Canarias para quien la habita
Una persona menor de 30 años que viva en Canarias dedica 9 de cada 10 euros de su sueldo al alquiler de su vivienda.
Según un famoso portal inmobiliario, el precio de la vivienda en Canarias se habría encarecido en un 49 por ciento desde el año 2016. Según Comisiones Obreras, ya en 2021 el 60 por ciento de los/as inquilinos de las Islas estarían soportando alquileres excesivos, implicando que más del 30 por ciento de sus ingresos iría forzosamente al pago del alquiler.
El escenario de la vivienda en Canarias destacaría por su gravedad incluso a nivel nacional, con las Islas ocupando el tercer puesto en encarecimiento del alquiler durante el año 2021, solo adelantadas por Baleares y Cantabria.
El artículo 47 de la Constitución Española dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Es evidente que se queda sólo en un deseo de papel mojado.
Sin embargo, otros artículos constitucionales, como por ejemplo el 135 que reformaron en aquel infausto mes de agosto, sí se aplican a rajatabla: “Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”.
El debate entre la especulación, el derecho a la vivienda, la convivencia entre el turismo, las nuevas formas de trabajo y la población local está a la orden del día. También en Canarias, que se encuentra inmersa en una reflexión en torno a las condiciones y causas que, durante décadas, generaron un modelo de Archipiélago ajeno a las necesidades de la gente que lo habitaba.
Desde la fe ciega de algunos en formas de desgobierno que omitían sistemáticamente a las personas y al territorio para venderlos al peor postor, numerosos puntos ciegos comenzaron a revelarse en un modelo fallido que empezó a mostrar sus costuras tras la crisis de 2008 y que se desmoronó llegada la pandemia y la emergencia social que le sobrevino.
Muchas veces, lo más evidente y esencial parece invisible hasta que las cartas vienen mal dadas. La vivienda es un perfecto ejemplo de ello.
La especulación inmobiliaria generó la peor crisis en décadas en el mundo, quienes la generaron nunca pagaron por ello y quienes debían ponerle freno se encargaron de que la especulación se convirtiese en la norma.
Así, el Gobierno de Rajoy dio barra libre al descontrol con su reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 y abrió la puerta a que fondos buitre extranjeros dominasen el mercado inmobiliario de nuestro país. Los resultados son dolorosamente familiares: desahucios, alquileres abusivos, prácticas mafiosas y explotación de un bien de primera necesidad como lo es la vivienda para el enriquecimiento de una minoría.
En el Archipiélago, esta realidad se concretó en cifras que hoy siguen generando una herida en la realidad de nuestra gente. Los datos hablan por sí solos: empleos precarios, altos niveles de vulnerabilidad, dependencia de un solo sector económico… y a ello se une un aumento injustificado de los precios de la vivienda y del coste de la vida.
Todo ello debe provocar que exista un debate profundo y sosegado sobre la vivienda en Canarias con todos sus componentes: acceso a la vivienda para los residentes locales, impacto del turismo, de las viviendas vacacionales, capacidad de carga de las islas, zonas tensionadas, volumen de vivienda pública…
Es esa la dirección en la que caminan las propuestas que la ciudadanía ya abandera en distintas partes del Archipiélago, del Estado y en el resto del globo. La sociedad demanda un nuevo contrato social en el que la vivienda es reconocida de hecho como un derecho y un bien de primera necesidad, y como un derecho que requiere de las garantías públicas necesarias para ser ejercido.
La lista de ejemplos es larga. Son innumerables los territorios del Estado y del planeta que ya se organizan para defender el derecho de sus habitantes a, precisamente, habitar de forma digna los lugares en los que desarrollan sus proyectos de vida, sus familias y sus anhelos.
Es el caso de la primera Ley de Vivienda de la historia de nuestra democracia propulsada por el gobierno de coalición de progreso, que ya se tramita en el Congreso y que permitirá finalmente topar los precios de los alquileres y garantizar por ley la función social de la vivienda. En estos momentos está enquistada, pese a su tramitación urgente, y podría aprobarse si el PSOE apoya tres propuestas, respaldadas además por el bloque de investidura: regular los precios del alquiler en zonas tensionadas, prohibir los desahucios de familias sin una residencia alternativa a que los pisos de la SAREB sean incluidos en el parque público de vivienda en alquiler
A nivel europeo también tenemos donde fijarnos. Es el caso de la ciudad de Berlín, en la que la ciudadanía ha votado masivamente que los fondos buitre dejen de manipular el precio de los alquileres, permitiendo a su Ayuntamiento expropiar viviendas a este tipo de entidades. O de Viena, uno de los centros históricos y culturales de Europa que destaca por una política de vivienda social que permite al Ayuntamiento impedir burbujas especulativas a través de enormes inversiones y fuertes controles públicos sobre el sector.
