La Ley del Suelo de Clavijo salvaría 3.000 licencias ilegales que dejó en La Laguna
El exalcalde de La Laguna y actual presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, está a punto de sacar de la situación de nulas alrededor de 3.000 licencias urbanísticas concedidas en el casco histórico de La Laguna, declarado Patrimonio de la Humanidad. El instrumento es la Ley del Suelo, actualmente en tramitación en forma de anteproyecto.
Durante más de una década el Ayuntamiento concedió permisos para ejecutar obras mayores y menores sin contar con la conformidad de la Comisión Insular de Patrimonio, dependiente del Cabildo de Tenerife, lo que contradice la legislación canaria.
Ya algunas voces apuntan que se estaría ante una supuesta prevaricación si se demostrara que la Gerencia de Urbanismo actuó de forma premeditada. Un extremo que quedaría patente por las las ocasiones en las que desde el Cabildo se lanzaron serias advertencias al Ayuntamiento sobre lo que estaba ocurriendo. La coartada a la que se recurre desde Aguere es que la capacidad de otorgar licencias directamente viene recogida en el Plan Especial del casco histórico, cuyo contenido fue sucesivamente aprobado por el Ayuntamiento, el propio Cabildo y la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac). Y todo ello, pese a contradecir el contenido del artículo 33 de la Ley Canaria de Patrimonio Histórico.
En este texto se recoge que los municipios con planes especiales aprobados deben solicitar la conformidad de la institución insular a la hora de conceder licencias y que ésta debe pronunciarse en el plazo de quince días. En caso contrario el silencio administrativo se interpretaría como positivo. Un paso que nunca se dio desde el año 2015, momento en el que se aprobó definitivamente el planeamiento del casco de Aguere, declarado Patrimonio de la Humanidad.
La Comisión de Patrimonio, sin embargo, en un informe emitido a finales del pasado año, no alberga duda alguna de que desde el Ayuntamiento se incurrió en un “incumplimiento sistemático” y que éste se llevó a cabo “en gran medida de forma voluntaria”. La supuesta involucración directa de Clavijo (Coalición Canaria) en este asunto se derivaría también de su intento de incluir en la futura Ley del Suelo la capacidad plena de las corporaciones locales con planes especiales para otorgar directamente las licencias.
Durante un reciente pleno del Ayuntamiento de La Laguna, la concejal de Ordenación del Territorio y de Patrimonio Histórico, María Candelaria Díaz Cazorla, también de Coalición Canaria, intentó quitar hierro a este asunto y dijo que lo ocurrido era poco menos que una anécdota y que en estos momentos el consistorio está negociando con el Cabildo una salida dialogada.
La concejal asegura que dispone de informes que vienen a dar la razón al punto de vista defendido desde el Ayuntamiento. El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna Francisco Villar sería uno de los redactores de estos dictámenes. Curiosamente, este profesor dirigió el equipo que redactó el anteproyecto de la Ley del Suelo, actualmente a debate público, una de las principales banderas que ha levantado Clavijo como santo y seña de la primera parte de su mandato presidencial. No es la primera vez que Villar ejerce de asesor jurídico de confianza del presidente de Canarias, otro tanto ocurrió cuando surgió la discusión sobre la figura de los inmuebles fuera de ordenación en la misma ciudad de la que fue alcalde.
El mensaje lanzado por la concejal a los miembros de la Corporación local, por lo tanto, es que se está frente a un asunto menor en vías de solución. Sin embargo, la impresión que han extraído algunos de los presentes es que Coalición Canaria está intentando montar un cortafuegos entorno a la figura de Fernando Clavijo con el fin de evitar que la polémica le salpique. Con este fin también se recurre al argumento de que los alcaldes no son responsables de las actuaciones de las gerencias de urbanismo al ser organismos autónomos. Varias sentencias apuntan a lo contrario.
El concejal de Unid@s se Puede, Rubén Ascanio, coalición en la que se integran Podemos, Equo e Izquierda Unida en La Laguna, intervino en la sesión plenaria para dejar claro que no alberga duda alguna de que el procedimiento utilizado es ilegal y las consecuencias para el patrimonio han sido desastrosas. Así citó lo ocurrido con la vivienda de un particular, Franco Castilla, que ha sido vaciada amparándose en una licencia de obra mayor que no fue sometida a la conformidad del Cabildo. Pero se trataría solamente de uno de los varios casos que en estos momentos está analizando la formación política y que casi con toda probabilidad llevará ante los tribunales.
En lo que se interpretó como una velada referencia a Clavijo, Ascanio dijo que “alguien” está intentando cambiar la legislación aprovechando la tramitación de la Ley del Suelo. De esta manera se buscaría echar tierra sobre lo que calificó como “un auténtico escándalo” cuyas consecuencias se quieren “minimizar” por los actuales gestores del Ayuntamiento. Curiosamente, ningún medio de comunicación se hizo eco de este punto de la discusión plenaria.
