La lucha contra el fracking vuelve a la primera línea política después de unos meses de letargo. Esta semana, de la mano del sindicato ganadero UGAM-COAG, el rechazo al permiso 'Luena' llegará hasta el Parlamento Europeo en Bruselas, donde el abogado de la organización, Raúl Hernández, protagonizará el martes 27 de enero una comparecencia ante la Comisión de Peticiones para solicitar que se anule la concesión en base a “criterios medioambientales”.
De esta forma, UGAM-COAG trasladará una petición de anulación del permiso 'Luena' teniendo en cuenta la “más que probable” afección a Lugares de Interés Comunitario (LIC), su impacto en la zona pasiega y en los acuíferos que abastecen de agua potable a un gran número de ciudadanos en toda la comunidad autónoma.
La Asamblea contra el Fracking de Cantabria se ha pronunciado al respecto y ha valorado “positivamente” la iniciativa del sindicato. De hecho, la plataforma antifracking ha mostrado públicamente su esperanza de que esta petición “no caiga en saco roto” y ha reclamado a los políticos cántabros de partidos que tienen representantes en el Parlamento Europeo que exijan un “claro apoyo” a la iniciativa de UGAM-COAG votando a favor de la anulación del permiso 'Luena'.
Este proyecto cuenta con la licencia de investigación de hidrocarburos concedido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el 22 de enero de 2011 a favor de la sociedad Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. por un periodo de seis años y sobre una superficie cercana a las 75.000 hectáreas en territorio de Cantabria y Castilla León.
Según refleja el permiso firmado por el ministro socialista Miguel Sebastián, Repsol tiene derecho a realizar trabajos de geología y geofísica durante los tres primeros años, para comprobar los riesgos sísmicos, y a la perforación de un sondeo para, en función de los resultados obtenidos, renunciar al permiso o continuar con el programa exploratorio. A partir de ahí, Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A. se compromete a una serie de inversiones económicas para explotar el potencial del permiso 'Luena'.
No será la primera vez que el rechazo al fracking llega a Bruselas. En 2011, un informe de un organismo dependiente del Parlamento Europeo alertó de los peligros de la fractura hidráulica y cuestionó su desarrollo en Europa ante el riesgo que podría suponer la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y en la salud humana.
Entre las críticas que exponía el informe elaborado por un equipo multidisciplinar de especialistas de todo el continente se hablaba de la ausencia de una normativa “amplia” que establezca una legislación “eficaz” sobre la minería europea y hacía hincapié en las “lagunas” del marco jurídico de la Unión Europea sobre la fracturación hidráulica.
Ahora, la petición de UGAM-COAG reabre una de las reivindicaciones que ha marcado la legislatura en Cantabria, con movilizaciones y protestas de colectivos sociales que obligaron al Parlamento autonómico a posicionarse. Sin embargo, la ley aprobada en la Cámara regional con el apoyo unánime de todos los grupos políticos para prohibir el fracking en suelo cántabro fue suspendida por el Tribunal Constitucional y el Gobierno de España ha mostrado reiteradamente su defensa de esta técnica. Así, el fracking regresa a la agenda mediática a las puertas de la campaña electoral.
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