El TSJC condena al Gobierno cántabro a invertir 3,7 millones pendientes en los servicios de bomberos

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha condenado al Gobierno regional a invertir 3,7 millones de euros pendientes en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, correspondientes a lo recaudado por el consorcio de compañías aseguradoras Unespa entre los años 2018 y 2022.

En una sentencia notificada el 2 de septiembre, el TSJC estima así la petición de un grupo de 58 bomberos de Cantabria que de forma particular acudieron a la Justicia para denunciar que “históricamente se está dando un mal uso” a la aportación que Unespa realiza a las administraciones con lo que recauda mediante impuestos a través de las pólizas de seguros para compensar las labores de prevención de accidentes que realizan los servicios de emergencias.

En concreto, reclamaron lo correspondiente al periodo de 2018 a 2022, en el que Cantabria recibió más de 7,4 millones de euros en este concepto y de los que el Gobierno ha justificado en torno a la mitad, si bien los bomberos se quejan de que ni siquiera esa parte corresponde a inversiones reales en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) sino que se ha destinado a gastos corrientes, como pago de nóminas o de combustible, rescates en cuevas, Protección Civil, etcétera.

La otra mitad sin justificar, unos 3,7 millones, es lo que el TSJC ha obligado a invertir al Gobierno en el SEMCA. Una vez que la sentencia sea firme --aunque contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo--, el Ejecutivo tendrá tres meses de plazo para llevar a cabo los trámites que den pie a la ejecución de esos fondos y con ello al cumplimiento de la condena, lo que podría materializarse mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno que comprometa esa inversión. A continuación, “lo normal” sería que la partida se incluyera en los Presupuestos Generales de Cantabria para 2025.

Además, los bomberos denunciantes prevén reclamar también la inversión de la cantidad aportada por las aseguradoras en 2023 y 2024, años en los que no ha habido “ningún gasto en el servicio” con esos fondos.

Los portavoces del colectivo, Josué Castillo, Roberto Labrada y Eugenio Saenz de Miera, acompañados por el abogado Javier Calzadilla, han ofrecido este miércoles una rueda de prensa en el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de Torrelavega para dar a conocer este fallo judicial que, como han explicado, llega después de uno similar en Asturias que abrió la puerta a denunciar a varios servicios de emergencias del país en la misma situación.

Y es que, como han explicado, “históricamente se está dando un mal uso” a los fondos de Unespa en toda España, pero “nadie se había atrevido” a acudir a los tribunales hasta que lo hicieron los compañeros asturianos.

Además, han subrayado que es “un tema grave” porque “la seguridad ciudadana de Cantabria está en riesgo” al no invertirse lo necesario. De hecho, han destacado que “chirría mucho” que no se destine el dinero que por ley tiene que ser para los servicios de emergencias cuando la situación es “bastante nefasta” en cuanto a infraestructuras y medios, con parques de bomberos que “se caen a trozos”, vehículos “obsoletos” y trajes que no cumplen la normativa.

“Solo la profesionalidad de estos señores permite que los ciudadanos estén seguros”, ha advertido su abogado.

En 2023 el Parlamento aprobó una ley que obligaba a invertir en dinero de Unespa en el servicio de bomberos, pero han lamentado que “ni así lo cumplen”. Al respecto, Calzadilla ha indicado que el Gobierno cántabro defendía que en la ley autonómica hasta ese año no se recogía “expresamente” que los fondos de Unespa solo pudiesen ser para inversión real, pero el TSJC ha determinado que “estaba claro” que tenía que ser así incluso antes de esa norma.

En este sentido, la sentencia del tribunal cántabro alude a una del Tribunal Supremo de noviembre de 2020 en la que señaló que esos fondos tenían que destinarse “única, integra y exclusivamente a inversiones reales”. Desde entonces, muchos parques de bomberos han reclamado y están siendo atendidos por los tribunales, que “no por las administraciones”, han subrayado.