Santurban reconoce sus irregularidades en la contratación municipal ofreciendo un pacto económico a los afectados
Los problemas nunca vienen solos y la debilidad extrema que está padeciendo esta legislatura el equipo de Gobierno del PP al frente del Ayuntamiento de Santander ha derivado en una acumulación de frentes abiertos que tiene a la alcaldesa, Gema Igual, y a sus concejales más cercanos, contra las cuerdas. La última crisis deriva de la posible cesión ilegal de trabajadores a través de la empresa Santurban, que puede tener graves consecuencias económicas para las arcas públicas del Consistorio.
Y es que esta sociedad municipal está sometida a una investigación por parte de las autoridades laborales, tras el expediente sancionador abierto por la Inspección de Trabajo, que detectó “irregularidades manifiestas” en la contratación de empleados mediante la orden de ayudas de corporaciones locales y que está pendiente de resolución.
El sindicato CCOO denunció hace unos meses que el objetivo del Ayuntamiento era “pagar lo menos posible a los trabajadores”, con una práctica que tacharon de “ilegal, discriminatoria e impresentable” y que ahora, según ha podido confirmar eldiario.es, la empresa pública municipal reconoce implícitamente al ofrecer un pacto económico a los afectados que habían iniciado sus reclamaciones por vía judicial.
Así lo confirmaron los servicios jurídicos de Santurban en la última reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado 2 de febrero, en la que se explicó que se habían comenzado los trámites para ofrecer un acuerdo en la parte económica, que viene a ser la diferencia entre el sueldo que tenían estos trabajadores en Santurban y el que les hubiera correspondido según el convenio del Ayuntamiento, para quien estaban trabajando realmente.
De esta forma, lo que pretende el Consistorio es evitar una catarata de denuncias ante el Juzgado de lo Social que podría tener consecuencias mucho más perjudiciales para sus intereses, ya que al margen de esas cantidades económicas -que los sindicatos calculan en unos 3.500 euros de media por trabajador-, los tribunales pueden dictar el despido como improcedente o incluso exigir la readmisión de esos empleados, convirtiéndolos en indefinidos no fijos e incorporándolos a la plantilla municipal hasta que se convoque una nueva oferta de empleo público que incluya esas plazas.
Alrededor de medio centenar de trabajadores que fueron contratados en la última tanda de la orden de corporaciones locales ya han denunciado al Ayuntamiento de Santander para exigir que se reconozcan sus derechos laborales. Aunque no todos están en la misma situación y los afectados deberán reclamar individualmente, esta cifra muestra el alcance del problema al que se enfrenta el Ayuntamiento.
Según ha explicado a este periódico la responsable de Administración Local de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Ángela Sobrino, solamente a través de este sindicato se han presentado 30 reclamaciones por la cesión ilegal de trabajadores que señaló la Inspección de Trabajo y han empezado a llegar las citaciones para el mes de marzo, ya que las fechas de los primeros juicios están puestas.
Consecuencias económicas
La repercusión económica para las arcas públicas municipales no se queda aquí. Al margen de la sanción que recaerá sobre el Consistorio de confirmarse el expediente de la Inspección de Trabajo -algo que podría demorarse en el tiempo, puesto que el proceso es muy garantista y todavía se está instruyendo, pero que todas las partes dan por hecho- está sobre la mesa la posibilidad de que el Ayuntamiento se vea obligado a devolver las subvenciones mediante las que contrató a estos trabajadores.
Dado que las contrataciones se produjeron mediante el programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones locales de la comunidad
autónoma para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social, pero que está cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo, cualquiera de estas entidades están en disposición de exigir la devolución de las cantidades aportadas al incumplir los requisitos impuestos.
Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander están siguiendo muy de cerca este asunto, con un diálogo permanente entre ellos, y la opción de exigir la dimisión de la segunda teniente de alcalde y concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial, Ana Maria González Pescador (PP), de confirmarse las peores perspectivas para el Consistorio como responsable de esta gestión es una realidad que ya se ha comenzado a debatir.
Además, el equipo de Gobierno del PP ha paralizado la segunda ronda de contrataciones, que debería estar concluida a estas alturas y que iba a suponer la incorporación de otros 131 empleados. Dadas las circunstancias, y sin la certeza de que ese proceso pueda llevarse a cabo a tiempo por el horizonte judicial que tiene por delante el Ayuntamiento, lo más probable es que directamente se renuncie a llevarlo a la práctica para no agravar aún más la situación.
