El caso de los ERE, desde el principio
Casi seis meses separaron la aprobación de la comisión parlamentaria de investigación de los ERE de sus conclusiones inconclusas (junio-noviembre 2012) sin que pudieran materializarse responsabilidades políticas. Y seis meses han pasado desde la baja por enfermedad de la juez Mercedes Alaya hasta su reincorporación al juzgado desde el que se buscan las responsabilidades judiciales y penales. Tampoco la Cámara de Cuentas lo consiguió, ni era su pretensión, aludiendo en su informe final a “responsabilidades contables y administrativas”. La depuración de todos los hechos, sin consecuencias políticas tras la comisión parlamentaria abierta, se adentra en su correspondencia delictiva con el regreso de Alaya. Medio año parece tiempo suficiente para que la juez haya cogido fuerzas para continuar con la instrucción de las presuntas irregularidades. Las ayudas a trabajadores afectados por ERE y a empresas en crisis otorgadas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010 están más cerca del juicio.
Superado el fracasado juicio político, se acerca el esperado 'juicio jurídico'. El uso del programa presupuestario 31L (Administración de Relaciones Laborales) destapó una presunta red de corrupción en el seno de la Junta de Andalucía, con siete ex altos cargos imputados de un total de más de 60, la mayoría 'intrusos' que percibieron dinero de las prejubilaciones en empresas en las que nunca trabajaron. Actualmente investigado, y en el mismo juzgado, es el presunto caso de corrupción en Mercasevilla, empresa sevillana en las que se observaron prejubilaciones aparentemente fraudulentas y que derivó en el actual caso de los ERE.
Las ayudas. El procedimiento seguido para otorgar las ayudas sociolaborales a la prejubilación y las ayudas a empresas dentro de la partida 31L se creó en 2001 por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. La Cámara de Cuentas señaló en su informe que la Junta no realizó un diseño previo de las ayudas y que no se establecieron los requisitos exigidos para ser beneficiarios, para la aceptación o rechazo de las solicitudes, etc.
Las ayudas sociolaborales a la prejubilación son una contribución de la Administración al coste derivado de asegurar una renta hasta la edad reglamentaria de jubilación a los trabajdores despedidos como consecuencia de un ERE, e incluye la cotización a la Seguridad Social durante ese periodo con el fin de asegurar que, llegado el momento, puedan cobrar una pensión de jubilación.
Las ayudas y subvenciones de diversos tipos a empresas en dificultades, con la intención de garantizar su viabilidad y contribuir así al mantenimiento del empleo, integra ayudas concedidas a las empresas con dificultades de viabilidad, ayudas a la inversión, elaboración de planes y estudios sobre el empleo, análisis de mercados, etc. En principio, los criterios generales que debían presidir la concesión de estas ayudas eran los mismos que para las ayudas sociolaborales. Sin embargo, según el dictamen del Parlamento, esos criterios “no han sido los que presidieron la concesión de las ayudas”.
Los sucesivos convenios particulares que se suscribieron hasta 2008 y las posteriores resoluciones proporcionaron el marco general del procedimiento, que consistía básicamente en que la Dirección General de Trabajo resolvía sobre las ayudas a conceder (beneficiarios, cuantía, condiciones y naturaleza de la misma) y el IFA (Instituto de Fomento de Andalucía, posteriormente IDEA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), se limitaba a materializar los pagos correspondientes, a indicación de la anterior a la cuenta, y en la cuantía que se le señalaba.
La cuantía total de los créditos definitivos destinados a ambas ayudas, según la Cámara de Cuentas, es de 732,2 millones de euros. En términos de obligaciones de pago contraídas, la ejecución alcanza 721,7 millones.
El principio: un “fondo de reptiles”. Hace ya más de dos años el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía de 1999 a 2008, Francisco Javier Guerrero, calificó de “fondo de reptiles” el dinero que se destinaba a empresas en crisis durante nueve años. El sistema de ayudas fue creado, según la juez Alaya, para “institucionalizar la arbitrariedad y la discrecionalidad en la concesión de ayudas públicas”. Guerrero pasó siete meses en prisión preventiva, entre marzo y octubre de 2012, y ahora se enfrenta a un nuevo interrogatorio.
La Junta acusa. El TSJA recuerda “la importancia” de que “no se dilate la instrucción de las causas” que Alaya tiene asignadas en su juzgado. En la misma línea está el Partido Popular, pero también el Gobierno andaluz, cuyo portavoz, Miguel Ángel Vázquez, ha pedido recientemente “diligencia” en la instrucción de la causa ante el “riesgo real de prescripción de determinados delitos”. Y es que la Administración, además del PP y los sindicatos UGT y Manos Limpias, es acusación particular en el caso desde marzo de 2011, sin moverse ni un ápice en todo este tiempo del “que paguen los responsables de los hechos y que se recupere el dinero supuestamente defraudado”.
El actual consejero andaluz de Economía, Antonio Ávila, cifró en 17 millones de euros las ayudas percibidas irregularmente por los 241 perceptores ilegales de ERE (intrusos) detectados por la Junta, de entre 6.473 beneficiarios, según explicó durante la comisión parlamentaria sobre los hechos. Esta cifra, según destacó, supone el 3,7% del total que recibió ayudas de prejubilación de la Junta entre 2001 y 2010, y el 0,29% de los 81.464 trabajadores andaluces afectados por un ERE en dicho periodo.
