Las elecciones municipales desprecian el voto extranjero
Mbagnik Diouf es un senegalés que vive en Las Palmas de Gran Canaria desde hace 8 años. Estudió Derecho en su país pero decidió emigrar a Canarias en busca de mejores oportunidades laborales. Y aunque es un ciudadano más, que paga sus impuestos y está integrado en la comunidad, este domingo no tendrá derecho a elegir al alcalde que desea que dirija los asuntos públicos durante los próximos cuatro años. Reconoce que le encantaría participar en los comicios y califica de injusto que solo puedan hacerlo aquellos que disponen de nacionalidad. Mbagnik es un buen conocedor de la actualidad política y recuerda cuando el PP retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, “esto fue como una bomba para nosotros puesto que todos los seres humanos merecen respeto independientemente de que estén legales o no”. A su juicio, la participación del colectivo extranjero es muy importante para garantizar una verdadera integración y más si han estado viviendo muchos años aquí y conocen cómo funciona la política local.
En España hay 4,9 millones de extranjeros empadronados y aproximadamente 800.000 tienen derecho a voto. No obstante, la cifra final de electores, los que sí podrán acudir a las urnas este domingo, es aún menor: 463.765. En Canarias, serán tan solo 35.487 de 252.278 extranjeros con tarjeta de residencia en vigor.
Este reducido número de población foránea con derecho a voto responde a las trabas burocráticas que impone el Gobierno de España y que dejan sin voz a miles de extranjeros que, como Mbagnik, no pueden escoger a sus representantes.
¿Qué extranjeros pueden votar?
En nuestro país pueden votar los extranjeros empadronados que proceden de países con los que España tiene un acuerdo de reciprocidad y los de la Unión Europea.
Este convenio bilateral lo han suscrito 12 países: Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Corea, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago y Nueva Zelanda. Pero aún hay un obstáculo más. Las personas de estas nacionalidades con intención de acudir a las urnas debieron realizar un trámite en su ayuntamiento por el que manifestaban su voluntad para ejercer ese derecho, que comenzó en diciembre y expiró el 15 de enero. Por su parte, los comunitarios debieron realizar el mismo proceso que finalizó el 30 de diciembre.
Klara Scheurenbrand, una alemana de 30 años que reside en Las Palmas de Gran Canaria desde enero de 2015 -aunque desde hace 7 años ha vivido interrumpidamente en la ciudad-, también se tropezó con el escollo burocrático. No podrá participar en los comicios de la localidad en la que vive ni influir con su voto en los asuntos que le afectan como ciudadana porque no realizó la inscripción en diciembre. Un obstáculo que califica de “repugnante” y por el que se ha sentido discriminada: “Como no soy española no tengo derecho a elegir al alcalde; fui a buscar un permiso que debería tenerlo por el simple hecho de ser residente”. Klara considera que a los políticos no les interesa el voto extranjero y arremete contra la idea generalizada de que los foráneos no se implican en la política nacional y local, “dicen que los extranjeros no quieren votar, pero eso es mentira. Sí que queremos pero deberían haber informado del trámite y no tenerlo escondido”. Además, subraya que en otros países de la UE, como en Alemania, cualquier extranjero puede participar en los comicios municipales con el único requisito del empadronamiento.
