Los partidos mayoritarios frustran (por ahora) la declaración de emergencia climática en Málaga

Donde el Ayuntamiento de Málaga de momento no puede, el de Sevilla sí. La capital hispalense ha sido la primera ciudad en declarar el estado de emergencia climática, lo que contrasta con el fracaso (por ahora) del intento de la Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica, que pretendía que los grupos municipales de Málaga aprobaran una moción institucional (con el apoyo de todos) en el Pleno del pasado jueves. Los de Sevilla y Málaga son los primeros intentos de que los ayuntamientos de capitales andaluzas asuman esta preocupación cada vez más patente.

Integrantes de esta alianza malagueña, surgida en la estela del movimiento global de alerta por la emergencia climática, se reunieron durante la semana del 15 de julio con representantes de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento de Málaga, PP, Ciudadanos, PSOE y Adelante Málaga, a los que presentaron un borrador de moción con la pretensión de que fuese consensuado, y pudiese aprobarse como moción institucional.

El documento recoge las implicaciones de la crisis climática para el municipio, donde la temperatura media ha pasado de 18,5 en 1995 a 19,5 grados en 2016, las precipitaciones se han reducido de 620 mm a 420 mm al año y la humedad relativa ha bajado del 67 al 60%. También incide en los riesgos de la previsible subida del nivel del mar. Además de pedir la declaración de emergencia climática, la moción exige compromisos, normas y recursos para lograr el balance neto cero de emisiones en 2025, el abandono de los combustibles fósiles y el avance hacia una economía local y de proximidad.

Respaldo de Adelante Málaga

Sin embargo, sólo lograron el pleno respaldo de Adelante Málaga. El PP, que gobierna en coalición con Ciudadanos, rechazó el texto por ser demasiado genérico. “Decían que parecía un documento general, extraído del movimiento global”, explica Leticia Velcasco. Tampoco hubo demasiada sintonía respecto a las propuestas concretas para Málaga: “Les aportamos datos y documentos institucionales del OMAU, de la Agenda 21 y del pacto por el clima, pero parecía que los datos que tenían eran diferentes a los nuestros”. En la reunión participó Gemma del Corral, concejala de Medio Ambiente.

Para explicar su postura, el equipo de Gobierno remite a eldiario.es/Andalucía a lo acontecido en el Pleno, donde se rechazó una moción del PSOE que, no obstante, tenía poco que ver con la planteada por la Alianza Malagueña.

Por su parte, Ciudadanos alegó problemas de agenda, pero acabó accediendo a una reunión en la que “no hubo reciprocidad”, dice Velasco. Begoña Medina, del PSOE, mostró sus dudas con respecto al término “emergencia climática”, porque genera alarmismo. “Fue un poco extraño. Dijeron que no estaban de acuerdo con declararlo, pero que iban a reunirse el miércoles antes del Pleno y que barajarían el tema”, relata Velasco.

El PSOE pide un “Málaga central”

Finalmente, el PSOE presentó su propia moción por vía urgente, pero poco tuvo que ver con la que pretendía la Alianza. Aunque al final de esa moción se alude a la “emergencia climática”, el texto se acoge al marco de referencia adoptado por el Gobierno de Pedro Sánchez: la transición ecológica.

La moción del PSOE propone una actuación concreta: adoptar un modelo de “Málaga central”, que incluya una red de parkings disuasorios donde dejar el vehículo antes de usar el transporte público urbano. También pedía la mejora de la red de cargadores eléctricos, y el impulso de actuaciones en Arraijanal, terrenos de Repsol y Guadalmedina. Sólo fue aprobado el punto de apoyo al Gobierno de España en las medidas de transición energética.

Después de conocer la moción urgente del PSOE y tras consultar con la Alianza, Adelante Málaga incluyó una enmienda de adición pidiendo que se declarase el estado de emergencia climática. Fue rechazada por el voto en contra de PP y Ciudadanos, pero sí contó con el voto favorable de los concejales socialistas, que ante los activistas de la Alianza se habían mostrado contrarios a utilizar el término.

“Frente al cambio climático, transición ecológica”, explicó más tarde el portavoz socialista Daniel Pérez, quien cargó contra Ciudadanos y el PP. “Hoy presentábamos esta moción pensando en el futuro, en nuestros hijos e hijas, en dejarles un mundo mejor. Lamentablemente para la derecha esto no tiene importancia”, dijo.

Ante el rechazo de su moción, decenas de integrantes de la alianza protestaron frente al Ayuntamiento y en el propio salón de Plenos.

El rechazo al ofrecimiento de Adelante Málaga

Para la Alianza Malagueña, la moción y la postura final del PSOE fue una sorpresa. “La presentaron de forma individual sin contar con nosotros”, asegura Leticia Velasco, que no sabe cómo calificar la actitud del PSOE. “Nos alegró que presentaran una moción”, admite, “pero estaba descafeinada”.

Desde el movimiento, que se declara apartidista, se insiste en que el objetivo sigue siendo consensuar un documento, de modo que pueda aprobarse como moción institucional con el apoyo de todos los partidos. Por eso rechazaron la propuesta de Adelante Málaga, que se ofreció a presentar la moción, a la manera que ha hecho Adelante Sevilla en la capital hispalense, donde únicamente Vox ha votado en contra.“Nos costó muchas discusiones en la asamblea, pero queremos que se haga institucional. A la asamblea le pareció más democrático y transparente ”, explica la portavoz.

Eduardo Zorrilla, portavoz de Adelante Málaga, admite que ante las dificultades en la ronda de contactos, Adelante propuso a la Alianza presentar la moción. “Nos dijeron que no. Expresamente”. Zorrilla cree que es un “error”, y avanza la posibilidad de presentarla en septiembre, pero dice que Adelante no hará nada si la Alianza no quiere. Zorrilla señala la contradictoria actitud del PSOE, al que tacha de “desleal”.

En paralelo, el Ayuntamiento tendrá que resolver antes del 15 de octubre las 350 peticiones presentadas al amparo del derecho constitucional de petición, que reproducen el texto de la pretendida moción institucional. La ley orgánica 4/2001, que regula el ejercicio de este derecho, establece la obligatoriedad de tramitar la petición y responder en el plazo máximo de tres meses.