La Alhambra venderá entradas nominativas para evitar que se repita el fraude y la reventa

“Se había creado un mercado al amparo de las entradas de la Alhambra, por lo que el sistema debía desaparecer como tal”. En esos términos se ha expresado la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, sobre el método por el que en los últimos años se han vendido los billetes de acceso al monumento granadino. Una forma de operar que ha llegado a su fin tras la aprobación de una normativa que busca poner freno al fraude con los pases de acceso.

Lo que anuncia ahora la Junta de Andalucía es un resideño que pone el peso en la venta directa de los billetes que permiten visitar la Alhambra y acaba con la reserva que podían hacer hasta la fecha los agentes turísticos autorizados. No en vano, un informe de la Agencia de Defensa de la Competencia en Andalucía ya había alertado a comienzos del pasado 2019 de que el modelo de reparto de entradas no era el más idóneo. Y la mejor prueba de ello es el denominado como 'Caso Alhambra' en el que la Justicia investigó durante más de diez años una red clientelar entre empresarios, guías turísticos y trabajadores que tejieron una red que les permitía lucrarse superando el aforo permitido por visita mediante el uso de entradas con otra fecha, ya utilizadas o incluso permitiendo a los visitantes acceder sin entrada.

Partiendo de ese interés, desde la Consejería sostienen que “se han dirigido todos los esfuerzos en acabar con esa imagen de entradas siempre agotadas y con las denuncias por supuesta reventa y acaparamiento que tanto perjudica el destino Granada y la imagen del conjunto monumental”. Buscan ahora que las entradas puedan comercializarse de un modo más eficiente y justo. Eliminando de forma inmediata el canal de venta que se reservaba para los agentes autorizados y reforzando las posibilidades de compra de cualquier turista individual que desee conocer la Alhambra.

Defendiendo la “transparencia, la legalidad y el consenso institucional”, Patricia del Pozo ha explicado que, dentro del límite de aforo permitido de 2,7 millones de visitantes al año por ser Patrimonio de la Humanidad, lo que se persigue es que los turistas puedan adquirir su pase al monumento sin encontrarse con que no haya entradas disponibles, que deban adquirirlas mediante operadores turísticos que pueden inflar los precios o peor aún, en reventas que en muchos casos ni siquiera proveían al cliente de una entrada real pese a superar los centenares de euros.

Contra la reventa

La Junta quiere frenar de raíz el uso fraudulento que algunos agentes autorizados hacían de las entradas. Estos disponían de casi la mitad de las entradas que se podían comprar en el monumento, lo que al año arrojaba la cifra de más de 1,3 millones de pases para visitar la Alhambra. Ese control del mercado de entradas les permitía reservarlas y posteriormente inflar el precio de las mismas para poder vendérselas a operadores turísticos y obtener un beneficio gracias a su posición de control como agentes autorizados.

Para evitar que eso vuelva a suceder, el Patronato de la Alhambra obligará a que las entradas se vendan nominativas. Es decir, que cuando se adquieran sea obligatorio indicar tanto el DNI como el nombre del titular que adquiere el boleto y que va a hacer uso del mismo para poder acceder al monumento. Así se intenta evitar que el precio real de cada entrada, que es de 14 euros, suba por la aparición de intermediarios que trataban de hacer su negocio inflando los precios según la demanda. Una medida que ya se ha implantado para visitar El Alcázar de Sevilla donde sus entradas ya son nominativas.

La normativa, que echará a rodar el próximo 1 de marzo, convivirá con el controvertido sistema que ha dado pie al fraude hasta el 1 de mayo. Desde esa fecha, cualquiera que adquiera una entrada podrá hacerlo mediante la nueva regulación. “No puede haber entradas a 700 euros y si esto existe, no se puede permitir”, ha recalcado la consejera. En ese sentido, cabe resaltar que el 82% de las entradas se venderán de forma directa y que solo el 18% se reservarán para los pases institucionales, reduciendo de ese modo las posibilidades de que haya fraude en los boletos.

Una red fraudulenta

La Alhambra, por ser un monumento Patrimonio de la Humanidad, cuenta con una serie de protecciones que obligan a las instituciones a tener especial celo en el control en sus accesos. De ahí que a los palacios nazaríes sólo puedan acceder 300 personas cada media hora. Un número que no siempre se respetó y que puso de relieve el fraude que se ha llegado a cometer con la venta de entradas. El llamado 'Caso Alhambra' se fraguó precisamente en ese sentido.

En febrero de 2018 la Audiencia Provincial de Granada condenó a 10 de los 48 acusados en la macrocausa a penas simbólicas, según se entendió en aquel momento, por haber participado de una red de fraude relacionado con las entradas de la Alhambra. Por los tribunales pasaron casi un centenar de imputados y testigos que sirvieron para perfilar las culpas que finalmente se llevaron a sentencia. Lo que se investigó fue el uso que se hizo de las entradas entre 2002 y 2005. Al parecer, se forjó una red clientelar que fomentó el lucro mediante un mercado paralelo al de la venta oficial, donde no se respetaba ni el aforo máximo permitido.

Operadores, empresarios y trabajadores de la Alhambra se coordinaron para permitir la entrada de turistas mediante el uso de pases con otra fecha, ya utilizados o sin que hiciese falta tener alguno. Así, llegó a emitirse un informe pericial que manifestaba que solo en ese periodo se habían vendido más de 250.000 entradas falsificadas. Además, se calcula que el monumento perdió alrededor de 3,5 millones de euros por el dinero no ingresado y que los desperfectos causados en la Alhambra por no haberse respetado el aforo al que obliga la regulación de espacios que son Patrimonio de la Humanidad ascendieron a más de 3,15 millones.