Los recortes llevan al INE a una situación insólita en la gestión del voto por correo
La dirección y el personal del Instituto Nacional de Estadística (INE) mantienen desde hace semanas un enfrentamiento que “pone en riesgo” el derecho de sufragio de los electores que han solicitado el voto por correo. Ese conflicto, provocado por los recortes en las condiciones laborales, ha obligado al INE a tomar una medida “insólita”: recabar de urgencia los servicios de funcionarios de otras administraciones públicas para intentar cumplir los plazos legales.
En un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, la Asociación de Estadísticos Superiores del Estado (AESE) pone en conocimiento del secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, que el INE está desbordado, que “no está siendo posible mantener los habituales controles de calidad en la gestión del voto” y que “en muchas casos parte del trabajo está siendo asumido por personal sin la adecuada formación”.
Y todo ello, advierte, coincide con un aumento “espectacular” del número de solicitudes de voto por correo CER (electores españoles residentes en España). El plazo se cerró este jueves con un total de 1,45 millones de peticiones admitidas a trámite, el doble de la de los comicios del 20 de diciembre, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio del Interior. “Los últimos días del proceso van a ser especialmente duros dado que en ellos se acumula una enorme cantidad de voto por correo”, continúa exponiendo.
AESE y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO critican que el director del INE, Gregorio Izquierdo, no haya tomado las medidas oportunas para solventar la “grave” situación administrativa y laboral creada en la institución y lamentan la “pérdida de credibilidad e imagen” tanto de la Oficina del Censo Electoral (OCE) como del Instituto.
Por ello, estas organizaciones solicitan que, “con la máxima urgencia”, se restablezcan los derechos laborales de los trabajadores en las mismas condiciones que en los anteriores procesos electorales.
El conflicto
Tradicionalmente, el personal laboral fijo de las delegaciones provinciales del INE que participa en los procesos electorales percibe unas gratificaciones por trabajar fuera del horario ordinario, en días festivos y durante los fines de semana. En abril, una resolución de la Inspección de Trabajo dictaminó que estas tareas fuera de la jornada laboral tenían que tener la consideración de horas extraordinarias.
A raíz de esa notificación, el 13 de mayo, ya con el proceso electoral en marcha, la dirección del INE modificó sin negociación alguna el sistema retributivo “vigente durante décadas”, provocando que gran parte del personal se haya negado a participar fuera de la jornada laboral que el proceso electoral demanda.
Los sindicatos han intentado sin éxito negociar una solución pero no han encontrado una respuesta favorable de la dirección del INE, que incluso no se presentó a la mesa de diálogo convocada a tal efecto. Así, a pesar de que cuenta con personal que está dispuesto a realizar este trabajo electoral, el Instituto se ha visto obligado a 'tirar' de personal de subdelegaciones de Gobierno y de organismos como el Instituto Geológico Minero o el Instituto Español Oceanográfico.
“Cambio de rumbo radical”
El escrito de Asociación de Estadísticos Superiores del Estado, fechado el 16 de junio, concluye haciendo un llamamiento a un “cambio radical de rumbo imprescindible” en muchos ámbitos del INE, el cual debe ser abordado, a su juicio, por “nuevos equipos” que aporten una revisión renovada e impulsen una nueva etapa en la institución.
Además de las discrepancias por la gestión del proceso electoral, desde AESE también denuncian al comienzo de la carta remitida al secretario de Estado de Economía la “opacidad” y el “oscurantismo” administrativo del presidente y la secretaria general del INE, Natividad Domínguez, en la tramitación administrativa de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
Igualmente, recuerda que en los últimos meses se ha sucedido en los tribunales una “cascada” de sentencias desfavorables para la institución y que la secretaria general y una jefa de área “están siendo investigadas por un asunto de compra de locales”.
