Castilla y León, el 'paraíso' para los cazadores promovido por PP y Vox que frenan su declive sin pagar tasas

En 2023 Castilla y León aprobó la exención de tasas en las licencias de caza y pesca. La Junta finiquitaba así un proceso que había comenzando en 2021, cuando el presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP) anunciaba que en 2022 se iba a reducir un 95% este canon para dejarlo en un “pago simbólico” de entre uno dos euros.

Ese año el permiso de caza era de 42,65 euros y el de pesca 15,2 euros. En total, en 2022 se dejó de ingresar 3,1 millones de euros. Ya en 2023, con la reducción total del canon, la recaudación ha caído hasta el millón de euros de los cinco que se embolsaba antes de implementarse esta medida, según datos de la propia administración.

Con esta medida se buscaba el efecto llamada a nuevos cazadores: entre 2021 y 2023 las licencias de caza han aumentado un 43,7%; 36.435 nuevas, pasando de 83.412 a 119.847. ¿Pero de dónde salen tantos nuevos cazadores? De esos casi 120.000 permisos, 57.863 vienen de fuera de esta comunidad, el 48,3%, fundamentalmente la procedencia de los cazadores de son de Madrid y País Vasco, indican desde la Junta. El objetivo era atraer gente de fuera de la Comunidad, motivo para esta exención, reconocen las mismas fuentes que también aseguran que la media de los últimos 10 años se encuentra en torno a 35.000-40.000 licencias a gente de otras autonomías.

A pesar de la caída de la recaudación “la actividad socioeconómica generada en la Comunidad ha crecido con casi el doble de personas que realizan sus actividades de caza y pesca en Castilla y León debido a la bonificación aportada por la Junta”.

Según afirma Ecologistas en Acción a elDiario.es “el análisis de la actividad cinegética en Castilla y León no puede considerarse sólo desde el punto de vista económico, ya sea por ganancia o pérdida, sino que eso es solo una parte de la cuestión”.

Como alertan “hay muchas otras variables que hay que meter en la ecuación para que sea completa, como son las afecciones sobre la fauna silvestre (cinegética o no), las afecciones a los ecosistemas, el impacto negativo sobre otras actividades que se desarrollan en el medio natural y rural cada vez con más auge y que dejan una economía positiva, como el ecoturismo o las actividades deportivas controladas”.

Una medida “populista”

Sobre la cuestión recaudatoria y el aumento de licencias la agrupación asegura que “durante los últimos 20 años” ha existido una caída generalizada de las licencias de caza en Castilla y León durante las dos últimas décadas que responde a que “la actividad ha sufrido y sigue sufriendo un declive generalizado”.

Todo ello, apuntan, “ha llevado a la Junta de Castilla y León, muy probablemente presionada por los lobbies y por personal de la propia Consejería de Medio Ambiente, reconocidos cazadores, a buscar una fórmula fácil y populista como es la de rebajar o casi regalar las tasas buscando frenar la caída de licencias. Como parece lógico esa caída de licencias se ha frenado al igual que lo ha hecho la recaudación, mientras las licencias han crecido entre un 70%-80% la recaudación se ha desplomado de igual manera”.

“Cazadores urbanos”

El perfil de estos cazadores, señala el Jefe del Servicio de Caza y Pesca de la Junta de Castilla y León, Ignacio de la Fuente, tiende a una creciente penetración del cazador urbano con preferencia por especies como el corzo, la codorniz y, en particular, la becada, que ha ganado popularidad en los últimos años.

De la Fuente destaca el aumento de licencias de caza atribuyéndolo en gran medida al creciente turismo cinegético. “No creemos que tampoco haya supuesto un boom, un boom más allá de lo esperado, y que lógicamente el turismo cinegético en Castilla y León siempre ha sido primera orden, de primera magnitud”, apunta.

El Jefe del Servicio de Caza y Pesca explica que la implementación de licencias gratuitas ha llevado a algunos cazadores a optar por ellas en lugar de las licencias interautonómicas, generando un impacto positivo en la simplificación administrativa y atrayendo a cazadores de otras regiones. En total en 2023, de las 57.863 licencias otorgadas a personas fuera de Castilla y León, 2.207 eran de esta variedad.

Este tipo de permiso “es un convenio firmado entre varias comunidades autónomas que permitía que con un único documento pudieras ejercitar la caza en varias comunidades autónomas a la vez, pues desde Comunidad de Madrid, Extremadura, Castilla y León, Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Aragón y región de Murcia”, explica.

“Sí que es cierto que algunos de esos cazadores que optaban por la licencia interautonómica para tener un 'mix' entre la Comunidad de Madrid y el resto de comunidades autónomas, han optado por solo utilizan realmente la licencia de caza para el territorio de Castilla y León al preferir obtener la gratuidad de licencia de caza en esta Comunidad sin necesitar de obtener la licencia interautonómica”, reseña De la Fuente.

Turismo cinegético en auge

En cuanto al impacto económico, Ignacio de la Fuente reconoce aunque la recaudación directa por las licencias ha bajado a mínimos, el sector servicios y comercial vinculado a la caza experimenta un crecimiento significativo. Hoteles, restaurantes y otros servicios de la Comunidad se benefician, compensando la pérdida directa en las tasas administrativas.

“No creemos que tampoco haya supuesto un boom, un boom más allá de lo esperado, y que lógicamente el turismo cinegético en Castilla y León siempre ha sido de primera magnitud”, apostilla el jefe de servicio.

Ecologistas en Acción es contrario a la idea de que la caza y pesca “regaladas” podrían dinamizar el medio rural. Para la confederación estas actividades no han frenado la despoblación ni el cierre de negocios en Castilla y León.

