Las salas de apuestas 'sortean' el endurecimiento de la Ley del Juego de Cantabria con permisos previos

El incremento del número de adictos al juego, que se inician a una edad cada vez más temprana, y la rápida proliferación de locales de apuestas en las calles durante los últimos años, provocó que el Gobierno de Cantabria tomara cartas en el asunto durante la tramitación de los últimos presupuestos, con un endurecimiento de la Ley del Juego que las salas de apuestas están 'sorteando' ahora utilizando permisos y autorizaciones previas a la entrada en vigor de esta normativa.

Así lo ha reconocido el propio Ejecutivo autonómico por boca de su consejera de de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), que fue quien impulsó esta modificación legal que impide, entre otras cosas, la instalación de estos locales a menos de 500 metros de los centros educativos y que entró en vigor el pasado 1 de enero dentro de la conocida como Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de Cantabria para 2020.

Y así lo ha expresado la propia responsable del área después de que el PSOE de Santander alertara de la ubicación de una sala de juego y apuestas cerca de tres centros educativos de Cazoña -el instituto de Secundaria Leonardo Torres Quevedo y los colegios Fuente de la Salud y Santa María Micaela-, que ha despertado la preocupación y las primeras protestas de padres y madres de los alumnos escolarizados ahí.

Según han aclarado desde el Gobierno de Cantabria, algunos establecimientos de apuestas que tienen previsto inaugurarse próximamente en Santander tenían autorización previa, un resquicio que les permite continuar con sus planes y evitar previsiblemente el endurecimiento de la normativa que tiene como objetivo precisamente eso: que esos locales no estuvieran en el entorno de los colegios e institutos.

Este es el caso de la sala de apuestas que se pretende instalar en la calle Leonardo Torres Quevedo, con autorización de 2019, y otra que no había trascendido en la calle Los Ciruelos, que la tiene desde 2018, según han precisado desde el Ejecutivo regional. “A partir de ahora, ninguna más”, ha subrayado Paula Fernández en declaraciones a la prensa.

Problemas de adicción

Cuando se aprobó este endurecimiento de la normativa, -que incluyó también un aumento de la tasa de las apuestas en dos puntos, del 10 al 12%-, el Gobierno alegó que las casas de apuestas están provocando “una rápida adicción y generando un problema de salud pública y social”, por lo que consideró necesario “contribuir a evitar o al menos sufragar el coste con esta limitada subida del tipo de gravamen”.

Según datos de la Consejería de Presidencia, en el año 2019 se autorizaron un total de 40 salones de juego, frente a una media de 20 por año en el periodo 2010 a 2017, “un número muy elevado para la superficie y población de Cantabria”.

Por estos motivos y como medida de prevención, se modificó la Ley de Juego de Cantabria con objeto de establecer un régimen de distancias entre los distintos tipos de establecimientos de juego, así como entre estos y centros educativos y de rehabilitación de juego patológico.

Esta medida se basó en “la realidad social manifestada en los últimos años”, ya que el Servicio de Juego y Espectáculos ha detectado “un cambio en el perfil de los jugadores, que cada vez son más jóvenes”, probablemente debido al juego online, que en España entró en vigor en el año 2011, destacando como especialmente atractivas para ellos las apuestas deportivas, que también se pueden practicar en los establecimientos de juego en su modalidad presencial.

Tal y como detalla el Gobierno, se ha detectado que la población que más sufre la adicción al juego son los jóvenes en una franja de edad entre 18 y 25 años, que pueden tener acceso libre a los locales de juego, al ser mayores de edad. Sin embargo, si con esa edad ya han desarrollado adicción es porque iniciaron los hábitos de juego años antes, en muchos casos durante su edad escolar. Por estos motivos y como medida de prevención se incorpora el requisito de distancia mínima a centros docentes.