La Fiscalía acusa a Zerolo de haber escondido información al pleno sobre Las Teresitas
La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) considera que el exalcalde, Miguel Zerolo, escondió a los miembros del pleno celebrado el 23 de julio de 2001 en el que se aprobó la compra de los terrenos de Las Teresitas, “datos tan relevantes” como la necesidad de contar con una valoración realizada por un funcionario perito en la materia. El fiscal recuerda que más relevante aún es el hecho de que efectivamente se contaba con esa valoración realizada por la entonces arquitecta muncipal, Pía Oramas y otras dos de importes inferiores al pagado finalmente.
La sesión plenaria extraordinaria y urgente aprobó el informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo y así el 18 de septiembre de 2001 se firma el convenio. Entonces el actual senador, actuó según el fiscal, “con pleno conocimento tanto de que estaba adquiriendo 31.000 metros cuadrados que habían sido cedidos gratuitamente en 1986, como que, en todo caso, el precio pagado era completamente desproporcionado y producía el consiguiente detrimento para el erario público municipal, en una elevada e injustificada cantidad”.
El Ayuntamiento abonó poco después un cheque que cubría el valor del 65% de la deuda a través de un procedimiento en el que según la Fiscalía se prescindió completamente del procedimiento que, en garantía de estas actuaciones con caudales públicos, establece la ley. La falta de una tasación firmada por la arquitecta supondría años después la anulación de la operación de compraventa.
El Ministerio Público llama la atención sobre el convenio firmado en 1986 entre el Ayuntamiento y la Junta de Compensación que dio lugar a la cesión gratuita de 63.700 metros cuadrados de los que 31.690 coinciden con los comprados luego por la Corporación local. Sin embargo, no se da validez ninguna al del año 1964 según el cual la Gerencia de Urbanismo consideró hace un año que se había comprado suelo que ya era de propiedad municipal. Al contrario se recuerda que el acuerdo de 1986 anuló los anteriores.
La Fiscalía considera extraño el escaso interés que Zerolo mostró por la compra de estos terrenos por parte de la empresa Inversiones Las Teresitas (ILT) en 1998, sobre todo cuando incluso participó en la reunión del Consejo de CajaCanarias en el que se aprobó la operación. También se critica que el exalcalde no optara por acuerdos que hubiesen sido más beneficiosos para las arcas municipales como la reasignación de aprovechamientos urbanísticos.
Incide sobre el hecho de que las tasaciones fijaron siempre un valor muy inferior al pagado que ascendió a 54 millones de euros. En concreto la realizada por la Universidad Carlos III de Madrid fijó el precio en 6 millones, la del Gabinete de Tasaciones Inmobiliarias SA, lo calculó en 17 millones y la arquitecta municipal en 19 millones. Sin embargo, prescindiendo de las tres tasaciones mencionadas se encargó otra a Tinsa, una empresa que trabajaba para los propietarios de ILT, que lo elevó hasta 63,5 millones, mientras que ILT por su parte lo situó hasta 76 millones.
A la Fiscalía le consta que el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo hizo gestiones ante la Sociedad de Tasación SA para que subiera la valoración hasta los 54 millones que había fijado la empresa, lo que fue respondido negativamente. Finalmente, en el informe sólo se recogió la tasación de TINSA aportada por ILT. “Se omiten por lo tanto las otras tres de importe inferior” y el secretario, José Zárate plasma en su infomre que el precio había sido fijado libremente por la parte vendedora. Como el Ayuntamiento no contaba con fondos suficientes se tuvo que solicitar un crédito de 18 millones. Con todos estos datos en la mano la Fiscalía cree que hay fundamentos suficientes para procesar a Zerolo por prevariación y malversación de fondos públicos.
