La petrolera de la familia de Cañete despidió al jefe de operaciones que alertó de las deficiencias en seguridad

Una de las petroleras controladas por la familia política de Miguel Arias Cañete, Petrologis Canarias, empresa que el exministro de Medio Ambiente presidió hasta 2012 y de la que conservó acciones hasta 2014, despidió en enero a su jefe de operaciones después de que el trabajador alertara a la compañía de múltiples deficiencias en materia de seguridad.

Este martes se ha celebrado en el Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria el juicio laboral. El demandante, el ingeniero Fernando Rosillo, pide que el despido objetivo por razones organizativas sea declarado nulo, lo que implicaría su readmisión. También reclama una indemnización por daños morales que cifra en medio millón de euros, resultado de multiplicar su salario por los meses que le restan para poder jubilarse, porque entiende que, tras el perjuicio ocasionado a su imagen y con la crisis actual del petróleo, es “muy difícil” que vuelva a encontrar trabajo.

Rosillo accedió al puesto en marzo de 2010, un mes después del grave accidente laboral que acabó con la vida del anterior jefe de operaciones, Jonathan Hernández. El 24 de febrero de ese año se declaró un incendio durante los trabajos de reparación de uno de los tanques de combustible que la compañía tiene en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. El suceso provocó importantes lesiones a otro operario, Gonzalo Suárez, que sufrió quemaduras en el 17% de su cuerpo y la pérdida del pabellón auditivo izquierdo y de la visión en un ojo.

Petrologis Canarias evitó el juicio por homicidio imprudente tras pactar con las familias de los afectados unas indemnizaciones por las que tuvo que desembolsar 240.000 euros. El fiscal de siniestralidad laboral atribuyó lo sucedido a una imprudencia del trabajador que falleció y exculpó al delegado de la empresa en las Islas, Octavio Parada. Sin embargo, un informe de la Inspección de Trabajo sobre las causas del accidente reveló que la petrolera infringía en ese momento normas de seguridad de obligado cumplimiento.

Según relata en su demanda, Rosillo se encontró nada más acceder al puesto de trabajo con “innumerables irregularidades” en materia de seguridad, prevención de riesgos laborales, mantenimiento legal y medio ambiente, deficiencias que fue poniendo en conocimiento de la dirección de la empresa para que fueran subsanadas. El nuevo jefe de operaciones detectó, entre otras cuestiones, que la petrolera no disponía de todos los procedimientos exigidos, que los que tenía no estaban adaptados a la normativa y que carecía de contrato de mantenimiento legal contraincendios y de plan de formación para los empleados.

Asi lo han corroborado varios de los testigos que han declarado en el juicio celebrado este martes. Matías Mayor, director general de Petrocan, filial de Cepsa y cliente de Petrologis Canarias, inició los trabajos para realizar una auditoría a la petrolera entonces presidida por Cañete ante las dudas que se habían generado tras el accidente mortal. “Trabajamos de forma coordinada, cualquier fallo en una petrolera puede afectar al resto”, explicó. Durante la fase previa de muestreo e inspección fueron tantas las irregularidades detectadas que declinó continuar con la auditoría: “Era una enmienda a la totalidad”.

Mayor sostiene que la llegada de Fernando Rosillo como jefe de operaciones supuso un “cambio radical” en la concepción de la política de seguridad. “Nos pedía consejos para solucionar los problemas. Se involucró en los simulacros, en los contratos de mantenimiento legal contraincendios, los de alta y baja tensión, en la formación...”, detalló el director general de Petrocan, que incidió en que con Octavio Parada “siempre había problemas de seguridad”. Las propuestas que elevaba Rosillo se topaban con la negativa de la dirección: “Uno quería trabajar por la seguridad y otro, por la economía”.

También admitió que la relación se fue tensando con el tiempo y que las felicitaciones al jefe de operaciones por los avances de la empresa “no sentaban bien” en la dirección.

