Las fianzas civiles en el caso de los ERE superan los 2.200 millones de euros

Alaya no ha batido el récord del juez Miguel Ángel Torres, que impuso 1.000 millones de euros de fianza civil al ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca en el caso Malaya. Pero sin duda supera esa cantidad, y con creces, con solo elegir un par de imputados destacados de los 144 que ya acumula el caso de los ERE. La última fianza civil ha sido la impuesta a la exconsejera Magdalena Álvarez, con quien Alaya se vio un par de veces en los juzgados sevillanos. Y el total del montante en fianzas supera los 2.200 millones de euros, una cifra que supera los 734,2 millones repartidos a través de las ayudas sociolaborales, de los que 560 se dedicaron a EREs.

La suma de todas las fianzas por responsabilidad civil fijadas por Alaya sobrepasa con mucho lo supuestamente malversado pero en la instrucción penal está establecido que el juzgado asegure la cantidad de la que cada imputado pudiera ser último responsable para que posteriormente, ya tras la sentencia, haga frente al pago de lo defraudado con motivo de su participación concreta si fuese condenado.

Las responsabilidades económicas que pueden derivarse del proceso penal de los ERE no han dejado de aumentar. Alaya quiere atar al máximo el dinero presuntamente defraudado de las arcas públicas andaluzas. Y lo hace de la manera en que está establecido, mediante la imposición de fianzas de responsabilidad civil a las personas a las que, periódicamente, toma declaración como imputados, independientes de las que fijó en su momento para algunos de ellos para eludir la prisión.

La “decidida finalidad” de la fianza de 29,5 millones a Magdalena Álvarez es “la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta”, según la jueza. Así lo ha venido argumentando para justificar el resto de fianzas millonarias, cuya mayor cuantía en el caso de los ERE se corresponde con la impuesta al también exconsejero, de Empleo, Antonio Fernández, con 807,4 millones.

El orden de esta particular clasificación de fianzas millonarias es prácticamente proporcional a la responsabilidad del cargo, al número de años y a la etapa en que el puesto fue ocupado, y a la Consejería correspondiente, siendo Empleo la más perjudicada en este sentido por ser la encargada de la gestión de las subvenciones sociolaborales. En este sentido, destacan también los 686,2 millones impuestos al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, a quien le han embargado dos fincas en El Pedroso y, más recientemente, una motocicleta.

Los embargos que ya se le practicaron a Guerrero, incluidos los de sus cuentas bancarias, como ha hecho con otros muchos imputados, son por lo visto insuficientes. A su chófer, Juan Francisco Trujillo, se le impuso una fianza de 2,3 millones, y a dos exsecretarias, María Ángeles Gala y Rocío Sayago, 336.125 euros y 80.000 euros, respectivamente.

El embargo de bienes es una práctica habitual en el caso de que el imputado no haya designado bienes ni tampoco consignado cantidad alguna. Ha sido el caso de Daniel Rivera, también exdirector general de Empleo en etapa más reciente, al que se le impuso una fianza civil de 7,2 millones pero a quien le han embargado dos vehículos, una vivienda y todos sus saldos bancarios. Otras fianzas de responsabilidad civil millonarias para altos cargos de esta Consejería fueron los 490,3 millones establecidos para el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá o los 173,4 millones al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez.

Alaya también impuso una fianza de responsabilidad civil de 7,2 millones al exviceconsejero de Empleo Justo Mañas. El hecho de acogerse a su derecho constitucional a no declarar tampoco ha librado a varios imputados, sobre todo en las últimas comparecencias, de no tener que hacer frente a millonarias fianzas. Son los casos, por ejemplo, del exviceconsejero de Economía y Hacienda José Salgueiro (22,1 millones) o los exdirectores de Presupuestos Antonio Lozano (46,6 millones) y Buenaventura Aguilera (1 millón), quienes han sido alertados recientemente de que vayan designando bienes a embargar al no haber aportado las cantidades exigidas. Otro de los cargos de Hacienda, Antonio Estepa, que sí declaró, tiene una fianza de 8,8 millones, mientras que el exparlamentario socialista Ramón Díaz tiene que hacer frente a una cantidad de 2,1 millones después de no prestar declaración en esta fase instructora.

Partiendo del “sistema de ayudas ideado en el año 2001”, Alaya justifica cada una de las fianzas según las ayudas que se concedieron bajo la responsabilidad y el cargo del imputado pero siempre con el mismo trasfondo: la connivencia “con otros”, la forma “opaca” del procedimiento y la “absoluta discrecionalidad” en la concesión de ayudas, “eludiendo los más elementales principios de actuación de la Administración consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación”, según ha apuntado la jueza en más de uno de sus autos. El criterio para establecer las fianzas es el cálculo de las cantidades presuntamente defraudadas por los investigados más el tercio que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fianzas para sindicalistas y responsabilidad subsidiaria de UGT y CCOO

En el caso de algunos empresarios implicados en el caso, también ha habido fianzas millonarias. La Guardia Civil cifró en 50 millones de euros los fondos públicos desviados de las sobrecomisiones por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE en la Junta. A la dueña del restaurante Río Grande de Sevilla, Carmen García, se le impuso una fianza de 1,9 millones; al empresario de Surcolor, Manuel Rafael Castilla, 1,7 millones; a la de Adyco, Encarnación Poto, 4 millones; o al de Aglomerados Morell, Jorge Andrés Morell, 3,1 millones.

Alaya también impuso fianzas civiles de 111 millones de euros a cada uno de los tres directivos de la aseguradora Vitalia imputados en la segunda fase de la Operación Heracles (Eduardo Pascual, María Vaqué y Antonio Albarracín) y de 38 millones al presunto 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas. El exsindicalista habría cobrado por incluir intrusos' en varios ERE y habría percibido comisiones de la propia Vitalia.

Varios sindicalistas de UGT y CCOO también tienen varias fianzas por su presunta participación en el caso de los ERE, principalmente por por su supuesta intervención en la inclusión de 'intrusos'. Alaya también ha declarado en algunos casos la responsabilidad civil subsidiaria de ambos sindicatos. Las cantidades son siempre de menor cuantía que para los altos cargos de la Junta, pero en ningún caso supera el millón de euros de manera individual. Por poner algunos ejemplos, Alaya fijó una fianza civil de 251.041 euros para el secretario provincial de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros para el secretario general de la Federación Minerometalúrgica de Andalucía de CCOO, Manuel Roberto Carmona Soto, .

La jueza también impuso una fianza de 593.306 euros para el secretario de la Federación de Industria de CCOO Juan Antonio Caravaca por contribir a la inclusión en el ERE de Calderinox de dos personas que nunca habían trabajado en la empresa.

Alaya en una ocasión dejó sin efecto la fianza de responsabilidad civil de 353.353 euros que impuso al exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido, para investigar “con mayor profundidad” los hechos que se le imputan. Por otra parte, tuvo que imponer, después de que la Audiencia Provincial de Sevilla se lo ordenara, una fianza de responsabilidad civil de 2,1 millones a la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa.