El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se unen contra la planta de gas prevista en el puerto de La Luz

El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hacen frente común contra la planta de gas proyectada en el puerto de La Luz, en la capital de la isla, con una moción que presentarán en ambas instituciones en la que también se abren a buscar alternativas.

En una rueda de prensa conjunta celebrada este lunes en el muelle de Santa Catalina, Cabildo y Ayuntamiento han mostrado sintonía para trabajar por otras opciones a la planta de gas y central eléctrica de 70 Mw destinada al suministro del puerto y buques atracados que prevé ejecutar en el recinto la empresa Totisa Holdings, ya que según han denunciado, perjudicaría la transición ecológica y la salud de los vecinos cercanos al punto en el que se instalaría.

El presidente de la corporación insular, Antonio Morales (NC), y la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias (PSOE), han anunciado que se presentarán en los próximos plenos de ambas instituciones sendas mociones “por un puerto seguro, sostenible y saludable” en la que muestran su rechazo al proyecto de Totisa.

“Este es un proyecto no solo innecesario sino también potencialmente peligroso para la salud”, ha defendido Morales, quien ha agregado que la instalación de esta planta “no le interesa a la isla, ni a la capital, no satisface ninguna necesidad del pueblo, no contribuye a la descarbonización, aumenta el riesgo de enfermedades y frena las iniciativas de crear espacios verdes y sostenibles”.

Una postura que ha compartido Darias, quien ha asegurado que su grupo de gobierno (PSOE, Nueva Canarias y Podemos) seguirá trabajando “para hacer una ciudad por y para la vida” y que piense no solo en las generaciones actuales, sino también en las futuras a la hora de tomar decisiones: “Esta moción no es una iniciativa contra nadie, sino a favor de la ciudadanía”.

Tanto ella como el presidente insular han defendido la importancia de preservar la sostenibilidad tanto a nivel insular como en la propia capital grancanaria, añadiendo que el que representa la instalación de esta planta regasificadora y central eléctrica no es el modelo que buscan ambas instituciones.

Es por ello que han invitado a todos los partidos con representación en los plenos de ambas instituciones a sumarse a esta moción, ya que, ha defendido Darias, “la política está para cambiar a mejor la vida de la población”, recordando que el rechazo vecinal y de entidades del tercer sector es mayoritario.

Un “engaño”

En su declaración a los medios, Antonio Morales, que gobierna al frente de un ejecutivo formado por NC y PSOE, ha dicho que las instituciones, con representantes en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde se decide la viabilidad de este tipo de proyectos y si se ejecutan o no, se han sentido “engañadas” por el promotor de la planta de gas respecto al plan inicial que se les presentó.

“Estábamos de acuerdo con un espacio para el almacenamiento, pero no a una planta como la prevista”, ha indicado en este sentido para añadir que tienen claro “que este proyecto no puede salir con la oposición del gobierno de la isla, del gobierno de la ciudad y además con un amplio movimiento ciudadano en contra”.

Así, el texto de la moción propone, en su parte de acuerdos y más allá del rechazo a la planta, que se inste al Gobierno de Canarias a desestimar la autorización administrativa del proyecto para erigir esta instalación de regasificación y producción de energía eléctrica.

Igualmente, se insta tanto al Ejecutivo autonómico como a Puertos del Estado a que se analicen y prioricen “alternativas sostenibles y respetuosas con el entorno” como, por ejemplo, fortalecer la red eléctrica actual para abastecer las necesidades del puerto o fomentar tecnologías que contribuyan a la descarbonización sin incrementar las emisiones en zonas habitadas.

Ello porque, ha insistido Morales, “existen informes técnicos contundentes” que rechazan la instalación de la planta por los efectos adversos y perjudiciales que provocaría para el objetivo de transición energética y para la salud de la población.

Y ha recordado cómo diversos informes del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC) establecen que esta central eléctrica que se proyecta junto a la planta regasificadora “no está justificada para mejorar la integración de energías renovables ni la estabilidad del sistema eléctrico” y que, además, aumentaría las emisiones de CO2, multiplicándolas por doce

Además, podría desplazar tecnologías más limpias que ya contribuyen al mix energético de Gran Canaria y podría tener efectos nocivos en la salud de los vecinos y trabajadores.

Por último, esos informes insulares también destacan que solo un 6 % de la energía que se genere en dicha instalación de Totisa se destinaría a la conexión de los buques en el puerto mientras mantienen la maquinaria apagada, por lo que el 94 % restante se volcaría a la red para su venta, lo que evidenciaría el verdadero objetivo de la central: comercializar energía, no reducir la huella de carbono.

“Resultaría paradójico que estemos eliminando chimeneas de la central de Jinámar, por ejemplo, para ponerlas ahora aquí. No tenemos un planeta B, solo hay una isla de Gran Canaria, una ciudad, y cada vez debemos ir caminando hacia una posición sostenible y pensando en los intereses de la ciudadanía, que no tienen por qué ser compatibles con los del Puerto”, ha concluido Carolina Darias. 

Ecologistas, en contra

A principio de octubre también organizaciones ecologistas se posicionaron en contra de esta planta de gas. Ben Magec - Ecologistas en Acción expresó su rechazo por los “riesgos para la población, las actividades económicas, infraestructuras y sobre el medio ambiente”.

Los ecologistas recalcaron que la Dirección General de Salud Pública había informado “desfavorablemente” sobre el “impacto local permanente” que supone el proyecto, con “potenciales efectos negativos para la salud de la población” de la capital, a causa de la “exposición a las emisiones de gases y partículas al aire ambiente, la descarga de efluentes líquidos, la generación de residuos sólidos y peligrosos, el ruido, el olor y el impacto visual” entre otros conceptos.

Y recordaron también que el organismo hanía advertido además de que los impactos negativos de “mayor peso” para la salud pública son los relacionados con la calidad del aire, junto al riesgo de accidente, incendio y explosión, acentuados por la proximidad de las instalaciones a la población residente en la ciudad.

El puerto no entiende la “beligerancia” contra la planta

Por su parte, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada (CC), ha mostrado este lunes su sorpresa por la “beligerancia” con la que, según ella, actúan el Cabildo y el Ayuntamiento contra la planta de gas, y ha pedido ajustarse a los plazos del proceso.

Calzada ha reconocido que no entiende “qué es lo que ha cambiado” en el proyecto que impulsa la empresa Totisa Holdings en el puerto de La Luz para instalar una planta de gas y una central eléctrica de 70 megawatios (Mw) respecto a lo que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria aprobó en 2019, estando representadas ambas instituciones que ahora exigen parar la iniciativa.

“Yo no estaba entonces, pero este proyecto se aprobó en 2019 en un consejo de administración de la Autoridad Portuaria, con representación tanto del Cabildo como del Ayuntamiento. Se votó a favor porque consideraron que era el adecuado, y desde entonces hasta ahora, no ha habido ningún cambio, se sigue tramitando el proyecto, estamos en un proceso administrativo que no ha culminado”, ha detallado Calzada.

La presidenta de la Autoridad Portuaria también ha insistido en que, si el Cabildo y el Ayuntamiento sienten que se les ha “engañado” con el proyecto “deben acudir a los tribunales”.

Calzada se ha mostrado tajante: “Yo no estaba en el año 2019, si ellos tienen sospechas que el procedimiento se ha modificado y se ha podido comprometer la legalidad, tienen que ir a los juzgados. Yo quiero pensar que el proyecto que se aprobó en ese consejo, es el mismo que se sigue tramitando”.

También ha mostrado su preocupación por que estas declaraciones públicas de las instituciones insular y capitalina “puedan generar una especie de influencia en los técnicos que están trabajando” en la declaración de impacto ambiental del proyecto, que es la que tendrá que decidir la viabilidad o no del mismo.

Respecto a la posibilidad de buscar alternativas a esta planta de gas y central eléctrica, la presidenta de la Autoridad Portuaria ha remarcado que están abiertos “a cualquier alternativa de generación de energía en el puerto que venga de renovables”, al tiempo que ha destacado que se están haciendo “grandes esfuerzos en materia de descarbonización”.

Eso sí, ha recordado que el recinto portuario de la capital grancanaria necesita 80 Mw para poder funcionar en condiciones óptimas, y que si se quiere que los buques que atracan en el puerto dejen de emitir deben ser capaces de generar esa potencia.

“Me gustaría ver esas alternativas, porque lo que sí hay un informe del año 2022 del Instituto Tecnológico de Canarias, que ya hizo un estudio sobre la capacidad de generación de energía en nuestros puertos a través de renovables, y la conclusión es que es a todas luces insuficiente, aun poniendo al máximo nuestra capacidad de generación de energía”, ha apuntado Beatriz Calzada.

La presidenta de la Autoridad Poartuaria ha agregado que ya se han tenido que suspender dos proyectos para instalar energía fotovoltaica en el puerto, uno de ellos en las laderas de El Sebadal, por la oposición del Ayuntamiento, que decía que no era posible en base al planeamiento dichas instalaciones.

Por todo ello, Calzada ha pedido tanto a Morales como a Darias “que bajen a la realidad” y que traigan esas alternativas por las que apuestan.