Al ingeniero industrial Benigno Ramos se le solicitó en enero de 2012 un proyecto para adecuar la instalación contraincendios de Petrologis Canarias. En su primera visita constató que la situación era “crítica desde el punto de vista de la seguridad”. Sin embargo, el proyecto se quedó en un informe utilizado como documento interno. “Al poco tiempo de la entrega (finales de 2013), Fernando (Rosillo) me comentó en una de las típicas llamadas de seguimiento que encontraba dificultades para acometer las obras y que la dotación presupuestaria para el sistema de refrigeración era insuficiente”, apuntó.

En el juicio de este martes también compareció en calidad de perito Javier Cruz, ingeniero industrial y coordinador del Máster de Prevención en Riesgos Laborales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Del análisis de la documentación y de los correos facilitados por el demandante, Cruz advierte en su informe de la existencia de varias controversias entre el jefe de operaciones y Octavio Parada y concluye que este “frenaba” todo intento del primero por “intentar subsanar las deficiencias en el ámbito de la seguridad laboral”, asignándole cuantías insuficientes. A modo de ejemplo, señaló que Fernando Rosillo propuso la instalación de unas líneas de vida ancladas homologadas para cumplir con unas normas específicas y que, de los 12.000 euros planteados, la dirección, partidaria de resolver el problema con unas cuerdas simples, tan sólo consignó 1.500 euros.

Del petróleo al turismo gay

Fernando Rosillo recibió la carta de despido el 25 de enero de 2016. La empresa justificaba la decisión en razones organizativas, en la necesidad de incorporar otro perfil al puesto. Según explicó Octavio Parada en el juicio, Rosillo tenía un perfil técnico “muy bueno” pero carecía de dotes comerciales. Para el gerente, era importante esta vertiente comercial porque Petrologis Canarias había decidido diversificar su actividad hacia el ámbito turístico, concretamente a la promoción y explotación de los bungalows del club Tucanes Gay, ubicado en Playa del Inglés, en el sur de la isla de Gran Canaria.

Parada afirmó que su intención era que el sustituto de Rosillo (“recién salido de la universidad”, según la abogada del demandante) le reemplazara a él cuando se jubilara. “Está en fase de entrenamiento. Hace parte del trabajo que hacía Rosillo, pero también se entrena en la parte de operaciones del complejo de bungalows”, aseveró.

El gerente de Petrologis negó que hubiera discrepancias importantes con el jefe de operaciones despedido y sostuvo que sólo recordaba una discusión “muy al principio” en relación al accidente mortal y a los procedimientos, aunque si admitió que la empresa tenía un problema con los documentos “por desconocimiento”. Sobre la controversia en relación a las líneas de vida, aseguró que se trataba de diferencias “de forma, no de fondo”. “Después de que pasara lo que pasó (en relación al accidente mortal), la seguridad se vuelve una obsesión”, declaró Parada, que agregó que en esta materia la parte económica “carecía de importancia”.

Petrologis Canarias sostiene su defensa en que el demandante no denunció los incumplimientos ante la Autoridad Portuaria ni ante los juzgados y que las quejas u opiniones divergentes no fueron más allá que “las de una mera relación entre un subordinado y un superior jerárquico”, sin que mediaran coacciones o amenazas. La abogada de Rosillo, por su parte, considera que el contenido de la carta de despido “no se sostiene” y que la decisión se adoptó como represalia hacia su cliente porque era “un actor molesto que intentaba cumplir y mejorar la seguridad de la empresa”.

En la actualidad, Petrologis Canarias está presidida por Miguel Domecq, cuñado de Arias Cañete. El exministro de Agricultura y Medio Ambiente le cedió el testigo en 2012, tras las elecciones generales, aunque mantuvo sus acciones en la petrolera hasta 2014, cuando fue designado responsable de Cambio Climático y Energía en la nueva Comisión Europea.