El Grupo de Gobierno del Cabildo mantiene “las negociaciones para evitar el pago de la sanción y salvar las instalaciones hidráulicas sobre la fajana”

El Cabildo de La Palma, a través del trabajo que “mantiene el Grupo de Gobierno insular, sigue avanzando en la obtención de acuerdos con la Dirección General de la Costa y el Mar para lograr mantener las infraestructuras hidráulicas sobre la fajana del Tajogaite y evitar el pago de la sanción millonaria impuesta a la Institución por la ejecución de los trabajos de instalación”, indica enuna nota de prensa.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, expuso durante la celebración del Pleno de la Corporación celebrado este viernes que “el objetivo principal es mantener el riego con normalidad, realizando medidas correctoras en las infraestructuras, y paliar la sanción económica que supera los 2,1 millones de euros para las arcas públicas del Cabildo”.

Esas medidas correctoras, indicó Sergio Rodríguez, permitirán realizar un trabajo de soterramiento de las instalaciones hidráulicas, renunciando a la instalación del segundo tubo, al que se buscará una alternativa en el trazado, además de rehabilitar medioambientalmente la pista construida. Con todo ello, se espera desde el Cabildo de La Palma no tener que renunciar a la actual infraestructura y los servicios que presta a los regantes situados en la costa al sur de las coladas del Tajogaite.

En ese camino,   se apunta en la nota, se trabaja de la mano con la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias, que dirige Antonio Acosta, y con el personal técnico del Consejo Insular de Aguas en la elaboración de la propuesta que permita al Cabildo palmero acometer los trabajos necesarios para salvar la infraestructura.

El presidente insular recalca la defensa al sector primario de la Isla, dotándolos de las infraestructuras necesarias, para lo que el Cabildo palmero trabajará para evitar tener que eliminar esta forma de riego, tan necesaria para el mantenimiento de las fincas de la zona y su aprovechamiento en la recuperación agrícola y económica de la Isla.

Por su parte, el consejero de Aguas, Juan Ramón Felipe, apuntó que la moción presentada por Grupo Popular para lograr ahora los permisos administrativos de esa obra, es “inoportuna, cuando el Cabildo tiene que hacer frente a una sanción”.

El vicepresidente también insistió en que el Grupo de Gobierno “seguirá luchando para que esa sanción quede en nada”, apuntando que no se discute el fondo del asunto, que, dijo, “recibe el apoyo unánime”, pero añadió que es “en las formas donde se cometieron errores y eso ha provocado las sanciones impuestas al Cabildo de La Palma por la instalación de esa infraestructura”.

También indicó que actualmente se está negociando ahora “el salvar esa infraestructura”, pero agregó que “en su momento, cuando había que haberlo hecho, se tomaron decisiones unilaterales, en contra de las prescripciones que llegaban desde la Demarcación de Costas”.

Por ello, Juan Ramón Felipe hizo hincapié en que “lo que se vende como rapidez en la toma de decisiones, fue temeridad, ya que no se respondió a las indicaciones que hubieran hecho que ahora no se tuviera que atender al pago de una sanción y a la retirada de la infraestructura”.

En esa línea,  indica en la nota, el Cabildo de La Palma mantiene el trabajo con la Demarcación de Costas, “institución que ha dejado bien a las claras su malestar por la actuación realizada por el anterior Grupo de Gobierno, desatendiendo los llamamientos e incumpliendo los requisitos marcados para realizar la obra”.

Añade que “es además la Abogacía del Estado la que corrobora la incorrecta actuación del Grupo de Gobierno anterior, reabriendo los expedientes y reclamando un incremento de la sanción impuesta al Cabildo de La Palma, que supera los 2,1 millones de euros, al entender que no sólo se fue en contra de las normativas referentes a las servidumbres marítimo terrestres, sino que además ”se actuó de mala fe“, como ha quedado reflejado en sus informes”.