Más de 700 profesionales participan en el debate para actualizar la Ley del Suelo de Canarias

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, en la Comisión Política Territorial

Efe

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El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno canario, Manuel Miranda, ha informado este jueves en comisión parlamentaria que la primera fase del proceso de escucha y debate sobre la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias ha concluido con la participación de más de 700 profesionales en diferentes foros y mesas de trabajo, avanzando que antes de finalizar 2024 presentará a los grupos parlamentarios un primer borrador para consensuar su aprobación.

Miranda ha explicado que en los últimos seis meses se han producido encuentros con el personal del Gobierno de Canarias y sus empresas públicas, además de con técnicos de municipios, cabildos y órganos ambientales, en un programa participativo coordinado por la empresa pública Gesplan.

La primera fase del proceso de debate y escucha comenzó a finales de 2023, durante la celebración del congreso anual de la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (ACADUR), y ha concluido con las tres jornadas organizadas por el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, encuentro al que se han incorporado representantes de colegios profesionales, empresarios, sindicatos y colectivos ecologistas.

Así, han participado más de 200 técnicos municipales e insulares, una treintena de expertos de los órganos ambientales y unos 500 profesionales en las diferentes jornadas organizadas por las instituciones colaboradoras.

Miranda ha agradecido a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) la felicitación pública manifestada por el proceso de escucha, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno de Canarias será el “principal aliado de cabildos y ayuntamientos para acabar con la paralización en la tramitación de algunos expedientes”.

También avanzó que como primeras conclusiones “se ha detectado que las administraciones locales requieren de mayor personal para aplicar la Ley”, así como que es necesario “diferenciar entre instrumentos complejos de gran alcance y otras modificaciones de menor calado”.

Además, resaltó que del debate generado se deduce que será “imprescindible aportar más claridad” a algunos artículos interpretables y analizar el procedimiento de comunicación previa o la motivación de los proyectos de interés insular.

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