Asimismo, plantean que “sería interesante conocer qué está sucediendo en las Reservas Regionales de Caza donde hay una clara tendencia de los cazadores foráneos a reducir o prescindir de los alojamientos que antes sí utilizaban, lo que supone una pérdida de recursos en el mundo rural”.

Los ecologistas también critican “la enorme cantidad de dinero en efectivo que se mueve alrededor de la actividad, sin apenas emitir facturas por servicios cinegéticos, pagándose muchos de los precintos en efectivo, con muy poca transparencia y mucha permisividad” .

Los cotos de caza representan rentas por valor de “117 millones de euros”

Desde la Consejería de Medio Ambiente indican que, según un estudio de 2012, el valor de arrendamiento de la hectárea de terreno cinegético en Castilla y León es de 15 euros. Con esas cuentas y con los 5.570 cotos de caza y nueve reservas regionales en términos de rentas cinegéticas para los propietarios de los terrenos de los cotos de caza de Castilla y León podría representar rentas por un importe de “117 millones de euros”. Esta autonomía es la más grande de España y la Unión europea con 9,4 millones de hectáreas. De su superficie, cerca de 7,8 millones de hectáreas —el 82,5% de su superficie—, son terrenos en los que se puede practicar la caza.

De este estudio puede concluirse que las entidades locales y otras entidades de derecho público la Comunidad de Castilla y León pueden llegar a percibir en concepto de rentas cinegéticas no menos de 36 millones de euros mientras que los titulares cinegéticos no públicos percibirían no menos de 22 millones al año.

A ello se añade, en el caso de las reservas regionales de caza, cuya titularidad cinegética es ostentada por la Junta de Castilla y León, las rentas del aprovechamiento cinegético de estos terrenos son percibidas por los propietarios, en su mayoría entidades locales menores, juntas administrativas y ayuntamientos, por valor de 3 millones de euros.

Eso sí, debido a que ha pasado más de una década del estudio, desde la Consejería de Medio Ambiente reconocen que “los importes expuestos en el referido estudio deben ser objeto de análisis y actualización dineraria al actual escenario económico, la realidad e impacto socioeconómico en cuanto a los negocios entre particulares sigue manteniéndose en 2024”.

Además, la presencia de personas de fuera de Castilla y León también se deja notar. El 25% de la personas físicas o jurídicas que arrienda estos cotos corresponden con domicilios de otras autonomías, principalmente coincidente, por orden, con Madrid, País Vasco, Cantabria y Asturias. “Evidentemente estos contratos mercantiles y entre particulares suponen una inyección económica de rentas procedentes de las referidas comunidades en Castilla y León. A mayores existen otro tipo de aportaciones económicas a la Comunidad como pueda ser gastos en servicios ”, valoran las mismas fuentes.

“Extracción abusiva de piezas de caza” en los cotos

Desde Ecologistas en Acción señalan que por el arrendamiento de los cotos de caza se llegan a pagar cantidades muy por encima del valor de las especies asignadas en los cupos, es decir, “se necesitan matar más ejemplares que los autorizados oficialmente para intentar recuperar al menos parte de la inversión, lo que lleva indefectiblemente a realizar extracciones abusivas en detrimento de las especies silvestres y en consecuencia de la biodiversidad de la Comunidad”.

Otro motivo que lamentan es que “se está concentrando la actividad cinegética en menos personas y en las denominadas ”orgánicas“, empresas de gestión cinegética cuya máxima, como en todas las empresas, es la obtención de beneficio y éste, en la mayoría de los casos se obtiene por extracción abusiva de piezas de caza”.

Calidad de la caza

Para el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, hay dos factores para que haya más cazadores: que la licencia sea gratis ya que “a la gente le gustan mucho las cosas gratis y esto además es para todo el mundo” y que Castilla y León tiene “la mejor oferta cinegética de caza auténtica que hay en este momento en España. Entonces, eso ayuda, y que somos la región más grande de Europa”.

El presidente de los cazadores de Castilla y León resalta la posición privilegiada de esta comunidad gracias a la diversidad de especies, siendo la comunidad con más codornices de caza, “excepcionales” ejemplares de ciervos en abierto, machos monteses de alta calidad en la sierra de la Gredos, y una oferta espectacular de corzos con trofeos de alto nivel.

Iturmendi enfatiza de nuevo la autenticidad y calidad de la caza en Castilla y León, subrayando que no recurren a repoblaciones con perdices de granja, sino que se centran en la caza genuina, sin artificios.

En cuanto a especies, De la Fuente señala que el cazador busca fundamentalmente en la época de primavera corzo, en la época de verano media veda fundamentalmente centrado en la codorniz, y en la temporada general, es decir, a partir del cuarto fin de semana de octubre, están detectando que mucho cazador de perdiz se ha transformado en cazador de becada.

Mayor inversión en control y vigilancia

Ecologistas en Acción subraya que la apuesta de la administración regional por revitalizar la caza y pesca debe ir acompañada de una mayor inversión en control y vigilancia. Sin embargo, critican la disminución de medios y recursos destinados a este fin, lo que pone en riesgo la efectividad del trabajo de los agentes medioambientales y celadores de las reservas.

Otra crítica también se centra en la Ley de Caza aprobada en 2021, que según Ecologistas en Acción, favorece a una parte del sector al incrementar sanciones para algunas infracciones, pero reducir los periodos de retirada de licencias. Señala también la falta de agilidad en tramitar expedientes sancionadores y la falta de aplicación de sanciones, afectando la moral del personal de campo “que ve cómo su trabajo es despreciado”.

La agrupación sostiene que la caza está perdiendo interés entre la población y está en claro retroceso, planteando dudas sobre cómo revertir esta situación desde el ámbito cinegético. La organización aboga por una evaluación integral que considere no sólo aspectos económicos, sino también ambientales y sociales.