A nivel regional, en Baleares, ya se debate sobre la necesidad de proteger a sus gentes limitando la compra de viviendas a extranjeros, ante una situación de colapso que provoca la escasez de médicas o maestros debido al descontrol absoluto del mercado inmobiliario.
Para Baleares, como para Canarias, el caso de las islas Åland, en Finlandia, podría ser un ejemplo: Negociaron con la UE que su arquitectura jurídica funcione para proteger el acceso a la vivienda por parte de residentes, evitando con ello el mercadeo del capital extranjero sobre el techo de quienes viven y trabajan en el archipiélago. Lo llaman ‘Derecho de Domicilio’, y tiene como fin mantener Åland en manos de sus habitantes nativos.
La libre circulación en la UE es clave, pero clave es también proteger los derechos de la ciudadanía local.
Y aquí empieza el primer problema: ¿Y esto cómo se hace?
La solución no es fácil ni inmediata, pero es el momento de poner el debate encima de la mesa y tomar las decisiones valientes que nos demanda la ciudadanía. Porque cada día que pasa ya es tarde.
Uno de los ejes centrales es el de hacer compatible la vivienda vacacional, y lo que implica esta nueva actividad económica turística, con el acceso a una vivienda a precios asequibles para la población residente, y ello mediante una ley que lo regule. Y no lo digo yo, lo dice el Pacto de las Flores que firmamos en el año 2019 y que aún queda por cumplir.
Otra clave es la de las zonas tensionadas. Con la nueva ley de vivienda en ciernes, se consideran como zonas tensionadas aquellas en la que el coste de la hipoteca o el alquiler supere el 30 por ciento de los ingresos medios de los hogares de ese ámbito, y también aquellas áreas en las que el alquiler haya subido un 5 por ciento sobre el IPC en los últimos cinco años.
Son áreas específicas de grandes ciudades. En estas zonas se procederá a imponer un control a los precios del alquiler. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga y los archipiélagos balear y canario, ya están consideradas como “ámbitos especialmente tensionados”.
Esto supone que cuentan con una oferta insuficiente de vivienda a precios asequibles para atender la demanda existente.
Canarias tiene, según estos criterios, varios municipios que pueden ser considerados áreas tensionadas, y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es claramente una de ellas. Es necesaria una regulación urgente.
Entendiendo el momento de tramitación de la norma a nivel estatal, y previendo que la aplicación se hará a nivel regional, el debate sobre su alcance ha de darse aquí, en Canarias, y estar muy atentas a su desarrollo en nuestra Comunidad Autónoma.
Aplaudimos el Plan de Vivienda 2020/2025, pero se queda corto. Lo que es realmente necesario es modificar la obsoleta ley del 2003 en base a las medidas progresistas del proyecto Ley de vivienda estatal, si ésta llega a aprobarse.
El problema de la vivienda pública es un eje fundamental de toda esta reflexión. No se puede pretender construir en medio de crisis varias las viviendas que Coalición Canaria dejó de construir durante 10 años, pero cierto es que nos tenemos que poner las pilas e incluso plantear fórmulas novedosas de convivencia, como los edificios intergeneracionales o el cohousing que nuestra Consejería de Derechos Sociales va a implantar gracias a los fondos europeos.
Canarias debe aprovechar el impulso de las iniciativas que ya se están llevando a cabo y asumir que el futuro de nuestra tierra pasa por generar condiciones que hagan posible para nuestra ciudadanía una vida plena y con todas las garantías en el Archipiélago.
El acceso a una vivienda digna es un pilar fundamental de las Islas que queremos y que vamos a construir juntas.
El futuro de la Canarias que queremos debe decidirlo quien la habita. Y quien la va a cuidar del futuro.
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