El gobierno del PP en Zaragoza vincula la financiación pública en La Romareda con un recurso que fue efectivo 20 días

El Ayuntamiento de Zaragoza ha dado este martes a conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le da la razón frente al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) en relación con el recurso de Podemos el año pasado a los pliegos de la operación Romareda. Pese a que la decisión de este órgano administrativo solo fue efectiva durante veinte días -en julio de 2023, hasta que el propio TSJA lo frenó cautelarmente-, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, ha justificado así la entrada de un mínimo de 80 millones de euros de capital público para el nuevo campo.

Esa supuesta “inseguridad jurídica” fue el motivo que la propiedad del Real Zaragoza alegó también a mediados de septiembre del año pasado -un día antes de que venciera el plazo para presentar ofertas, con la suya en principio como única propuesta- para renunciar públicamente al estadio, para que el que debía contar con una inversión de unos 140 millones de euros.

Hay que recordar que la fórmula jurídica impulsada entonces para construir el campo, el derecho de superficie, ha seguido en vigor. Sin embargo, el nuevo estadio, para el que se prevé una inversión superior a los 180 millones de euros -IVA incluido-, será costeado ahora a tres bandas entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el propio club.

Este martes, Víctor Serrano ha tachado el mencionado recurso de Podemos a los pliegos de La Romareda como “un misil pertrechado y defendido por los partidos de la izquierda que fue directo a la línea de flotación del proyecto”. Como se apunta en la propia nota, “el 4 de julio el TACPA estimó parcialmente dicho recurso y, a final de dicho mes, el TSJA desbloqueó de manera cautelar la licitación dando la razón al Ayuntamiento”.

“Estas maniobras de los partidos de la izquierda -ha insistido el consejero de Urbanismo- bloquearon el proyecto de los inversores del Real Zaragoza, que querían construir un nuevo estadio de fútbol mediante un derecho de superficie de 75 años y que no conllevaba aportaciones económicas por parte de las administraciones públicas”. “Ahora, gracias a la agilidad y gestión de la alcaldesa, Natalia Chueca, y a la colaboración institucional con el cambio de gobierno en el Ejecutivo autonómico, estamos inmersos en un proyecto constructivo muy potente e ilusionante”, ha añadido Serrano.

El consejero del área de Urbanismo ha valorado la sentencia del TSJA, que en su opinión revela la “incompetencia manifiesta” del TACPA. El órgano administrativo, argumentan, “debería haberse declarado incompetente”.