Solo el 2% de los castellanomanchegos bajo el umbral de la pobreza percibe rentas mínimas

Tan solo el 2% de la población bajo el umbral de la pobreza en Castilla-La Mancha, que supone un total de 10.246 personas, se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas en todas sus modalidades, según se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción, correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y ha difundido la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Estos datos se conocen tras la polémica en Castilla-La Mancha por la derogación parcial del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) para la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En este contexto, y en medio de las críticas de partidos políticos como IU y Podemos o de colectivos como el Colegio Oficial de Trabajo Social, dicho informe desvela que la región castellanomanchega, con un total de 2.032.863 habitantes, presenta 510.249 personas en riesgo de pobreza, lo que supone el 25,1% del total de sus moradores. De ese total, solo 10.246 se benefician de rentas mínimas.

En cuanto a la cuantía media por perceptor de las rentas mínimas de inserción supone el 14,86% de la renta media por hogar en Castilla-La Mancha que se sitúa en 28.904 euros. En este caso el gasto por titular de la Renta Mínima de Inserción es de 4.904 en la región, frente a los 5.779 de la media nacional.

A nivel nacional, solo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España, en total 697.124 personas, se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas, según se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y ha difundido la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Diferencias entre autonomías

Las diferencias entre comunidades son importantes, ya que País Vasco y Navarra, tienen porcentajes que suponen el 70% y el 63% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo cuatro comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% -Baleares, Aragón, Catalunya y Castilla y León- y las otras nueve restantes no alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%.

Para el colectivo de Gerentes de Servicios Sociales, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital ha sido “una magnífica noticia”, pero lamenta “las expectativas de la gente que peor lo pasa se están viendo frustradas”. “Lejos de cumplir con los objetivos con los que se anunció, están generando angustia y frustración en el millón de solicitantes que se encuentran atrapados en el laberinto burocrático de una norma con diseño farragoso en los trámites, inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos con las personas más vulnerables”, sostienen los directores y gerentes en servicios sociales.

Ante esta situación, solicitan al Gobierno que pongan en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital. Y a las comunidades autónomas que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, “para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral”.

Carta de los trabajadores sociales a la consejera

Precisamente, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ha remitido una carta a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en la que, entre varias cuestiones, muestra su sorpresa por la derogación parcial del IMS, la renta mínima castellanomanchega, y por cómo se está realizando el proceso de transición con el Ingreso Mínimo vital. En la misiva, este colectivo de profesionales le reprocha varias contradicciones y falta de precisión en torno a las prestaciones y metodología para garantizar las prestaciones sociales en la comunidad autónoma.

“Las y los profesionales del Trabajo Social que representa este Colegio hemos asistido atónitos al cruce de declaraciones que han puesto de manifiesto que no existe un plan de acción claramente definido por parte de la Consejería de Bienestar Social de cómo compatibilizar el Ingreso Mínimo Vital con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales dirigidas al abordaje de las situaciones de pobreza y/o exclusión social, y lo que es más grave aún sin que haya apenas referencias al Ingreso Mínimo de Solidaridad y cómo va a quedar configurando este en 2021”, argumentan.

Finalmente, proponen, no solo el mantenimiento del IMS, sino reconfigurar y unificar el actual sistema de prestaciones económicas generando una nueva prestación que complemente al IMV, con el objeto de garantizar tanto “un mínimo de ingresos a aquellas personas que quedan fueran del marco de protección de la garantía de ingresos”, como para complementar ingresos del sistema prestacional cuyas cuantías queden por debajo del umbral de la pobreza severa.