El año de transición para los proyectos eólicos en Cantabria: un mapa de exclusión, discrepancias y la mirada en El Escudo

La confianza es, según la Real Academia Española de la Lengua, la esperanza firme que se tiene de alguien o de algo. Precisamente, esta palabra podría ser la más destacada de este 2022 en cuanto a los proyectos eólicos en Cantabria, pero no porque esté presente sino más bien por lo contrario. Se puede comenzar hablando de la falta de confianza de los colectivos vecinales respecto a que el Gobierno autonómico respete los parajes naturales, pero se puede continuar con la falta de seguridad que sienten los vecinos respecto a las empresas y los cánones que han anunciado que repartirán.

Pero la confianza también falla en sentido contrario, y el Ejecutivo autonómico también tiene recelo de que alguno de los parques que se proyectan no se llegue a ejecutar por la presión popular o porque los juzgados lo tumben. Encontrarse en periodo preelectoral tampoco ha aportado tranquilidad en el ámbito político, y las discrepancias con alcaldes de su propio color no han contribuido a crear ese clima colaborativo que quizá esperaban encontrar.

Incluso las propias empresas inversoras tampoco pueden mostrar excesiva confianza en los proyectos más avanzados como el de El Escudo ya que, como publicó este periódico en junio, la aparición de los restos arqueológicos de un castillo y un campamento romanos en plena Sierra del Escudo, en Cantabria, podría afectar a la construcción del parque.

Los cánones y el mapa de exclusión

Pero más allá de quién confíe en quién, lo que está claro es que este año tampoco ha supuesto el fin de las discrepancias en cuanto a la energía eólica en Cantabria. Así, el debate comenzó en marzo con la promesa de Biocantaber, una de las empresas promotoras, de que no convertiría la comunidad en un “macroparque” y con la disposición de dialogar con los vecinos de los lugares afectados. Dichas declaraciones se produjeron durante un encuentro que tuvo la compañía con periodistas en el que también aseguraron que habría cánones destinados a los ayuntamientos y vecinos para contrarrestar los efectos negativos de los molinos.

Unas semanas después, fue el propio consejero de Ordenación del Territorio, José Luis Gochicoa, quien anunció que la Administración debía ir más allá a la hora de exigir estas compensaciones a las empresas y que incluirían un artículo en la futura Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria (LOTUCA) en el que “se establecerá un canon que bonifique a los vecinos, tanto de manera directa como indirectamente, prácticamente en su totalidad”. Así, el consejero regionalista ponía de ejemplo la reducción de la factura de la luz o programas de fomento del empleo o de conciliación de la vida familiar para los afectados.

Por su parte, los colectivos contrarios a los eólicos respondieron entonces que temían que estos cánones fuesen “humo” y que tuviesen como objetivo “dividir a los vecinos”: “Lanzan los cánones al aire, pero con el tiempo eso, sumado a lo demás, va debilitando y ganando terreno. Solo nos queda ir aguantando esos tirones”, explicaron desde la Plataforma en Defensa de los Valles Pasiegos.

En cambio, no fue hasta el 12 de abril cuando surgió una nueva batalla entre el Gobierno y las plataformas contrarias a los eólicos producida por el mapa de exclusión eólica, y es que este plano contemplaba que aproximadamente el 6% del territorio cántabro era susceptible de convertirse en parques, aunque no lo hacía de forma totalmente oficial. “Es papel mojado desde que lo presentaron porque esta clase de protección tiene que venir avalada por legislaciones y criterios objetivos ambientales, y en este caso no se ha hecho”, explican a este periódico desde los colectivos vecinales contra los eólicos.

En el otro lado, el responsable del área en Cantabria argumentaba en una reciente entrevista con elDiario.es que, respecto a la seguridad jurídica, se está “avanzando” en esos informes que incluyen criterios ecológicos, ambientales y sociales para que el Estado dé su visto bueno no tanto al mapa, sino a los criterios que se utilizaron para elaborarlo: “Estamos informando de las causas concretas y los motivos de fondo de por qué un determinado parque eólico no puede instalarse en una zona concreta para que el Ministerio lo tenga en cuenta en sus declaraciones de impacto ambiental”, declaraba Gochicoa a elDiario.es.

Aun así, el político regionalista también aclaraba que parte del objetivo del mapa respondía a que las empresas instaladoras no “asustasen” a la población con los proyectos y para que supiesen qué zonas eran o no propicias para albergar los parques. Sobre ello, los colectivos antieólicos ponen el ejemplo de Bustasur, un parque que tiene tres aerogeneradores en zona de exclusión eólica y para el que el Ejecutivo ya ha sacado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA): “¿Para qué sirve este mapa si en la segunda DIA publicada no lo cumple el propio Gobierno de Cantabria? Además, el mapa de exclusión eólica deja justamente como libre de construcción varias de las superficies donde ya hay proyectos en tramitación, de manera que parece bastante claro que se ha hecho para dar legitimidad a varios de estos proyectos”, afirman.

