Barcelona pide al Govern que le deje regular las habitaciones turísticas para combatir las pensiones “clandestinas”
El Ayuntamiento de Barcelona quiere regular las habitaciones de uso turístico. Esta práctica, de la que Aibnb y otras plataformas han hecho bandera desde hace años –con la imagen del huésped que acoge en su casa a viajeros–, ha de quedar delimitada en el nuevo decreto de Turismo que prepara el Govern. Pero antes de que se apruebe, el consistorio reclama poder tener competencias para establecer sus propios requisitos, así como poder inspeccionar y sancionar.
El acuerdo político para trasladar esta exigencia a la Generalitat, que es quien ostenta las competencias en materia de turismo, ha sido muy amplio. Impulsada desde ERC, la proposición ha contado con el apoyo del gobierno municipal –Barcelona en Comú y PSC– y de JxCat. Se refuerza así la sintonía entre el ejecutivo y los republicanos al menos en materia turística, después de que convenciesen al Govern para aumentar la tasa sobre estancias diarias en hoteles.
La proposición, pendiente de aprobación en el Plenario Municipal de este viernes, insta a la Generalitat a poner negro sobre blanco en el decreto que los ayuntamientos queden habilitados jurídicamente de forma clara para poner condiciones adicionales al alquiler de habitaciones. Si el texto de ámbito autonómico ya tiene previsto recoger días de alquiler consecutivos –a partir de 31 ya no se considera turismo, sino residencia– y número de inquilinos simultáneos –cuatro–, el consistorio barcelonés quiere poder “modular” estas condiciones. También las de higiene o ruido, así como las sanciones.
En la Generalitat, sin embargo, recuerdan que el decreto, que tienen previsto aprobar en diciembre, ya prevé que los municipios tengan competencias inspectoras y sancionadoras. Además, su calendario contempla que durante un año después de su aprobación los ayuntamientos elaborarán ordenanzas municipales para adaptar la regulación al ámbito local.
La concejal de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, ha destacado que ciudades como París, Amsterdam o Berlín ya han explorado esta senda, entre otras razones, para evitar que la proliferación de esta actividad turística acabe repercutiendo en el precio de los alquileres. “Es importantísimo que las actividades que mercadean con la vivienda tengan una regulación con un liderazgo claro de Barcelona”, ha defendido.
Al Ayuntamiento no le preocupa tanto el alquiler puntual de habitaciones por parte de los propietarios de los pisos como la “perversión” de esta idea que catapultó a plataformas como Airbnb, que han acabado convirtiéndose también en webs de apartamentos. Según Miquel Puig, concejal de ERC, su capacidad regulatoria ha de acabar con prácticas irregulares como las de propietarios que alquilan habitaciones sin vivir en el piso –una pensión turística “clandestina”, de facto– o las de inquilinos que realquilan habitaciones a terceros.
Las cuatro formaciones han reafirmado el compromiso de la ciudad para combatir la actividad turística ilegal. Desde su llegada al gobierno municipal, los 'comuns' vienen librando una batalla contra los apartamentos irregulares –la mayoría anunciados al principio en webs como Airbnb– que se ha saldado con el cierre de más de 3.000.
