Quantum señala “ciertas irregularidades” en la tramitación de la DIA de las tierras raras
Quantum Minería, la compañía que ha puesto en marcha el proyecto de extracción de tierras raras en la provincia de Ciudad Real, ha anunciado que recurrirá la decisión de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El Consejo de Gobierno aprobó la semana pasada la Declaración de Impacto Ambiental negativa de la iniciativa, y desde el Ejecutivo afirmaron que “no hay posibilidades” de que ningún proyecto de este tipo salga adelante en la zona de Campo de Montiel.
La compañía ha explicado que la noticia “no les ha sorprendido”, debido a que el proyecto se había desestimado tanto por parte de Emiliano García-Page, presidente de la Comunidad Autónoma como de Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. “Incluso antes de que se presentaran los informes técnicos”, recalcan en un comunicado. Por eso, aseguran que la resolución de la DIA “responde a prejuicios y motivaciones políticas más que a razones rigurosamente técnicas”.
A pesar de esto, el equipo de Quantum Minería “albergó alguna esperanza” de que la resolución de la Junta fuera positiva, al considerar que el proyecto tiene “importantes” beneficios socioeconómicos“ y también dada la ”prioridad“ de la Unión Europea a la extracción de tierras raras, así como ”el apoyo a la minería como motor de generación de empleo y riqueza“ en otras Comunidades Autónomas. ”Lamentablemente, la Junta se ha mantenido firme en su posición inicial, previa al estudio de la propuesta de proyecto“, concluyen.
Quantum ha decidido recurrir la resolución de la Junta de Comunidades al afirmar que la Administración ha incurrido en “ciertas irregularidades” en lo que se refiere a plazos y acceso a información relevante para el proyecto. Concretamente, en el tema de los plazos, la compañía señala el “incumplimiento del plazo” para la definición del alcance del Estudio de Impacto Ambiental, que pasó de 3 a 12 meses, así como la fijación de un plazo de tres meses para la realización del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), para el que se habían fijado el alcance en el tema de biodiversidad que requería al menos un año de observaciones.
Además, acusan a la Junta de negarse a entregar datos de fauna en poder de la Administración, y la no autorización de un sondeo para estudiar las posibilidades de un acuífero profundo no explotado. Finalmente, han señalado que mantienen su compromiso con el proyecto y que harán “todo lo que esté en su mano para llevarlo a buen puerto”, primero con un recurso contencioso-administrativo y otras opciones judiciales, “si fuera necesario”.
