La ponencia del recurso de inconstitucionalidad de Cantabria contra la amnistía recae en el exministro Campo

El recurso de inconstitucionalidad que ha presentado este lunes el Parlamento de Cantabria contra la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional (TC) ha recaído en el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo, si bien se espera que se abstenga, tal y como ha hecho respecto a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo (TS).

Cinco de las comunidades autónomas gobernadas por el PP -Andalucía, Aragón, Madrid, Cantabria y Murcia-, más Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, han presentado este lunes recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, sumándose así al formulado el pasado jueves por el propio PP y a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo.

También el Parlamento de Cantabria ha recurrido la amnistía -con votos a favor del PP y Vox; la abstención del PRC y en contra de PSOE- al entender que “vulnera el principio de legalidad entre los españoles”. Está previsto que, en el caso del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, también lo haga los próximos días.

La corte de garantías ha repartido el trabajo este mismo lunes, adjudicando a Campo el recurso de Cantabria, conforme al turno establecido. Sin embargo, fuentes del TC consultadas por Europa Press avanzan que el que fuera miembro del Gobierno de Pedro Sánchez se abstendrá, por lo que la ponencia recaerá sobre el siguiente magistrado en la lista, el conservador César Tolosa.

Campo ya se ha abstenido en los dos asuntos relativos a la amnistía que estaban hasta ahora en el TC. El recurso de amparo presentado por un particular en noviembre de 2023 -cuando la ley aún se estaba negociando- y en la pregunta realizada por el TS. En ambos casos, su decisión de apartarse se debe a que cuando era ministro de Justicia dijo que la amnistía era “claramente inconstitucional” en los informes sobre los indultos a los condenados por el 'procés'.

Aunque el Pleno debe validar su abstención -un debate en el que se adentrará en su cónclave de esta semana-, se espera que la ratifique con un apoyo transversal, ya que tanto desde el ala progresista como desde la conservadora se ve como un caso claro, apoyándose en dos argumentos: que emitió opinión en un documento oficial que formaba parte de un procedimiento y que lo hizo hace relativamente poco, unos tres años.

En cuanto a los demás recursos de inconstitucionalidad, el presentado por Castilla-La Mancha se ha encargado a Concepción Espejel, magistrada enmarcada en el sector conservador; el registrado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, a la progresista María Luisa Segoviano; el de Galicia, al conservador Enrique Arnaldo; y el de Andalucía, al también conservador Ricardo Enríquez.

Otras comunidades autónomas han duplicado, impugnando desde su Ejecutivo y su Legislativo. Así, la magistrada progresista Laura Díez se ocupará de la ponencia sobre el recurso presentado por las Cortes de Aragón, mientras que Tolosa se encargará del formulado por el Gobierno aragonés. Y los progresistas María Luisa Balaguer y Ramón Sáez tendrán que redactar las ponencias de los firmados por el Parlamento y el Gobierno de Murcia, respectivamente. El Parlamento de Cantabria la ha registrado el pasado viernes.

Recusaciones

El recién llegado al TC, el magistrado conservador José María Macías, será el ponente del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, cuya admisibilidad se verá en el Pleno agendado para el 24 de septiembre.

La cuestión de inconstitucionalidad del Supremo, por otro lado, está en manos del magistrado conservador Ricardo Enríquez. Y, previsiblemente, se admitirá a trámite en el Pleno que se celebrará desde este martes.

Si bien todos los recursos de inconstitucionalidad se dirigen contra la ley de amnistía, solo los de PP, Madrid, Galicia y Andalucía van acompañados de recusaciones contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, Campo y Díez.