23 parques en tramitación

De acuerdo con la información del Gobierno autonómico en su propia cartografía actualizada, actualmente habría 19 parques en tramitación por la vía autonómica al contemplar menos de 50 megavatios de energía, y otros cuatro van por la vía del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ya que producirán más de medio centenar de megavatios.

No obstante, tal y como cuentan desde los colectivos vecinales contrarios, tampoco es una cifra que se pueda saber con exactitud: “Hemos pedido al Miteco información sobre varios polígonos eólicos de los que que pensamos que la empresa ha renunciado y no nos han contestado incumpliendo la transparencia en el proceso y el convenio sobre acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. No nos facilitan el trabajo y, además, hace una semana se han sacado a información pública otro par de polígonos más, así que la información completa esperamos que la tenga el Gobierno de Cantabria”, denuncian.

Sin embargo, a pesar de que no parece haber un número concreto, el consejero de Industria, Francisco Javier López Marcano, anunció hace menos de un mes que en 2023 ya “debería haber” algún parque eólico en construcción en la comunidad: “Espero que los primeros parques eólicos de Cantabria estén en marcha cuanto antes”, se aventuraba a opinar el dirigente regionalista.

Un mes antes, en octubre, Revilla concedió una entrevista a este periódico en la que se quejaba del “discurso de que las energías renovables son necesarias pero al lado de mi casa no”, algo que al colectivo antieólicos le ha hecho preguntarse cuál es el objetivo real de esta transición energética que se está tachando de “necesaria”: “Si el objetivo es que las multinacionales energéticas no pierdan beneficios, los habitantes de las zonas afectadas merecen saberlo, y si el objetivo es dejar de emitir CO2 a la atmósfera, nos tiene que explicar por qué los dos polígonos eólicos aprobados hasta la fecha, El Escudo y Bustatur, afectan muy negativamente a los mayores sumideros de carbono naturales, las Turberas, protegidas por la política medioambiental europea”, argumentan.

Asimismo, creen que el quid de la cuestión es que “llenar los montes de aerogeneradores no arregla nada en el medio plazo”: “La solución tiene que venir por fomentar un menor consumo, que será inevitable de aquí a pocos años, redes de transporte de energía mucho más cortas y una política decidida de autoconsumo. Hablamos de aprovechar y reaprovechar las infraestructuras ya existentes, como por ejemplo las pequeñas centrales hidroeléctricas. Aquí estamos ante una avalancha de proyectos para pillar subvenciones europeas. Así de claro. Esta transición que quieren hacer, cuando te pones a estudiarla, te das cuenta que tiene más de transición económica que de ecológica. No se puede seguir creciendo infinitamente en un planeta finito”, insisten.

Desde el Ejecutivo han reflejado en varias ocasiones que es el parque de El Escudo el más “avanzado”, algo que choca frontalmente con el hallazgo que hizo el historiador José Ángel Hierro y que confirmó en exclusiva elDiario.es a mediados de año al encontrar restos arqueológicos de un castillo y un campamento romanos en plena sierra y, por tanto, dentro de lo que sería el parque.

Respecto a este tema, tal y como cuentan desde el colectivo, “no conocen ninguna novedad”: “La respuesta a El Escudo la están gestionando, entre otros, un grupo de trabajo a través de la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica, y sabemos que tienen fundamento jurídico para pararlo. Otro de los grupos que está luchando jurídicamente es la Plataforma por la Defensa del Sur de Cantabria, que además de alegar a El Escudo y al resto de polígonos, también pide la nulidad de todo lo tramitado por los flagrantes incumplimientos legales”, advierten,

Así que por el momento, parece que 2023 se plantea movido en cuanto a novedades en este ámbito y el propio Gochicoa adelantó que próximamente la Consejería de Medio Ambiente dará “respuesta a esas declaraciones de impacto ambiental” para los proyectos pendientes: “Es posible que el próximo año se empiecen a desarrollar parques eólicos en Cantabria”, afirmó.

Entre tanto, las plataformas contrarias a los eólicos han lanzado un crowdfunding para crear “una bolsa de resistencia” que les permita parar lo que consideran que es una “burbuja” de proyectos. Así, del objetivo inicial de 6.000 euros, ya han conseguido alcanzar más de la mitad, algo que les ayudará a desarrollar ese trabajo jurídico que les permita “hacer cumplir las leyes medioambientales de Cantabria”. Por lo que lejos de arreglar las desavenencias, parece que la falta de confianza se ha hecho cada vez más acuciante en un 2022 marcado por ser el año de transición entre la aparición de los proyectos que ocurrió en 2021 y su futura construcción, si llegara a producirse, en 2023.