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Ada Colau se da un mes para conseguir el consenso para conectar el tranvía por la Diagonal

Tranvía de Barcelona

Pau Rodríguez

El proyecto de conexión del tranvía por la avenida Diagonal de Barcelona lleva una década encallado en el debate político municipal. En 37 días, podría quedar resuelto o enterrado por lo que queda de legislatura. El Gobierno de Ada Colau ha decidido llevar una propuesta a votación en el pleno del 23 de marzo pese a que por ahora solo cuenta con el apoyo insuficiente –y con matices– del PSC, aunque espera convencer también a ERC y a la CUP para validarlo.

“Ha llegado la hora de decidir si se saca adelante la propuesta concret de unificación de los tranvías”, ha expresado la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, en la sesión que cerraba la comisión que ha estudiado durante el último año la viabilidad de la obra, que debe conectar a lo largo de 3,6 kilómetros de la Diagonal, un punto crítico en cuanto a tráfico, los ya existentes 28 kilómetros de vía por cada punta de la avenida.

Aun así, la comisión ha concluido sin el consenso necesario para avanzar, algo que deberá solventarse si Colau quiere acudir a las próximas elecciones de 2019 con su promesa electoral encarrilada. El principal escollo lo tiene en ERC, que pese a ser partidario también de la conexión del tranvía, se niega a dar su visto bueno si no existe antes un convenio con la Autoridad Metropolitana del Transporte (ATM) para concretar cómo será la gestión y qué retorno habrá para la ciudad.

En la gestión de la infraestructura está el nudo principal de la negociación política, y sobre ella los grupos esperan que Barcelona en Comú les presente una propuesta concreta antes del plenario. De entrada, la competencia del tranvía no es del Ayuntamiento, sino de la ATM (en la que la Generalitat tiene la mayoría), aunque este cedió hasta 2032 la gestión a un operador privado. Colau ya ha descartado rescatarla porque costaría entre 227 y 440 millones, pero sí ha expresado que su voluntad es que cuando venza la concesión la gestión pase a ser pública.

Hasta entonces, sin embargo, ERC y CUP piden más concreción sobre el modelo de gestión. Ambos temen que hasta que hasta 2032 sea la misma empresa, TRAM, la que opere los nuevos tramos de tranvía en condiciones similares a las actuales. “Si el Ayuntamiento dice que se doblará el número de viajeros... es que doblaremos también el beneficio a empresas privadas con inversión pública”, ha manifestado el concejal de ERC Jordi Coronas durante la comisión.

Los republicanos insisten en que se firme un convenio con la ATM, que es quien decide en última instancia sobre el tranvía, antes de votar en el consistorio. Desde Barcelona en Comú, por contra, están convencidos de que hay que acudir a ese organismo con una posición clara por parte del Ayuntamiento.

Este debate viene también a cuento porque es el consistorio el que adelantará los 88 millones de euros que costará la instalación de las vías, una factura que después deberá abonarle la Generalitat y la ATM. Esta fórmula de inversión enteramente pública blindaría, según el consistorio, que la gestión futura también lo sea.

Casi 15 años después de que el tranvía empezara a conectar el área metropolitana de Barcelona con la ciudad, por cada extremo de la Diagonal, la unión que falta podría ser definitiva. Dependerá de ello lo que Colau pueda conceder a partidos como PSC, ERC o la CUP, puesto que ya dan por perdidos los apoyos de las demás formaciones (PDeCAT, Ciudadanos y PP), contrarios a esta obra.

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