Más de cinco edificios anteriormente vacíos y que se hallan en el núcleo de San Isidro (Granadilla), en la isla de Tenerife, se mantienen ocupados por familias que están expuestas a un desalojo, como este martes ocurrió en la zona de La Jurada, concretamente en un edificio de 47 viviendas, donde se produjo el desalojo de sus actuales residentes por orden del juez y tras la intervención de la Guardia Civil, informó la agencia Efe.

Ese desalojo, explicaron fuentes de la Policía Local, se ha producido por orden judicial a través de una sentencia que atribuye la propiedad del inmueble a una entidad bancaria, después de que una constructora no pudiese asumir la deuda que mantenía con ella.

Desde primera hora de este martes, se ha producido el desalojo con “total tranquilidad” por parte de las personas que ocupaban los pisos y en colaboración con las fuerzas del orden.

A las 13.00 de este martes, las últimas familias abandonaron el edificio y sacaron con sus propias manos los muebles, sillones y televisores, entre otros bienes. Esas personas eran de diferentes nacionalidades y, al parecer, se encontraban menores entre los residentes en tales viviendas. Estos “han sido puestos a disposición de los servicios sociales del Ayuntamiento de Granadilla”, añadió la Policía Local.

En el dispositivo han participado “más de cien hombres”, entre ellos cuerpos especiales de la Guardia Civil. La Policía Local ha incidido en que “muy cerca” se encuentran otros edificios y viviendas similares.

En la zona se produce “menudeo de droga” e incluso han existido “fallecidos por sobredosis” en años pasados. Los vecinos de la zona han comentado que los ocupantes de las viviendas llevaban “alrededor de dos años” en esa situación.

Las viviendas de La Jurada, según los vecinos, “no están para vivir” pues “no hay agua ni luz ni ventanas”.

La reacción de Podemos

En relación con este desalojo masivo, el grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife ha criticado la falta de alternativa para las familias desalojadas de 41 viviendas en San Isidro y ha reclamado abrir un debate institucional y político sobre un drama que afecta a muchas personas en la isla.Las administraciones públicas son incapaces de responder a situaciones de emergencia como la de las “41 familias” que han sido desalojadas por orden judicial este martes, denunció Podemos en un comunicado.“Es una irresponsabilidad” que administraciones públicas como el Ayuntamiento de Granadilla, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias no tengan ninguna solución cuando decenas de familias con niños “se han quedado sin un techo”.Podemos reclama la urgente implantación de un plan integral de atención a las familias que padecen “la exclusión residencial y social”. El drama de los “desahucios” debe ser abordado de forma integral, porque está asociado al desempleo y a la falta de recursos mínimos para mantener una vida digna. “Nos tememos que, sin embargo, el Cabildo va a seguir mirando para otro lado en beneficio de las entidades financieras”, señaló el consejero de Podemos Julio Concepción.Este añadió que “es realmente preocupante ver la falta de sensibilidad con la que los responsables políticos han afrontado este desalojo masivo de familias que afecta a menores, personas enfermas y mayores que han sido echados a la calle”.