La expareja de Juana Rivas pide una orden de detención contra ella al no acudir ante el juez
Francesco Arcuri, el excompañero de Juana Rivas, la vecina de la localidad granadina de Maracena en paradero desconocido desde que incumpliera el 26 de julio la orden judicial de entregarle a sus hijos, ha pedido contra ella una orden de detención al no haber acudido este martes a la citación del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga si ha podido incurrir en un delito penal de retención ilícita de menores.
Arcuri, condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar, ha salido del juzgado pasadas las 11,00 horas de este martes, apoyado por varias decenas de personas de asociaciones por la custodia compartida, que le han animado al grito de 'Todos somos Francesco'.
En declaraciones a los medios, el abogado de Arcuri, Adolfo Alonso, ha señalado que, además de las “medidas de índole personal” solicitadas contra ella, se han pedido otras referidas a los niños, y a su entrega inmediata mediante intervención policial.
Ha explicado que Juana Rivas no ha acudido, ni tampoco ningún representante legal, justificándose esta ausencia en que no se le ha podido notificar la citación judicial al encontrarse en “paradero desconocido”. Ni Guardia Civil ni Policía han podido localizarla, según ha agregado el abogado.
Ante esta situación, el letrado ha pedido tres medidas, pasando la primera de ellas por la detención de Rivas para la celebración de una “vistilla” en la que determinar si se produce su ingreso en prisión. Subsidiariamente, en caso de que no se estime oportuna esta medida por el juez, Adolfo Alonso ha interesado una orden de búsqueda y localización para ser puesta a disposición judicial. También ha solicitado una orden especial de prohibición de salida de los menores del espacio Schengen si no están acompañados por su padre.
Los menores, en su opinión, “están en situación de riesgo”, y, en concreto, el mayor, de once años, “está mal” incluso “desde antes” de que la madre “tomara la decisión de sustraerse de la acción de la justicia”. Pueden haber sufrido un “daño irreparable” en el marco de una situación que “puede no terminar bien”, ha agregado Alonso.
En este sentido, ha señalado que Juana Rivas podría haber incurrido, además de en supuesta desobediencia a la autoridad judicial, en dos posibles delitos en el ámbito de la violencia familiar, como es el de maltrato psicológico al progenitor y a los menores. Existe, según ha avanzado también Alonso, la “discusión procesal” de si sería competente para la causa un Juzgado de Violencia sobre la Mujer o de Instrucción.
Alonso ha pedido, por último, “cordura” en esta nueva fase del proceso, y se ha mostrado convencido de que “no cabe otra lectura” de que, tras su incomparecencia en sede judicial, Rivas trata de ganar tiempo.
La comparecencia de ambas partes en sede judicial estaba prevista a partir de las 10.00 horas de este miércoles en el edificio de Caleta. Este tribunal se ha declarado hábil para este caso en el mes de agosto, después de que, en labores de guardia el pasado viernes 28 de julio, abriera diligencias previas para averiguar si la madre de Maracena ha podido cometer posibles delitos de desobediencia a la autoridad judicial; de sustracción interparental de menores y de violencia psicológica habitual contra los hijos.
Concentración por la custodia compartida
Coincidiendo con la cita judicial, considerada clave en un caso que tiene varios frentes abiertos, entre ellos un incidente excepcional de nulidad por la vía civil en la Audiencia Provincial, se ha celebrado una concentración frente a los juzgados de Caleta de la asociación 'Granada por la custodia compartida ya'.
Un portavoz de esta entidad ha indicado a Europa Press que su intención no es tanto reivindicar la posición de Francesco Arcuri en este proceso sino “los intereses de los menores” frente a la repercusión mediática del mismo. Un grupo de personas vinculadas a asociaciones por la custodia compartida de distintos puntos de España se ha concentrado para acompañar a Arcuri, recibido al grito de “Igualdad”.
El caso de Juana Rivas ha alcanzado una gran notoriedad mediática, con campañas entre sus vecinos y en las redes sociales promovidas por grupos a su favor, como la que se dio a conocer con la etiqueta 'Juana está en mi casa' después de que incumpliera la orden judicial por la que había de devolver sus hijos a Arcuri.
