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La Querella Argentina denuncia también a la justicia franquista

La jueza argentina María Servini de Cubría.

Juan Miguel Baquero

Antonio Troncoso, acusado por el Proceso de Burgos y otros consejos de guerra contra luchadores antifranquistas. Carlos Rey, denunciado por redactar la sentencia que condenó a muerte a Salvador Puig Antich. Son dos miembros de la judicatura militar del franquismo que se suman a los nombres aportados por la Querella Argentina en el Juzgado Federal 1 de Buenos Aires, junto a los directores de centros penitenciarios José Manuel Lorenzo y Francisco Tercero.

La serie que el abogado de la causa contra los crímenes del fascismo español, Carlos Slepoy, entregará la semana próxima a la jueza argentina María Servini de Cubría, no para ahí. Los próximos serán cinco ex ministros de la última etapa del régimen dictatorial, para los que se busca una imputación que avanza, según la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), en los casos de otros miembros del Ejecutivo franquista como Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. Además, el Estado argentino comunica su personación en el proceso judicial que los próximos días 3 y 10 de abril decide en la Audiencia Nacional las peticiones de extradición del ex guardia civil Jesús Muñecas y del ex inspector de policía Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.

Dos jueces militares:

Antonio Troncoso de Castro. Diplomado en Derecho Penal Militar y abogado del Colegio de Madrid. En su carrera ha sido Coronel Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, fiscal del Tribunal Supremo y vocal del Tribunal Marítimo Central. Especialista en Derecho Militar, de la Guardia Civil y de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad.

Está acusado de ser vocal ponente del Consejo de Guerra Sumarísimo 31/69 (conocido como Proceso de Burgos, contra 16 miembros de ETA acusados de los asesinatos de tres personas durante la dictadura) y de muchos otros consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura. Tenía oficialmente la misión de asesorar al Tribunal y de redactar la sentencia acordada. En el Proceso de Burgos pidió penas de muerte para los encausados Eduardo Uriarte Romero, Jokin Gorostidi Artola, Xabier Izko de la Iglesia (todos con dos condenas de muerte), Mario Onaindia Natxiondo, Xabier Larena Martínez, Unai Dorronsoro Ceberio (una condena de muerte). En el proceso 28/69 solicitó pena capital para Andoni Arrizabalaga Basterretxea.

Lo acusan en sus testimonios como querellantes Jon Etxabe Garitacelaya y Enrique Guesalaga Larreta (condenados a 50 años de cárcel en el primer proceso mencionado), Ignacio García Arramberri (juzgado en el segundo) y Jon Arrizabalaga Basterretxea. En el denominado 'proceso a los curas vascos' (66/69) lo denuncian Alberto Gabikagogeaskoa Mentxaka, Josu Naberan Naberan y Javier Amuriza Zarraonoindia.

Carlos Rey González. Abogado inscrito en el Colegio de Barcelona. Sigue ejerciendo como letrado penalista y, entre otras causas, representó a la presidenta del Partido Popular en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, en el presunto caso de espionaje político de la agencia Método 3, recientemente archivado.

En 1974 era capitán auditor del Cuerpo Jurídico del Ejército y participó en el Consejo de Guerra de la causa 106/73, instruida por el Juzgado Militar Permanente número 3 que juzgó a Salvador Puig Antich. Desarrolló las funciones de vocal ponente y, como tal, informó y fue redactor único de la sentencia a condena de muerte ejecutada el 2 de marzo del 74 por garrote vil.

Imputado en la querella presentada por Merçona Puig Antich.

Directores de centros penitenciarios:

José Manuel Lorenzo de la Fuente. Su jubilación por edad reglamentaria fue el 14 de marzo de 1999 y “puede que esté vivo”, según CEAQUA. Fue director de las cárceles de Soria y Córdoba, en periodos sin determinar. En una entrevista, el expreso Acacio Puig apuntó su nombre, entre otros, como uno de los funcionarios de prisiones represores.

Francisco Tercero Muñoz. Jubilación por incapacidad permanente el 15 de junio de 1992. Director de la cárcel de Soria, de la de Valencia y administrador de la Prisión Provincial de León. Aparece en el testimonio para la Querella Argentina de Miren Arrate Ibargutxi sobre su compañero Manuel Laspiur Zabala.

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