La jueza admite pruebas y testimonios tres años después de que la Delegación del Gobierno de Canarias impusiera una multa a la activista Koldobi Velasco

Este lunes, 23 de septiembre, algo más de tres años después de aquel 19 de julio en el que tuvo lugar la VI Caravana Abriendo Fronteras, una acción de denuncia pública no violenta que se saldó con la sanción a una de las activistas que participaban, Koldobi Velasco, la jueza admite a trámite pruebas documentales y de testigos, que hasta el momento no se habían contemplado a lo largo de todo este trámite administrativo.

El itinerario de aquella protesta tenía entre sus paradas una acción de denuncia a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas de la Unión Europea (Frontex), frente a su sede en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. En dicha acción, se realizaría una perfomance por parte de todos los manifestantes, en la que se esparciría estiércol ante el edificio y evidenciar así, algo que desde Alternativa Antimilitarista de Canarias continúan defendiendo: “la abolición de Frontex y de todo el régimen de frontera de la Unión Europea”.

En aquel momento, la Delegación del Gobierno de Canarias impuso a la activista una sanción de 6.100 euros, señalada como convocante y organizadora, “sin pruebas relevantes”, tal y como siempre han defendido desde Alternativa Antimilitarista de Canarias, para ser finalmente considerada responsable de desórdenes públicos, “que no fueron tales, ya que no se cortó el tráfico, no se acreditaron alteraciones en la sede, la acción no fue de peligro para personas, ni bienes y fue muy breve en el tiempo”.

Desde la plataforma denuncian que este proceso “sin garantías” está impregnado de vulneraciones de derechos fundamentales tales como el de reunión y de libertad de expresión; la vulneración del derecho a la tutela efectiva y la disconformidad de los hechos alegados, ya que los agentes que denunciaron “no presenciaron los hechos y que la sancionada fue identificada por una grabación que no fue aportada”, y por tanto, basándose la presunción de veracidad del funcionario policial en la participación en anteriores ocasiones en la denuncia del Frontex, con lo que, “se basan en una identificación en virtud de un fichero ilegal de activistas, con datos de corte ideológico”, dejando a la activista ante una Indefensión jurídica a la que se ha tenido que someter hasta poder hacer el recurso por la vía del contencioso administrativo.

La activista ha visto durante estos tres años también vulnerado su derecho a un proceso con garantías y una defensa concreta, ya que hubo “una sucesión de modificaciones en la calificación jurídica de los hechos: primero por ser convocante y después por desordenes públicos ignorándose todas las pruebas aportadas”.

Por todo ello, este lunes 23 de septiembre, una vez recurrida la sanción por la vía judicial, se hará una recogida de testimonios de personas que estuvieron presentes, y también de material audiovisual, para intentar subsanar estos años de “indefensión jurídica”.

“Frente a su vulneración permanente de derechos, vía pacto europeo de Migración y asilo,por Frontex, por el retraso en aprobar la regularización de las personas migrantes, con los CIES, con la ley Mordaza tendrán en frente nuestra resistencia, denuncia y exigencia de respeto a derechos y libertades de todas las personas”, recuerdan desde Alternativa Antimilitarista de Canarias.

“La ley mordaza, no acabará con nuestros derechos, que seguimos defendiendo y no nos callarán, ni seremos cómplices con la vulneración de derechos que realiza Frontex, una de las principales herramientas de las aplicaciones de la necropolítica en frontera, que sigue asesinando a miles de personas que tienen el derecho de migrar y que además son expulsadas de sus territorios a costa de nuestro bienestar occidental”, aseveraban en un comunicado, “nos continuarán encontrando arropando la vida, del lado de los derechos humanos”.