“Granadilla es el 3%”: los audios de la operación Lezo sobre las comisiones de OHL que comprometen a Coalición Canaria

Las grabaciones aportadas a la causa que se sigue por la llamada operación Lezo en la Audiencia Nacional apuntan directamente al corazón de Coalición Canaria. Directivos de OHL aparecen en los audios en poder del juez Manuel García Castellón comentando las comisiones repartidas entre al menos tres altos cargos de ese partido por obras relacionadas con puertos del Estado en la provincia de Santa Cruz de Tenerife: El Bufadero y Granadilla, en Tenerife, y La Estaca, en El Hierro. En todos los casos se habla de comisiones del 3%.

Tres de las 23 grabaciones incorporadas a la causa tienen como protagonistas a otros tantos dirigentes de Coalición Canaria: Luis Suárez Trenor, durante doce años presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Julio Bonis, consejero de Sanidad y de Presidencia en varios gobiernos autonómicos, y Antonio Castro Cordobez, que pasó por las consejerías de Agricultura y Obras Públicas hasta llegar a presidir el Parlamento de Canarias. Todos ellos aparecen expresamente mencionados en las grabaciones como receptores directos de esas comisiones del 3%. A Castro y a Suárez Trenor ya los menciona como investigados el juez García Castellón en sus últimos autos al entrar a analizar estas pruebas. Julio Bonis reside en México.

Tres hombres aparecen hablando en las tres grabaciones que involucran a dirigentes de Coalición Canaria. Uno de ellos parece ser el conocido como el Villarejo de OHL, Paulino Hernández, ex director de Obra Civil de la compañía, que grababa las conversaciones comprometedoras que fueron encontradas en su domicilio en el marco de una entrada y registro ordenada por el juez.

Los otros dos interlocutores son Feliciano Ramos, conocido como el Bárcenas de OHL, y Rafael Martín de Nicolás, ex director del departamento de Construcción de la compañía que preside Villar Mir.

En uno de los audios los tres interlocutores hablan del porcentaje de comisión que OHL supuestamente pagó por las obras del puerto de Granadilla, una millonaria infraestructura que no solo arrasó con fondos marinos de gran valor ecológico sino que, un año después de su inauguración ha demostrado su absoluta inutilidad por el régimen de vientos imperante en la zona.

Según este audio, OHL habría pagado una comisión del 3% sobre el presupuesto de una obra licitada por 114,5 millones de euros y el receptor habría sido el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, por aquel entonces tesorero de Coalición Canaria en Tenerife y más tarde implicado en el caso Fórum Filatélico, por el que dimitió discretamente desapareciendo del todo de la vida pública.

También se refieren los interlocutores a las obras en El Bufadero, en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde OHL construyó una terminal de contenedores que también fue objeto de una dura polémica que acabó en un procedimiento judicial finalmente archivado. La Fiscalía y el partido político Sí Se Puede denunciaron esa ampliación del muelle por levantarse en la desembocadura de un barranco, el de María Jiménez, y afectar al desagüe de la ciudad, que sufrió unas durísimas inundaciones en 2001 que fueron relacionadas con la obra.

Otro 3%, siempre según la grabación a la que ha tenido acceso este periódico, se repartió con motivo de las obras de ampliación del puerto de La Estaca, en El Hierro.

Otro alto cargo de Coalición Canaria señalado en los audios es Julio Bonis, del que se dice que recibía su mordida en su residencia de la Baja California, en México, donde lleva instalado desde que abandonó la vida pública: “Se lo estamos soltando en México, en la Baja California”, se escucha claramente en la grabación. Julio Bonis fue durante muchos años un personaje clave en el engranaje político y empresarial de los sucesivos gobiernos autonómicos de Coalición Canaria. No había operación empresarial con ramificación política de calado que no pasara por su intermediación, y de ahí probablemente que se le señale como presunto receptor de mordidas por parte de esta constructora.

En la grabación dos de los interlocutores dan a entender que Bonis cobra como representante de alguien, pero no se termina de concretar.

El tercer alto cargo señalado por los interlocutores que aparecen en estos audios es Antonio Castro Cordobez, otro personaje imprescindible en la historia de Coalición Canaria. Dirigente de la rama palmera de la organización, Castro ha ocupado altos cargos de la administración autonómica en los orígenes de CC, las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), conglomerado de partidos insulares del que la Agrupación Palmera de Independientes era fundamental. Ha ocupado las carteras de Agricultura y de Obras Públicas y es en esta última donde entabla contacto con las grandes constructoras nacionales.

El también ex presidente del Parlamento de Canarias ha negado cualquier implicación en los hechos por los que está siendo investigado. En recientes declaraciones a la cadena Cope, Castro manifestó que nunca ha participado “en cuestiones de ese tipo, si las ha habido”. “Espero que las cosas se aclaren pronto y sean rápidas porque es una situación muy desagradable para quien ha hecho durante tantos años las cosas de manera honrada y transparente”, dijo.

A pesar de que las obras en puertos del Estado son de competencia estatal, es preciso recordar que a los presidentes de las autoridades portuarias canarias los designa el Ministerio de Fomento a propuesta del Gobierno regional, y es esta administración, con el respaldo del Parlamento autonómico, la que autoriza o deniega las autorizaciones para esas grandes infraestructuras.

Así, obras polémicas como la del Puerto de Granadilla se enfrentaron desde el principio a la dura oposición de los movimientos ecologistas y de algunos partidos políticos, incluso de algunos dirigentes municipales de Coalición Canaria que veían en el proyecto un daño ambiental al municipio donde finalmente se instaló.

En Granadilla llegó a gobernar un alcalde del PSOE favorable a esa infraestructura que se enfrentó a su propio partido, contrario a la misma.

Los interlocutores también hacen mención al Partido Socialista, concretamente cuando uno de ellos asegura que “me consta que Antonio Castro reparte incluso al PSOE”. Sin embargo, no se señala ningún nombre, ni en la causa judicial hay señalado ningún socialista de Canarias.

Aún así, el Parlamento de Canarias tenía previsto entregar este mismo jueves a Antonio Castro la Medalla de Oro de la Cámara, un acto que fue aplazado hace tres días ante las informaciones que le vinculan con esta pieza separada de la operación Lezo.