Los asalariados del taxi recurren a la vía administrativa para frenar la obligatoriedad de vestir uniforme
La presidenta de la Asociación de Asalariados del Taxi, María Eugenia García, ha anunciado este jueves la presentación de un recurso de reposición ante acto administrativo contra la instrucción de uniformidad para todos los conductores del taxi de Las Palmas de Gran Canaria, que publica el Boletín Oficial de la Provincia el pasado dos de agosto y que entra en vigor a partir de este lunes uno de septiembre.
García sostiene que existen irregularidades en la tramitación de tal resolución ya que no se abrió en ningún momento el trámite de información pública y audiencia de los interesados. Además, añade, esta resolución debió ser aprobada por la Junta de Gobierno Local y no por el concejal del área de Movilidad Ciudadana, Ángel Sabroso.
La presidenta de los asalariados del taxi hace hincapié en que el alcalde preguntara a la ciudadanía por el color de la uniformidad tras haber consultado, algo que niega María Eugenia, a los profesionales del taxi. Asegura que no se trata solo de elegir un color si no de plantear diferentes alternativas “para que desempeñen su trabajo como lo venían haciendo hasta ahora y que no se le impongan incomodidades ridículas que atentan contra sus características personales”.
García pide que se tenga en cuenta aspectos como el confort, la calidad, el diseño y el fácil mantenimiento a la hora de elegir los uniformes ya que, añade, que un conductor lleve un pantalón corto o que una taxista vista con algo de escote los días de calor les facilitará el desempeño de sus labores sin afectar negativamente a la imagen corporativa.
Por ello, desde la Asociación se solicita al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la paralización de la entrada en vigor de esta nueva medida que, afirma, se ha aprobado de espaldas al sector. María Eugenia ha calificado la actitud del Ayuntamiento de atropello y asegura que muchos asalariados del taxi tienen miedo a las sanciones a partir de este lunes.
Vulneración de derechos fundamentales
La Asociación de Asalariados del Taxi también interpuesto un recurso contencioso administrativo contra la resolución sobre la obligatoriedad del uniforme que deberán llevar los taxistas de Las Palmas de Gran Canaria por vulneración de derechos fundamentales.
Este recurso fue presentado el pasado 21 de agosto por la vía de urgencia porque, asegura García, “se vulneran los derechos fundamentales de la persona”, y también por el corto margen de tiempo que tienen para recurrir.
La parte afectada expuso que la cancelación de la resolución no ocasionaría ningún perjuicio a la Administración y, de adoptarse la medida cautelar de suspender su entrada en vigor, “tampoco se produciría ningún perjuicio o perturbación grave de los intereses generales o de terceros”. En cambio esto si ocurriría, si no se suspende la resolución, con los profesionales del sector del taxi que tendrían que hacer un “gasto excesivo e inútil” en comprar los uniformes.
