La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana explota por las trabas al pago de proveedores: “O todos hacemos las tareas, o esto revienta”

“Enfado. Impotencia. Rabia.” Así define Concepción Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, su reacción frente a los atrasos en el pago de las facturas del Ayuntamiento. En una entrevista con Radio Sol este martes, Narváez denuncia la falta de colaboración de los altos funcionarios de su administración a la hora de autorizar los pagos a proveedores y asegura que “es momento de poner a cada uno en su lugar”.

La alcaldesa dice que ha firmado contratos de obras y servicios hace dos semanas y aún no se han pagado. Servicios necesarios para hacer frente a la pandemia, como la desinfección de vehículos de policía o de bomberos, tampoco se han pagado pese a que, según asegura Narváez, se tramitaron desde la declaración del estado de alarma y que el jefe del servicio correspondiente ha acreditado que los servicios se han prestado.

“¿Qué más hay que pedir?” se pregunta. “Hay que ordenar el pago y pagar, porque esas empresas están haciendo un esfuerzo muy grande en el estado de alarma de personal y de equipos muy caros ”, sentencia.

Un grupo de empresarios afectado por los impagos del consistorio local había convocado una concentración este miércoles para reclamar el pago de las facturas pendientes, que cifran entorno a los 4 millones de euros, aunque finalmente la desconvocaron siguiendo las recomendaciones de la Delegación del Gobierno.

Narváez dice que “es importante velar por la legalidad en todo momento, pero cuando estamos en estado de alarma la agilidad y la rapidez es fundamental”. Según denuncia la alcaldesa, los expedientes de pago se retrasan porque circulan entre departamentos sin que ningún funcionario deje nada por escrito.

La alcaldesa dice que comparte el malestar de los proveedores, a quienes les ofrece su apoyo y con quienes se compromete a trabajar por desatascar el pago de facturas, pero dice que no les puede garantizar plazos porque necesita la aprobación de los demás responsables en la administración.

“Yo he hecho lo que está en mis manos ya y quiero seguir exigiendo ese pago, pero tengo limitaciones y no puedo saltarme el procedimiento”, dice. “No puedo autorizar un pago si falta la firma de una interventora o un secretario”, añade.

Sobre los funcionarios del ayuntamiento responsables de la autorización de los pagos, como la tesorera, el secretario o la interventora, Narváez duda “que exista corazón por ahí” . Dice que mientras su gobierno se “deja las pesatañas” para sacar adelante un procedimiento, otros “parece que no se han dado cuenta de que estamos en un estado de alarma”. “Cada paso que doy me ponen una piedra en el camino”, se queja.

La alcaldesa asegura que “ha llegado el momento de parar y poner a cada uno en su sitio y exigirle sus obligaciones” y advierte a su equipo de gobierno de que “ahora toca ponerse de frente y partirse la cara”.

La líder del PSOE lamenta que esta situación se haya dado durante el estado de alarma porque las empresas tienen especial necesidad de liquidez. Teme que estas acaben en la quiebra, se pierdan 200 empleos y el ayuntamiento no pueda garantizar los servicios de limpieza, deportes y playas.

Narváez asegura que ya ha desbloqueado ya el pago de 13 millones de euros en facturas irregulares y espera poder tramitar un nuevo paquete relacionado con festejos, pero que el informe “va de un departamento a otro”.

La alcaldesa reconoce que el proceso de contratación en ocasiones no ha sido el correcto, pero dice que en la mayoría de los casos son “bombas de relojería” heredadas del anterior mandato del Partido Popular y Asociación de Vecinos. Ahora dice que la solución es hacer un expediente de regulación de oficio y que ella levante el reparo a condición que el proveedor renuncie a reclamar a la administración en el futuro.

El pago de este paquete de facturas, que obtuvo el voto en contra de los concejales del PP aunque corresponde en gran parte a los años de su mandato, se ha encontrado con nuevos obstáculos porque se cambió el procedimiento a posteriori y, además, otro departamento exige ahora que se salde una deuda que tiene la empresa proveedora con con el Ayuntamiento. Aunque la empresa niega que exista tal deuda, Narváez no entra en valoraciones al respecto. Lo que exige es que los departamentos responsables en su administración firmen los informes necesarios para poder continuar la tramitación.

Este no el primer conflicto que tiene la alcaldesa con los altos cargos de su ayuntamiento. En agosto de 2019, el comisario de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, el secretario de la corporación y la tesorera municipal se quedaron sin complemento de productividad, un concepto retributivo que les reportaba unos ingresos mensuales extra de entre 1.800 y 2.000 euros al mes. El ejecutivo de Narváez lo hizo en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anuló la subida de sueldo encubierta en una modificación presupuestaria aprobada en abril de 2016 por el pleno que entonces presidía como alcalde Marco Aurelio Pérez, actual portavoz del PP en el Cabildo de Gran Canaria. El ayuntamiento barajó que la eliminación del complemento de productividad se hiciera con carácter retroactivo, exigiendo la devolución de entre 80.000 y 90.000 euros a cada uno de los afectados.

También, la hija del secretario, incorporada a la plantilla a través de un decreto del anterior alcalde con más de una decena de irregularidades, echó un pulso al ayuntamiento rechazando su sueldo hasta que lo equipararan al de la categoría superior de funcionarios aunque su categoría fuera de auxiliar administrativo