La Fiscalía pide el archivo de la demanda de Salvador Blanco contra Julio Revuelta

El juicio entre el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, y el secretario general de Podemos, Julio Revuelta, ha quedado visto para sentencia. Ambos dirigentes se han visto las caras este viernes en el Juzgado de Instrucción número 10 de Santander por unas declaraciones en las que Revuelta acusaba a Blanco de “gestión irregular” de fondos públicos, lo que derivó en una demanda por un supuesto delito de “intromisión ilegítima al honor” presentada por el máximo responsable de Sodercan.

La principal novedad del juicio se encontraba en conocer el posicionamiento de la Fiscalía, que en la exposición de conclusiones ha defendido el derecho a la libertad de expresión recogido en la Constitución y que, según ha dicho, conlleva “opiniones subjetivas”. Así, ha pedido que se archive la denuncia y se absuelva al dirigente de la formación morada.

En la demanda, presentada el pasado 26 de septiembre, Blanco acusaba a Revuelta de identificarle con “conductas delictivas” y de menoscabar su “honestidad” y “honradez”. Por ello, no pedía indemnización económica -un euro simbólico-, pero sí que se retractara públicamente.

El detonante fueron unas declaraciones realizadas en La Ventana de la Cadena Ser en las que el secretario general de Podemos había “vinculado” a Blanco con el robo de dinero público y lo acusaba de haber derrochado fondos de Sodercan en beneficio propio. 

Las manifestaciones del líder de Podemos estaban basadas en las “irregularidades” detectadas en una auditoría de la empresa pública y en el fracaso empresarial de GFB, la fábrica de fibroyeso ubicada en Orejo en la que participó Sodercan y que fue a quiebra tras una inversión pública cercana a los 40 millones de euros.  

Sobre estas dos cuestiones ha girado la vista, que se ha prologando durante casi una hora y media y que ha sido pública pese a la solicitud cursada en sentido contrario por el abogado de Blanco. También fue rechazada su petición para que se añadiera como prueba documental la convocatoria hecha por Podemos, que a través de la redes sociales instó a sus simpatizantes a manifestarse este viernes frente a las Salesas. Unas 20 personas han secundado la protesta y han mostrado su apoyo a Revuelta, a quien han vitoreado a la entrada y salida de los juzgados. 

“No hay ilícito penal”

En su defensa, Blanco ha insistido en que el informe de intervención sobre la gestión de Sodercan enumera 45 “recomendaciones” que en su mayoría ya habían sido puestas en marcha y, por el contrario, ha subrayado que no recoge ningún tipo de “ilícito penal”.

En cuanto a GFB, ha asegurado que él no intervino hasta que fue nombrado consejero delegado en 2008 y ha afirmado que los administradores concursales reconocieron su labor poniendo “en orden” la comprometida situación económica de la fábrica. Igualmente, ha explicado que sobre el caso, que acabó en los juzgados, existen dos autos: uno en el que la Audiencia habla de “derroche” y que en ningún caso se refiere a su persona sino a “otros actores”, y otro en el que se le imputaba un único delito de “fraude de subvenciones en grado de tentativa” que fue archivado. 

En esta línea, el abogado del consejero delegado de Sodercan ha sostenido que Revuelta no se ha leído la sentencia sobre GFB y le ha acusado de faltar a la verdad, así como de “descontextualizar” la auditoría y “adaptarla a su relato” con fines políticos y atacar la “línea de flotación”. 

Blanco ha apuntado que durante 36 años ha trabajado en administraciones públicas en puestos de responsabilidad “por mi condición de técnico” -no milita en ningún partido, ha precisado- y en todos ha gestionado con “lealtad” y “jamás” ha tenido “ningún problema”. Así, ha achacado el “linchamiento” de Podemos -en palabras de su abogado- “no por sus actos sino por el puesto que ocupo” y ha dicho sentirse “víctima”.   

“Demanda temeraria”

Por su parte, Revuelta, cuyo testimonio ha sido mucho más escueto, ha señalado que en la demanda se le atribuyen expresiones que él no ha pronunciado y ha recalcado que en ningún caso ha imputado a Blanco ningún delito, sino “responsabilidades políticas”.

Asimismo, ha sostenido que a lo largo de las 266 páginas de la auditoría que hace referencia a cuatro años de Sodercan se ponen de manifiesto “cuestiones graves” y ha contextualizado sus críticas en la “dinámica política”, recordando que el Parlamento de Cantabria, con los votos de PP, Ciudadanos y su partido, ha reclamado el cese de Blanco hasta en tres ocasiones.

Para su abogada, el responsable de Sodercan ha pretendido “acallar” con una “demanda temeraria” la libertad de expresión e impedir que se traslade a los ciudadanos el debate parlamentario. Por ello, ha pedido que Revuelta sea absuelto y Blanco condenado a pagar las costas. 

A la conclusión del juicio, el secretario general de Podemos, respaldado por la resolución de la Fiscalía, ha asegurado ante los medios de comunicación estar “tranquilo” y “orgulloso”, al mismo tiempo que ha incidido en que el informe sobre Sodercan es “muy grave” y ha exigido a Miguel Ángel Revilla que “deje de hablar de las irregularidades de los demás y ponga orden en el Gobierno de Cantabria”.