“Quieren matarme en Colombia y en La Palma mi vida está garantizada”
Llegó a La Palma huyendo de la muerte, que la persigue con insistencia. Doris Valenzuela Angulo, natural de Valle del Cauca, en la región de Buenaventura, en Colombia, es miembro de las Comunidades construyendo paz en el territorio (Conpaz), una red de organizaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas que defiende propuestas de justicia social y ambiental. Está amenazada de muerte por negarse a abandonar sus tierras, en las que se quieren ejecutar varios megaproyectos. “Nos obligan a desplazamientos forzados para quedarse con nuestras propiedades, y si no nos vamos, los paramilitares nos asesinan y violan a nuestras hijas”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora.
Desde el pasado mes de febrero reside en La Palma acogida al Programa de Protección Temporal de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI). Los activistas palmeros de esta organización no gubernamental se han encargado de buscarle un hogar y durante el año que permanecerá en la Isla junto a su familia le prestarán los apoyos que precise.
La vida de Doris está dolorosamente atravesada por la tragedia. “Mi niño de nueve meses, al que tenía en los brazos, recibió una bala que iba para mí y tuve que depositar su cuerpo en una fosa común, junto a un árbol, y salir huyendo porque querían matar a toda mi familia, pero los asesinos sacaron a mi bebé de la fosa y lo botaron al río, así que no pude darle sepultura”, relata con resignación. “Mi otro hijo de 17 años fue un día a comprar un juguito embotellado, lo cogieron los paramilitares y se lo llevaron cargado en los hombros a una casa de pique (lugar donde se meten a personas vivas y se van desmembrando de poquito a poquito); no murió allí, pudo escapar porque lo defendió otro compañero, que terminó muerto; él pudo salir corriendo y gritar públicamente el nombre de las personas que lo habían intentando asesinar; me avisaron de que estaba en el hospital, y cuando llegué le dio tiempo de hablar conmigo pero luego, al momento, murió”, cuenta Doris, al tiempo que admite que “me han pasado tantas cosas que ya todo esto lo llego a ver con normalidad”. A su hijo de 17 años tampoco pudo despedirlo en paz. “Lo fuimos a enterrar y le pudimos dar sepultura pero cuando estábamos en el cementerio llegaron los paramilitares a asesinar a la familia completa, de allí pudimos salir con la ayuda de unos cuantos policías y la persecución llegó hasta la casa, hasta unos cien metros del espacio humanitario donde vivíamos”. “A ninguno de mis dos hijos le he podido dar sepultura dignamente”, se lamenta.
Doris reside en La Palma con su pareja y dos hijos, de 17 y de 14 años, que ya están escolarizados, y en breve llegará desde Colombia su hija mayor, de 20 años. “La vida no me va a alcanzar para agradecer lo que Amnistía Internacional y sus activistas están haciendo por mí y por mi familia”, afirma. “Ha sido un cambio brusco pero no me quejo porque se trata de nuestras vidas; tenemos que pasar este pequeño trance y seguir adelante”, dice. “Nos sentimos sin apoyo en mi país, porque por hacerse ricos unos cuantos quieren que abandonemos nuestras tierras, y si no nos vamos nos matan; reclamamos nuestro territorio y nos echan como a perros, asesinan a nuestros hijos y violan a nuestras hijas”, señala, y subraya: “He tenido que salir de mi país porque no hay garantías para mi vida, y España, otro país que no es el mío, es quien me la está garantizando; en La Palma vivo con garantías”.
En la Isla Doris vivirá una tregua alejada de la violencia extrema en la que ha discurrido su existencia. Durante un año saldrá de su casa sin miedo a que ella o algún miembro de su familia sea víctima de un asesinato selectivo o de una violación.
Pero quiere regresar a Colombia. “Mi intención es volver, lo que me asusta es no poder hacerlo, tengo miedo de que no haya garantías para mi vida”. “Todos los que pertenecemos a las Comunidades Construyendo Paz en el Territorio somos perseguidos, unos han muerto y otros siguen luchando allí”.
