de 240.000 profesionales. Pero para los funcionarios de consejerías y servicios territoriales, unos 23.000, no ha habido nada. La Junta de Andalucía no sube el complemento específico desde 2002, lamentan los sindicatos.

El complemento de específico es el único de los conceptos en que se divide su salario (que también incluye el sueldo base, los trienios y el complemento de destino) que depende íntegramente la comunidad autónoma. Los otros conceptos de la nómina de un funcionario son comunes a todas las administraciones, y su revisión depende del Ministerio de Hacienda, que los adecuó al alza del IPC en octubre de 2022. La Junta de Andalucía incorporó a esas alzas en sus Presupuestos, como es obligatorio, pero sigue sin tocar el complemento específico, que es el concepto que de ella depende.

“A día de hoy, los funcionarios auxiliares cobran el sueldo mínimo y el resto de personal funcionario de todas las categorías están por debajo de la media en comparación con otras comunidades o administraciones, quedando el personal de la Administración General de la Junta de Andalucía con las retribuciones más bajas de España todos los conceptos retributivos”, exponen los cinco sindicatos en un escrito, en el que lamentan haber sido “condenados al ostracismo absoluto” ante cualquier amago de negociación.

La petición lleva años sobre la mesa, según los sindicatos, que no han recibido respuesta a la petición de reunión con el consejero José Antonio Nieto que formularon hace un mes. “Siempre se nos pone la excusa de que no está en el Presupuesto, y ningún año lo meten. Pero ha llegado un momento en que nos hemos cansado. Si tienen que modificar el Presupuesto para subir el sueldo al Presidente sí lo hacen”, apunta Pablo López del Amo, de CCOO, que advierte que están ante una carrera de fondo: “Si no entra, vamos a continuar las movilizaciones”. Todas las fuentes sindicales consultadas subrayan la unidad de acción en este asunto como síntoma de determinación.

Unos 40.000 trabajadores

La administración general de la Junta de Andalucía la componen teóricamente 23.227 funcionarios, según los Presupuestos, aunque fuentes sindicales la rebajan a 19.000. A ellos se suman 22.675 laborales (unos 20.000 efectivos, según sindicatos), cuya mejora retributiva tampoco se ha abordado desde hace tiempo. Los sindicatos señalan que ellos vendrían detrás.

Todos dependen orgánicamente de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y tienen su plaza en los servicios centrales de alguna de las consejerías, en las delegaciones territoriales o en entes como el Consejo Consultivo, el Consejo Audiovisual o el Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

No existe una cifra exacta de cuánto costaría a las arcas andaluzas subir el “10% del total del sueldo” de estos trabajadores públicos. No la da ni la Consejería de Función Pública, ni la de Hacienda ni lo tienen los propios sindicatos. El propio desglose de la partida de gastos no facilita conocer el presupuesto anual dedicado a funcionarios y laborales. Pero de un análisis de las cuentas de 2024 se extrae que el gasto en salario de funcionarios ronda los 700 millones de euros en salario (descontados docentes y de Administración de Justicia) y unos 300 millones en cuotas, prestaciones y gastos sociales. El personal laboral cuesta otros 300 millones. De modo que, en un cálculo aproximado, el Gobierno andaluz tendría que consignar unos 130 millones de euros a una eventual subida del 10% del sueldo de sus funcionarios.

“Muchos funcionarios recién entrados apenas superan el salario mínimo interprofesional”

Como en todas las administraciones, el salario total de un funcionario de la administración andaluza está dividido en varios conceptos (sueldo, trienio, complemento específico y complemento de destino), y condicionado por el grupo (A1, A2, C1, C2 y E, según las competencias y responsabilidades que desempeñan y el nivel académico que permite el acceso) y el nivel (del 12 al 30). Según la tabla de retribuciones mensuales para 2024, el sueldo base de un funcionario del Grupo A1 es de 1.326,90 más 51,07 por trienio y una cuantía por complemento de destino, según nivel. Para el A2, es de 1.147,35 + 41,64. Para el C1, 861,46 + 31,53. Para el C2, 716,98 + 21,46. Y para el E, 656,23 + 16,16. Estas retribuciones son comunes para todas las administraciones, y las fija el Ministerio de Hacienda. 

Los sindicatos apuntan a la tercera pata, el complemento específico, que es particular para cada puesto de trabajo. En los últimos tres años, el sueldo base y los trienios sí han subido un 9% para acompasarlo al incremento del IPC. Sin embargo, esto no compensaría las pérdidas acumuladas desde los recortes de 2010 porque el complemento específico, que pueden suponer entre una tercera y una cuarta parte del total, está estancado. Un decreto de 2002 recoge su última subida. Desde su entrada en vigor (retroactiva a 1 de enero de 2002), el IPC acumula un incremento del 64,4% en Andalucía, según el INE.

“En muchos casos, esto es lo que hace que funcionarios recién entrados apenas superen el salario mínimo interprofesional”, alerta Miguel Ibáñez, portavoz de SAF. “La pérdida de poder adquisitivo se acumula año a año es cada vez mayor”, explica Rocío Luna, portavoz de Iniciativa Sindical Andaluza. “Se cobra lo mismo que hace veinte años por trabajar un festivo. Eso no tiene pase”, señala López del Amo.

“Un antiguo licenciado, del grupo A1 [el más alto], cobra cuando entra unos 1.700 euros brutos, no más. Un diplomado 100 euros menos. No es de recibo. Se exige formación universitaria y pasar procesos selectivos bastante duros, pero luego eso no se ve reflejado en la nómina cuando al fin accedes a la administración”, protesta Ibáñez, que añade otro detalle: “Muchas administraciones han subido los niveles mínimos de acceso a cada grupo”, de modo que un funcionario de la administración general del Grupo A2 entra ya al nivel 20, y A1 entra al 24. Esto ha permitido que reciban de entrada un complemento de destino mayor, mientras que en Andalucía entran con nivel 22 y 24, respectivamente.

Luego tienen escaso margen de progreso, porque los puestos nivel 26 ya son cubiertos en gran parte mediante libre designación, un mecanismo al que la Junta de Andalucía recurre con frecuencia, y hoy muy cuestionado y objeto de una negociación por alejarse de los principios de igualdad, mérito y capacidad en favor de la discrecionalidad.