El 'chófer de la coca'. El 15 de diciembre de 2011, el que fuera chófer de Francisco Javier Guerrero, declaró ante la Policía que su jefe le concedió dos subvenciones por 900.000 euros, y que la mayor parte del dinero lo dedicó a comprar cocaína para ellos y otros gastos como fiestas y copas. Juan Francisco Trujillo dijo que también adquirió un terreno que posteriormente vendió, un piso en Sevilla, material de telefonía, artículos de música, antigüedades y ropa por orden de Guerrero.
El encarcelamiento de Guerrero y una campaña electoral caliente. El sábado 10 de marzo de 2012, tras 14 meses de investigación, la juez Alaya ordenó el ingreso en prisión de Guerrero, el primero de los imputados que pisaba la cárcel. El ex alto cargo autorizó la mayor parte del fondo mencioando durante nueve años. A 15 días vista de las elecciones autonómicas, el caso de los ERE empañó el debate puramente político de propuestas programáticas.
Un consejero en prisión y un exconsejero aforado. José Antonio Viera y Antonio Fernández, ambos exconsejeros de Empleo, fueron los firmantes del convenio marco que generó el sistema de ayudas en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA (IDEA desde 2004). El primero, consejero entre 2000 y 2004, diputado socialista y aforado, cuya imputación trasladaría el caso al Tribunal Supremo, concedió, según los informes de la Guardia Civil y la Cámara de Cuentas, a empresas de la Sierra Norte sevillana (unos 30.000 habitantes) 48 millones del total de 68 concedidos para toda Andalucía a empresas en crisis. El segundo, que le sustituyó de consejero hasta 2010, ha pasado 5 meses en la cárcel y ha obtenido la libertad pagando una fianza de 450.000 euros.
El ex director general Juan Márquez, sucesor de Francisco Javier Guerrero, supuestamente dio continuidad a los acuerdos. En 2010, accedió al cargo Daniel Rivera, al que la Guardia Civil también acusa de actuar “sin procedimiento” y pagar abonos sospechosos.
La Guardia Civil y el “descontrol absoluto de las ayudas”. El Grupo de Delincuencia Económica entregó en junio de 2012 al juzgado su análisis de los hechos, denunciando que el convenio marco se ideó para conceder las ayudas directas a empresas y subvencionar los ERE y “prácticamente eliminar las posibilidades de fiscalización”, “facilitando así el descontrol absoluto de las ayudas”, según la Guardia Civil. Los protagonistas de la trama beneficiaron “a personas vinculadas políticamente, familiarmente o por razones de amistad a distintos funcionarios o cargos públicos” mediante “ayudas no publicitadas”.
La Cámara de Cuentas: “Un abuso del margen de la discrecionalidad administrativa”. La Cámara de Cuentas de Andalucía aprobó en octubre de 2012 su informe de fiscalización sobre los ERE, encargado en abril de 2011, donde detectaba “un abuso del margen de la discrecionalidad administrativa” en la concesión de ayudas a empresas, aludiendo a “irregularidades” e “incumplimientos” de la normativa vigente, al “no establecerse requisitos para ser beneficiarios”, otorgándose ayudas a empresas y personas “prescindiendo absolutamente del procedimiento administrativo establecido”.
La Intervención General de la Junta. Los auditores de la Cámara de Cuentas, la Guardia Civil y la instructora Alaya coinciden en que la fiscalización de los interventores no atendió convenientemente las “deficiencias” que permitieron “un importante menoscabo de fondos públicos” en el fondo de los ERE. Los llamados ‘informe de actuación’ “debían ser conocidos” por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, según el informe de la comisión parlamentaria. La actual consejera, Carmen Martínez Aguayo, aseguró ante los periodistas que Griñán, como consejero de Economía, nunca conoció los informes emitidos. Desde 2001, la Intervención General emitió tres informes no vinculantes cuestionando el proceso.
La comisión parlamentaria. Tras casi 17 años sin investigaciones en sede parlamentaria, se abrió comisión parlamentaria sobre los ERE con la entrada de IU en el Gobierno el pasado mes de junio. La Cámara andaluza rechazó el 28 de noviembre de 2012 el dictamen final que debía determinar las responsabilidades políticas. El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), dijo que sentía “vergüenza” y que del resultado surgiría “una decepción para el pueblo andaluz” que minaría “la credibilidad en sus instituciones”. IU y PP votaron en contra del texto propuesto del que, con los votos de PSOE y PP, se habían 'caído' 68 artículos del dictamen preparado por la presidencia de la comisión.
Los votos del PSOE en la votación final fueron insuficientes para sacar adelante el dictamen. El PP culpaba a la cúpula de la Junta, el PSOE limitaba la culpa a Guerrero e IU fijaba las principales responsabilidades en Viera y Antonio Fernández. Las consecuencias políticas de “la mala gestión, incluso la de terceros elegidos por el gobernante”, a la que se refería García en su primer dictamen, quedaban en el aire. Varios comparecientes, esgrimiendo su condición de imputados en el proceso penal ‘paralelo’, se limitaron a leer una declaración inicial y se negaron a responder a las preguntas que pudieran formularles los miembros de la comisión.
Un 'juzgado' estrella. Además de investigar los ERE, el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla lleva adelante la investigación sobre la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis y la venta de suelos de Mercasevilla. Su titular, Mercedes Alaya, tendrá juez de adscripción territorial que refuerce el juzgado al menos durante los seis próximos meses, Rogelio Reyes, según ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. “Singularmente todos los de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento” aunque “sin perjuicio, además, de colaborar con la magistrada ”. Ana Curra se ha quedado fuera de este órgano.
