El desalojo de dos edificios en menos de 24 horas indigna a los colectivos sociales de Barcelona
Si alguien esperaba que en agosto las aguas turbulentas de los desahucios en Barcelona bajarían más calmadas estaba equivocado. La ciudad que sufre 8 desahucios diarios de promedio ha visto como en menos de 24 horas los Mossos d'Esquadra han efectuado dos desalojos de dos bloques completos. Tras la actuación policial de este martes en el barrio del Eixample, el Ayuntamiento de Barcelona ha pedido explicaciones a los Mossos d'Esquadra. También Irídia - Centro de Defensa para los Derechos Humanos ha anunciado que investigará los hechos y estudia emprender acciones judiciales.
Mientras se producía el anuncio sobre las actuaciones legales sobre los hechos del martes se ponía en marcha un segundo dispositivo policial, formado por más de media docena de furgones de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra en el barrio de Sants. Según la policía catalana, procedían a la ejecución de una orden de un juzgado que los vecinos del edificio de la calle Sugranyes, 9 aseguran desconocer, y que tampoco les han mostrado.
Según han asegurado a este medio activistas por el derecho a la vivienda, sí que hay un proceso judicial en marcha, pero con citaciones para diferentes días del mes de setiembre. En el conjunto de las 12 viviendas se encontraban 14 menores de edad.
“Habéis entrado arrollando la puerta como animales”, recriminaba uno de los vecinos desahuciados en la calle a los agentes antidisturbios. Otro de los vecinos, unos metros más lejos, les pedía ver la orden judicial. “Habían negociado con la compañía municipal de aguas para regularizar el suministro, llevaban mucho tiempo en este edificio al que vinieron cuando aún estaba por terminar”, cuenta una portavoz del Grupo de Vivienda de Sants que mostraba su asombro por la intervención policial.
Durante unas horas, y tras el cordón policial, en las aceras de la calle Sugranyes se han ido amontonando enseres, cajas y electrodomésticos de los vecinos desahuciados. En la misma calle, también, un ir y venir constante de trabajadores de los servicios de emergencias sociales del Ayuntamiento de Barcelona que tomaban nota de los datos de las miembros de las 12 familias para facilitarles un alojamiento.
Los vecinos aseguran que pagaron 1.200 euros para obtener una llave de la vivienda. Un supuesto acuerdo que el representante de la propiedad ha negado. Pasadas las doce del mediodía, se han acercado a las inmediaciones del edificio varios activistas en defensa del derechos a la vivienda que se han sumado a los que han ido acudiendo a lo largo de la mañana. Han acudido tras concluir la convocatoria de prensa que se ha organizado ante el edificio de Entença 151 para denunciar precisamente otra intervención hecha por los Mossos d'Esquadra.
Este martes los Mossos inspeccionaron el estado de 4 pisos tras el requerimiento del administrador, sin ninguna orden judicial. Lo que fuentes de los Mossos califican de “incidente de seguridad ciudadana” ha sido cuestionado por parte del Ayuntamiento de Barcelona este mismo miércoles, exigiendo que se aclare lo sucedido. La concejal Gala Pin ha solicitado explicaciones para asegurarse de que la intervención policial no se haya producido de manera “improcedente”.
Ante las protestas de los vecinos concentrados, los agentes antidisturbios procedieron a retirar a las personas que se encontraban agolpadas en el suelo del portal del bloque. Los agentes forcejearon con dos de ellos, que acabaron requiriendo asistencia médica, por lo que fueron trasladados al hospital por contusiones.
Los inquilinos de Entença 151 cuentan como, tras la intervención policial, quedaron en la calle una señora de 68 años, un menor de 8 años y su madre. El bloque se encuentra en proceso de vaciado de vecinos por parte de la propiedad, que no renueva los contratos de alquiler.
Sònia Olivella, abogada de Irídia - Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, ha comunicado este miércoles que se ha abierto una investigación para averiguar la motivación del desalojo de los Mossos. Olivella avanza que con la versión facilitada por los Mossos queda claro que se trató de “un desalojo ilegal”. Además recuerda que la ley sólo permite acceder a un inmueble en casos muy concretos donde haya evidencias de la comisión de delitos flagrantes, y que estos además deben ser muy graves.
