Un consejero de Sacyr se adjudica una comisión de 1,8 millones por alquilarle un local a la empresa de aguas de Las Palmas en la que participa

Una sucesión de contratos privados de opciones de compra, de reconocimientos de deuda y de reparto de comisiones que ahora salen a la luz reflejan extrañas operaciones en torno a la empresa municipal de aguas de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa), participada al 34% por el Ayuntamiento de la ciudad y el restante 66% a partes iguales entre Valoriza (Sacyr) y Saur, que acababa de ser vendida por la francesa Bouygues al Banco Nacional de París (BNP) y la aseguradora Axa. Un consejero del grupo Sacyr, Juan Miguel Sanjuán, a su vez consejero de Emalsa, repartió 1,8 millones de euros en comisiones entre la compañía que representa (Valoriza/Sacyr) y Saur a través de una cuarta empresa, Sercanarias, propiedad a partes iguales de estas dos últimas. El motivo de la comisión no fue otro que el alquiler a Emalsa de unas oficinas propiedad de Sanjuan por una renta mensual de 90.000 euros.

Juan Miguel Sanjuan, presidente de Satocán y una de las fortunas más destacadas de Canarias, actuó en su doble condición de representante de Valoriza en el consejo de administración de Emalsa y de accionista también en nombre de la filial de Sacyr al 50% de Sercanarias junto al otro socio privado de la compañía pública de suministro de agua para que saliera adelante el polémico contrato de alquiler de sus oficinas. La crisis inmobiliaria había estallado y parecía difícil la colocación en el mercado de un conjunto de inmuebles entre los que se encontraban esas oficinas en Las Ramblas Centro, un complejo comercial promovido por Satocán en una zona de ensanche de Las Palmas de Gran Canaria conocida como Siete Palmas.

Satocan quería desprenderse a toda costa de esos tres lotes que alquiló a Emalsa: tres plantas de oficinas que ocupan 883 metros cuadrados; un sótano para archivo de 305 metros cuadrados, y cuarenta plazas de garaje. Y la mejor manera que encontró en 2008 fue alquilárselo a la compañía en cuyo consejo de administración se sentaba en nombre de Valoriza. Eso a pesar de que Emalsa disponía de forma gratuita de unos céntricos locales en la Plaza el Obelisco, en pleno corazón de la capital grancanaria, en la zona de máxima concentración de organismos públicos, mejor comunicada que Las Ramblas Centro y punto de referencia histórico de los abonados.

Así era desde 1992, cuando se produjo la adjudicación del 64% de Emalsa a esos dos socios privados mediante un contrato que permitía el uso de esas dependencias durante los 50 años en los que se fijó la concesión sin pagar canon ni renta.

Pero Sanjuan convenció a sus socios para que apoyaran su propuesta de trasladar las oficinas de Emalsa al extrarradio a cambio de una renta mensual de 90.000 euros, un coste que necesariamente habría de repercutirse en la tarifa del agua de la ciudad, que se calcula, entre otros parámetros, en función del coste del metro cúbico de agua y de los costes de explotación del servicio. Desde 2009, Emalsa no ha elevado al Ayuntamiento ninguna propuesta de subida de tarifas.

Resultó tan desproporcionada la operación que una de las tres plantas alquiladas permanece aún sin uso de ningún tipo.

Tras conseguir ese suculento contrato de alquiler, Juan Miguel Sanjuán decidió repartir con su otro socio, Saur, una parte del beneficio con el que se iba a hacer a partir de ese momento. Para ello utilizó una sociedad, Sercanarias, S.A., en el que ambas mercantiles copan a partes iguales el cien por cien de las participaciones.

Así, el 10 de febrero de 2009 firma con el gerente de esa sociedad un contrato de “reconocimiento de deuda” en el que se puede leer que “Satocán, S.A. reconoce que Sercanarias, S.A. ha realizado gestiones de intermediación que han hecho posible suscribir el contrato de arrendamiento mencionado en el expositivo anterior”. Y añade en el siguiente punto: “Debido a las gestiones realizadas por Sercanarias, S.A., Satocán reconoce adeudar a aquélla la cantidad de un millón ochocientos mil euros (€1.800.000) que serán satisfechos a Sercanarias en un plazo de cinco años, a razón de treinta mil euros mensuales (€30.000), durante 60 meses”.

Según este acuerdo, el pago debía realizarse los cinco primeros días de cada mes a partir de aquel mismo mes de febrero de 2009.

Una extraña opción de compra

El último punto de este contrato hace mención a una opción de compra: “Satocán no vendrá obligada al pago descrito en el hecho tercero a favor de Sercanarias si el contrato de opción de compra quedase resuelto por el impago de la cantidad en concepto de prima de opción, o bien si Emalsa, S.A. incumple su obligación de pago de la renta”.

Efectivamente, entre los contratos privados a los que este periódico ha tenido acceso figura uno de opción de compra fechado el 22 de julio de 2008 con los mismos firmantes: Juan Miguel Sanjuán en nombre de Satocan y el gerente de Sercanarias. Las mismas oficinas que ese mismo día 22 de julio habían sido alquiladas a Emalsa se sometían a una opción de compra por importe de 12.300.000 euros, con una prima de 1.000.000 de euros que Sercanarias perdería en el caso de no materializarse la operación antes del 28 de febrero de 2014. La compra-venta no se celebró jamás, por lo que debe entenderse que Sanjuán consiguió cobrar un millón de euros de prima de opción de la empresa en la que participa en nombre de Valoriza.

Preguntado por todas estas operaciones y su ajuste a los valores y al código de buen gobierno que pregona la matriz de Valoriza, Sacyr, en cuyo consejo de administración se sienta, Juan Miguel Sanjuán dijo a este periódico que en aquel momento no consideró necesario evacuar ninguna consulta. Y que sí lo hizo, de acuerdo con su versión, tras una primera llamada de Canarias Ahora recibiendo una respuesta a su juicio tranquilizadora.

En su descargo asegura que no participó en la votación del consejo de administración de Emalsa en el que se acordó el alquiler de sus oficinas y que “ni siquiera” intervino en la valoración de las instalaciones. “Solo intervine en el pago de la comisión por la gestión como agencia inmobiliaria” de Sercanarias, de la que Sacyr posee un 50% a través de su filial Valoriza.

Consultado el 23 de mayo vía mail el director de comunicación de Sacyr, Pedro Alonso Ruiz, al que se le trasladaron las mismas dudas acerca de la pulcritud de estas operaciones de uno de los consejeros de la compañía, se comprometió a contestar el día 25. Aún no lo ha hecho.