El PP deja al desnudo al Parlamento de Andalucía al bajarse del pacto antitranfuguismo

La salida del PP del Pacto Antitransfuguismo tiene consecuencias directas en el Parlamento de Andalucía. El desmarque de Génova (sede nacional del PP) con el acuerdo desacredita a la cámara regional, única en toda España en modificar su reglamento interno sobre esta materia y deja al PP–A en una situación incómoda para con sus socios de Gobierno, Ciudadanos.

La formación naranja, que ocupa el cargo de la Presidencia del parlamento autonómico, ve cómo el PP deja de respaldar un acuerdo mientras se espera el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre los casos de transfuguismo que afectan a Teresa Rodríguez y a otros ocho parlamentarios. Ciudadanos, PSOE y Vox –el PP se abstuvo– ratificaron la expulsión de los ahora diputados no adscritos del grupo de Adelante Andalucía el pasado mes de noviembre. Tras hacerse efectiva su salida, la cámara inició con premura la reforma de su normativa para acomodarla al Pacto Antitransfuguismo que fue aprobada hace sólo unas semanas. La legitimidad de esta decisión queda ahora en el aire. “Es Ley. La Ley del Reglamento del Parlamento Andaluz”, zanjan las fuentes de Ciudadanos consultadas.

“Se ha caído muy bajo. La Mesa [del Parlamento] aprobó una propuesta que tiene visos de inconstitucionalidad y en contra los servicios jurídicos de la cámara”, expresa el diputado no adscrito Nacho Molina. Mientras los expulsados de Adelante Andalucía esperan la resolución del embrollo jurídico para ver si son reintegrados en su anterior grupo, su círculo cercano califica el proceso de expulsión de “pantomima”. “Sólo se ha hecho con la intención de expulsar a Teresa y sus compañeros, que eran muy incómodos”, insisten.

“Un pacto trampa”

Fuentes del PP-A no creen que la imagen del Parlamento quede “dañada”. En sintonía con la Ejecutiva nacional, se quejan de la “instrumentalización” de un “pacto trampa” por parte de la izquierda. “Podemos no ha tenido escrúpulos en aprobarlo para expulsar a los que eran sus miembros”, argumentan. Sin embargo, el PP también utiliza el acuerdo dependiendo del escenario político. Por un lado, se abstiene en la expulsión de los otrora parlamentarios de Adelante Andalucía y por otro, lo rechaza en la Región de Murcia. Y entre tanto, qué hace con Granada.

Ciudadanos defendió este acuerdo con dudas –no las tenía todas consigo en un inicio– en el Parlamento andaluz. También lo respalda para refrendar la continuidad de su alcalde, Luis Salvador, al frente del Ayuntamiento de Granada. En este caso, sus socios de Gobierno están más preocupados de que Salvador, si se fuerza su salida del consistorio nazarí, no facilite una moción de censura en favor de un gobierno municipal del PSOE. En esta situación, a los populares andaluces sí le valdría la etiqueta de “tránsfuga”. Así, el abandono del Pacto Antitransfuguismo da vía libre al PP para recibir en sus filas a los concejales naranjas que dejaron a su suerte y solo a Salvador en la Plaza del Carmen.

Vuelven a sonar los tambores de inestabilidad entre las formaciones que conforman el Ejecutivo andaluz pese a que en marzo, después del caos político de Murcia, PP y Ciudadanos llegaron al compromiso de “no favorecer o aceptar ningún trasvase de representantes públicos o electos de ninguno de los dos partidos del Gobierno”. De nuevo Génova pone piedras en el camino del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y siembra una disparidad de criterios haciendo que su Gobierno bipartito diverja en torno al transfuguismo.

De nuevo, Murcia

Todo comenzó en la Región de Murcia. La fallida moción de censura orquestada por PSOE y Ciudadanos es el origen del cambio de postura del PP con respecto al Pacto Antitransfuguismo. Tomando el acuerdo como referencia, la comisión de expertos acusó de “tránsfugas” –cuando un cargo electo se aparta de los criterios políticos de su formación– a los diputados de Ciudadanos que truncaron la moción de censura. Esta comisión, en su informe, también califica de “tránsfuga” al presidente murciano, Fernando López Miras, por “ser inductor y beneficiario” de esta situación. 

El PP se basa en un “incumplimiento” por parte del Ministerio de Política Territorial y Función Pública de convocar una Comisión de Seguimiento del Pacto por la Estabilidad Institucional para borrar su firma del pacto. “Los pactos están para cumplirlos, pero si una parte de deja de cumplirlo, deja de ser un pacto”, expresó escuetamente el portavoz andaluz, Elías Bendodo, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno. Al PP-A le queda el Pacto Antitransfuguismo en clave andaluza firmado con Ciudadanos. De ese no se borra a no ser que quiera dinamitar otro de los puntos de su “acuerdo de estabilidad”: acabar la legislatura.