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Opinión - Ni liderazgo ni autoridad. Por Esther Palomera

Los contratos que el director de la Televisión Canaria se niega a explicar

El director general de la Radiotelevisión Canaria (RTVC), Guillermo García.

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

El primero se firmó un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Concretamente, el de 2008. De una parte, Willy García, recién nombrado director de Radiotelevisión Canaria. De la otra, Francisco Padrón, dueño de Canal 7 del Atlántico, administrador único de la productora Amanecer Latino y y exjefe de García en Radio Club Tenerife. Sobre la mesa, la realización de una serie de 52 entrevistas de aproximadamente 30 minutos a deportistas isleños bajo el título genérico Valores del deporte canario. El coste ascendía a 328.000 euros, más de 6.300 por programa y Padrón se comprometía a entregar el material antes del 30 de mayo.

A este primer contrato, de ocho páginas, le sucedieron cuatro prácticamente idénticos en apenas siete meses. El 17 de marzo ambas partes rubricaron otro acuerdo por el mismo importe para la producción de 52 entrevistas a promesas del deporte canario. Tan solo quince días después, el 1 de abril, la misma operación, las mismas condiciones y el mismo coste. Solo cambiaba el nombre del programa, Glorias del deporte canario.

Transcurrieron exactamente cuatro meses hasta que se cerró el cuarto contrato, en esta ocasión por 78 entrevistas y 492.000 euros bajo el epígrafe Protagonistas del deporte canario. No acabó ahí el vínculo. A la productora de Padrón se le debió quedar en el tintero algunos valores isleños y decidió ampliar el primero de los programas 26 capítulos, con un coste añadido de 163.800 euros. En total, cinco contratos, el último fechado el 25 de septiembre, que le costaron a Radiotelevisión Canaria 1.639.800 euros.

La diputada del Partido Popular Águeda Montelongo preguntó el pasado jueves por estos 260 programas en la comisión de control del ente, ante la sospecha de que nunca se llegaron a emitir. Y Willy García decidió no responder para huir de “débates estériles” y del “morbo político” que, a su juicio, buscaba la parlamentaria conservadora.

El director de Radiotelevisión Canaria volvía a eludir una cuestión que no solo ha sido reclamada por el PP, sino por otros grupos políticos tanto desde el Consejo de Administración como desde la propia comisión de control. Y la contestación del ente siempre ha sido la misma, una opacidad que ha alimentado las suspicacias en torno a los contratos firmados con Francisco Padrón, el periodista que poco tiempo después de rubricarlos se enfrentaría a un juicio en el que resultó condenado a dos años de prisión por abusar de un menor y a quien García reconoció en una reciente entrevista en el El Día como una de las persnas que más le ha ayudado y que ha marcado “un antes y un después” en su carrera.

Lo cierto es que de los 260 programas de la productora Amanecer Latino apenas hay datos. Radiotelevisión Canaria no ha aportado las cintas ni el certificado de emisión ni los datos de audiencia que habría obtenido. Según un anexo de programas remitido por el ente al que ha tenido acceso este periódico, las entrevistas se habrían emitido entre el 17 de marzo de 2008 y el 20 de octubre de 2010 en un solo pase por la ya desaparecida Televisión Canaria Dos -dejó de emitir en agosto de 2012-. En este documento aparecen fechados 213 programas y sin datar otros 32.

En algunas parrillas de programación de la época figura la emisión de capítulos por este segundo canal a horarios como las 02.25 o las 06.00 horas.

En la página web de la Televisión Canaria no hay ninguna referencia a los programas de la productora de Padrón, pero en la plataforma Youtube sí se puede encontrar una de las entrevistas para el programa Valores del deporte canario, la realizada al que fuera campeón del mundo de kick-boxing Zeben Díaz. El programa está grabado íntegramente en un austero plató de los estudios de Canal 7 del Atlántico, sin exteriores ni imágenes de recurso. Según el anexo de programas del ente, este capítulo debió emitirse el 16 de noviembre de 2008.

La diputada Águeda Montelongo ya ha anunciado que próximamente -tenía pensado hacerlo el pasado lunes, pero finalmente lo ha aplazado- se presentará en la sede de la Televisión Canaria para reclamar la documentación sobre estos y otros contratos del ente y no descarta poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Un Consejo de Administración de tres miembros

La opacidad y falta de control de la actividad de Radiotelevisión Canaria se ha agravado por la situación por la que atraviesa su Consejo de Administración, que cuenta en la actualidad con solo tres miembros: Larry Álvarez y Joaquín Ucelay, del Partido Popular, y Honorio García, de Coalición Canaria. En su origen, eran ocho los componentes de este órgano encargado de fiscalizar la gestión del ente público. Dos de ellos ya han fallecido: el socialista Domingo González Chaparro (en enero de 2011) y el nacionalista Marcos Brito (en octubre de 2014).

Los otros tres han presentado su renuncia por distintos motivos. Manuel González (PSOE), viceconsejero de Relaciones con el Parlamento, por incompatibilidad con el cargo qu ostenta en el Gobierno regional. José Manuel Bermúdez (CC), alcalde de Santa Cruz de Tenerife, para centrarse en su labor como regidor y porque no se sentía “cómodo” en el Consejo de Administración. El último en abandonar el órgano ha sido Miguel Guerra, de Nueva Canarias, la voz más crítica con la gestión de Willy García de los últimos años. El vocal renunció al cargo al entender que no tenía posibilidad de cumplir con la función de control asignada al Consejo y que el Parlamento y los grupos mayoritarios no habían tenido “la voluntad de velar por el interés general” para que el órgano cumpliese el papel asignado por ley.

La renovación de los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria se encuentra bloqueada desde hace siete años porque la normativa fija que debe hacerse con el apoyo de tres quintos del Parlamento. Mientras se tramita en el Parlamento autonómico la nueva Ley de la Televisión Canaria -que el Gobierno prevé aprobar a finales de año-, el Consejo sigue sin tener operatividad, puesto que no cuenta con el quórum requerido para poder ejercer sus funciones.

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