La defensa pide la absolución para Dimas Martín, quien justifica que dio instrucciones a los concejales por su “vocación política”
La defensa del fundador del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) e investigado por el caso Unión, Dimas Martín, pide la absolución del político al “no existir pruebas de cargo” para mantener las acusaciones que le señalan como presunto autor de los delitos de asociación ilícita, cohecho, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos y falsedad documental. Por su parte, el político se acogió a su derecho a la última palabra y afirmó que ha sido víctima de la “técnica del cazador furtivo”, mediante la que se le ha construido un camino lleno de trampas en el que él ha sido “la presa indefensa”. “Me pueden acusar de lo que quieran, pero no lo pueden demostrar, porque lo que no existe no se puede probar. La verdad siempre sale a relucir”, aseveró Dimas Martín.
Durante la jornada de este miércoles y después de que el pasado martes el Ministerio Fiscal trasladara las peticiones de condena para los doce acusados, se pronunciaron las defensas de los cargos públicos, funcionarios y empresarios implicados en esta trama, centrada en el supuesto amaño de la gestión de los contratos de obras y servicios del municipio conejero de Arrecife para adjudicarlos a dedo a personas próximas a la agrupación a cambio de una comisión ilegal del 10% del dinero ofrecido a los adjudicatarios. Las defensas pidieron la absolución del exconcejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Arrecife, Antonio Machín, de la técnica de contratación e hija de Dimas Martín, Elena Martín, y de los empresarios Juan Francisco Rosa, Samuel Lemes y Manuel Reina. En el caso de Machín la pena solicitada por la Fiscalía había ascendido a 14 años y cinco meses de prisión y a abonar una multa de 300.000 euros.
Por su parte, las defensas de los administradores de Infogelanz, Martín Brito y Antonio Gómez, se mostraron conformes con las conclusiones de la acusación, así los abogados del interventor del Ayuntamiento de la capital conejera, Carlos Sáez, el exjefe de la Oficina Técnica del organismo, Rafael Arrocha, el ingenierio Antonio Cárdenas, y el exconcejal de Parques y Jardines, Ubaldo Becerra.
Dimas a secas
Durante su intervención en la sesión del martes, el fiscal Javier Ródenas insistió en el rol de “jefe” de Dimas Martín, que presuntamente gestionaba desde el Centro Penitenciario de Tahíche todas las actuaciones delictivas que “asolaron” el municipio de Arrecife entre 2007 y 2009. En el ejercicio del derecho a la última palabra, Dimas Martín suscribió las declaraciones de su letrado y afirmó que él “no era el jefe”, que a él “todo el mundo se dirige como Dimas a secas” y que se limitaba a “aconsejar”. El fundador del PIL insistió en que él ejercía la labor de asesor y que antes de hacerlo consultó si esta función entraba en conflicto con su situación privativa de libertad. “Me dijeron que podía hacerlo”, recordó.
Respecto a la acusación de que poseía en su celda el pliego del Plan de Barios de Arrecife, Dimas respondió que se trataba de un documento público al que quiso acceder para conocer qué mejoras podían llevarse a cabo en la ciudad. “Mi vocación es la política y me gusta enterarme de lo que atañe a mi Isla”, aseguró. En esta línea, reconoció que había “recomendado” a los exconcejales bloquear el pago a algunos empresarios. Por su parte, su defensa argumentó que las pruebas aportadas para demostrar la culpabilidad de Dimas Martín no son válidas, ya que todas se desencadenan a partir de la grabación de una llamada telefónica por parte del empresario Carlos Espino en la que se revelaba un presunto soborno, una intervención que no contaba con la “autorización judicial exigida”.
El Ministerio Fiscal también solicita para Dimas Martín una condena por falsedad documental, argumentando que acordó con el empresario Juan Francisco Rosa la creación de un contrato laboral para así acceder al tercer grado. Además, la Fiscalía añadió que la condición de Rosa era que Dimas Martín legalizara la apertura de hoteles dirigidos por el empresario y que no constaba que Martín hubiera acudido a su puesto de trabajo. “El contrato lo aporté después de obtener el tercer grado, yo no le he abierto ningún hotel a Juan Francisco Rosa”, subrayó el acusado. Para concluir, Dimas Martín insistió en que ninguna de las cartas que él intercambiaba con los exconcejales del Ayuntamiento revelaba que hubiera cobrado algún tipo de comisión ilegal. “A mí nunca se me ha pagado con dinero extraño”, señala.
Elena Martín también quiso acogerse a su derecho a la última palabra para definir la operación Unión como el hecho “más demoledor de su vida”, recordando cómo agentes con metralletas la detuvieron ante una gran expectación mediática. “Yo siempre he intentado pasar inadvertida, y lamento que esto haya convertido a Lanzarote en el paradigma de la corrupción”, afirmó. Su defensa quiso recalcar un error cometido por la acusación al afirmar que era la “jefa de contratación”, cuando realmente era técnica y, en consecuencia, “no cobraba como jefa”. Además, la letrada subrayó que en ese momento la adjudicación era competencia del departamento de compra y no de contratación, del que formaba parte la acusada. Así, el juicio sobre la presunta trama de corrupción más importante del Archipiélago ha quedado visto para sentencia.
