El Consejo de Gobierno aprueba 3,4 millones de euros para la conciliación de familias con menores de 17 años

El Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 3,4 millones para el desarrollo del Plan Asturiano de Corresponsabilidad, cofinanciado por el Ministerio de Igualdad, que se distribuirán entre los 78 ayuntamientos del Principado. Por primera vez, todos los concejos se han sumado a esta iniciativa, que tiene como objetivo facilitar la conciliación en las familias con menores de 17 años.

El Plan Corresponsables tiene carácter estatal. El Principado gestiona una aportación anual de casi 4,1 millones que distribuye en tres líneas de actuación: bolsas de cuidados, creación de empleo en este ámbito y sensibilización sobre la importancia de la corresponsabilidad, dirigida especialmente a los hombres. La nueva convocatoria cubrirá las acciones programadas por los 78 concejos con el fin de prestar el máximo apoyo posible a las familias.

La Dirección General de Igualdad, dependiente de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, considera muy positivos los diferentes proyectos que hasta ahora han puesto en marcha los ayuntamientos, entre los que figuran ludotecas, talleres, campamentos urbanos y estacionales, actividades para Carnaval y Semana Santa, iniciativas de recogida temprana y tardía para menores, colonias deportivas y de ocio, etcétera. Las ayudas a los municipios cubren, entre otros, gastos de servicios y contrataciones.

El Consejo de Gobierno también ha adoptado otra decisión relacionada con la igualdad y, en concreto, para luchar contra la violencia machista. El Ejecutivo ha dado el visto bueno a la firma de un convenio con el Consejo General del Poder Judicial dedicado precisamente a este objetivo. En el convenio participan también las demás comunidades con competencias en justicia, la Fiscalía General del Estado, los ministerios de Presidencia, Interior e Igualdad y los Consejos Generales de la Abogacía y de Procuradores de España.

El primer convenio de estas características se firmó en 2002 y supuso la puesta en marcha del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género con objeto de abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. Lo que ahora se hace es adaptar el acuerdo a los avances legislativos en materia de violencia de género de los últimos años. El Principado asumirá este año la representación de todas las comunidades en el observatorio, que se turna de manera rotatoria.