El zorro en el gallinero: un decreto al acecho del derecho a la vivienda

Érase una vez una tierra maravillosa, pequeña y tensionada; unas islas con más de 2.213.016 habitantes y creciendo, que recibían más de 1 millón de turistas al mes. Hablamos de una tierra muy lejana gobernada por una derecha que no construyó vivienda social para su ciudadanía en más de 20 años. Una tierra y un pueblo que ya no aguantaban más.

En esta tierra, la del desgobierno de los mal llamados nacionalistas, la gente que vivía en ella era expulsada de sus barrios en aras de la especulación y el turismo de masas.

¿Cuáles eran las respuestas de ese gobierno a su población?: más turismo, más desregulación, más pobreza y más desprotección del territorio y de su gente. 

Y de repente, el gobierno de la especulación empezó a hablar de vivienda. Quienes jamás hicieron nada por garantizar este derecho; quienes votaron en contra de la Ley por el Derecho a la Vivienda estatal, repentinamente mostraron interés. Pero había truco. El interés no tenía que ver con bajar los alquileres o las hipotecas; mucho menos con frenar los desahucios. Coalición Canaria y el PP fingían hablar de vivienda para colar un Decreto Ley que traía consigo las recetas clásicas del pelotazo.

Para quien no haya tenido la oportunidad de leer el citado decreto, aquí un pequeño resumen: se trata de una carta blanca a la especulación, a la desregulación total del suelo, a la injerencia en las competencias de otras administraciones. Es, además, una carta de pago de favores electorales y una respuesta a las deudas que CC tenía con ciertos municipios y Cabildos. Detrás de cada artículo está el pago de de un favor y una operación urbanística cuestionada que quieren regularizar.

No es que esto suponga una novedad en el haber de las derechas canarias, acostumbradas a retorcer hasta el paroxismo las normas para seguir tensionando el territorio. Y esto, tristemente, no es una apreciación subjetiva: el propio Consejo consultivo de Canarias, siguiendo lo previsto por el ordenamiento jurídico, se ha pronunciado (¡y con enorme dureza!) sobre este Decreto Ley. El órgano consultivo ha sacado los colores al Gobierno de Clavijo alertando de que su última ocurrencia “puede comprometer los principios jurídicos básicos sobre los que se asienta la normativa autonómica en materia de ordenación urbanística”, señalando además que la norma podría invadir competencias de Cabildos y Ayuntamientos. Los planeamientos urbanos municipales quedarían desplazados ante un decreto que permitiría aumentar indiscriminadamente la edificabilidad.

La gravedad del impacto que las medidas recogidas en este pueden provocar es aún difícil de evaluar. Se prevé, entre otras cuestiones, que el suelo dotacional de las islas (aquel previsto para centros sanitarios, zonas verdes o instalaciones deportivas), se llene de cemento, permitiéndose incluso saltarse la obligatoria evaluación ambiental. Hablamos de abrir la puerta a que las grandes constructoras devoren las zonas comunes con el pretexto de la crisis habitacional, en un archipiélago que carga con la pesada losa de tener casi el 20% de sus viviendas vacías.

Muchos son los favores que esconde este Decreto y mucha la prisa que se ha dado CC por sacarlo sin hablar con nadie, ni con los interlocutores sociales, ni las diferentes asociaciones como las de vivienda colaborativa, y mucho más grave, sin hablar con el resto de las administraciones con competencia en materia de vivienda.

Sin embargo -y para sorpresa de nadie-, el decreto ha sido defendido especialmente por las patronales de la construcción. El ejecutivo de derechas vuelve a pervertir el principio de colaboración público-privada para desviar recursos a quienes inflan los precios y destrozan sin escrúpulos el territorio que es de la gente.

La vivienda es un tema grave y complejo que afecta al día a día de nuestra ciudadanía, y las soluciones pasan por aplicar las normas ya existentes, como la Ley por el Derecho a la Vivienda o los distintos planeamientos. Los pelotazos bajo la forma de decretos están lejos de poder ofrecer respuestas a esta problemática. La herencia de 20 años de gobiernos de derechas en las islas se encarga de demostrarlo.  

Es hora de poner fin a decretazos que permitan al zorro de la especulación seguir acechando al bolsillo de nuestra gente. La ciudadanía canaria tiene el derecho a acceder a una vivienda digna y es función del Gobierno autonómico garantizar que este se cumple.