El Gobierno de Aragón recurrirá ante el Tribunal Supremo las reválidas de la ESO y Bachillerato

De nuevo las reválidas enfrentan al Gobierno autonómico y al Ejecutivo central (ahora en funciones). Si la Comunidad aragonesa fue una de las insumisas que se negó a desarrollar la reválida de 6º de Primaria en la forma exigida por el Ministerio  de Educación, e incluso llegó a recurrir la norma ante el Tribunal Supremo, todo parece indicar que algo muy parecido sucederá con las pruebas de la ESO y Bachillerato.

El pasado 30 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto que regula dichas evaluaciones. El aspecto más polémico es el que establece que los alumnos de 4º de la ESO que suspendan las dos convocatorias establecidas por curso para la evaluación final de ESO y quieran estudiar algo el año siguiente solo podrán matricularse de Formación Profesional Básica.

Dos días después de que la normativa fuera oficializada, la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez (PSOE), salió al paso para solicitar una convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial y anunciar que iban a estudiar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo. El Ejecutivo confirmó ayer a eldiario.es que definitivamente sí se presentará dicho recurso y que ya se está trabajando en su elaboración.

No es la única Administración que ha anunciado acciones legales: Cantabria y Catalunya ya lo hicieron y Extremadura estudia las diversas opciones.

“No hay debate con las Comunidades Autónomas”

Mayte Pérez mostró su malestar por el modo en el que se está llevando a cabo la implantación de la LOMCE: “Se han regulado estas evaluaciones sin que se haya abierto un debate con las CCAA”. En la última Conferencia Sectorial, señaló la consejera, “el ministro dio a conocer su intención, pero no se llegó a consensuar el texto, aunque sí tuvo conocimiento de la oposición de la mayoría de las CCAA y del 80 % de la comunidad educativa de todo el territorio español”.

Apunta, además, que es una “irresponsabilidad que un gobierno en funciones apruebe una norma que tiene una trascendencia vital para la evolución de muchos alumnos”. La evaluación, explicó Pérez, “es inherente a cualquier política, y a la política educativa todavía más, pero hay muchas maneras de hacerla, no meramente la superación de una prueba, que es lo más sencillo, pero no lo más adecuado para la evaluación del alumno”.