La jueza investiga a un concejal del PSC y al empresario Juli Carbó por un delito de estafa en cooperativas de vivienda

Un juzgado de Barcelona ha citado a declarar como investigados por un delito de estafa a Miguel Borrego, concejal del PSC en Canet de Mar (Barcelona), y al empresario Juli Carbó, uno de los impulsores de las cooperativas de vivienda en Catalunya. Ambos formaron parte del consejo rector de la cooperativa Cohousing Barcelona.

La Fiscalía les acusa, junto a otro imputado, de transferir más de un millón de euros destinados a viviendas cooperativas hacia una fundación controlada por ellos mismos, a la que se le encargaba la gestión de los proyectos. Algunas de estas cantidades fueron después desviadas presuntamente a cuentas particulares, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso elDiario.es. En la causa hay en total siete personas investigadas.

Según fuentes del PSC, el partido ha abierto un expediente para “esclarecer los hechos” que se le imputan a su concejal en Canet de Mar.

La jueza que investiga el caso también ha ordenado embargar una finca en Arenys de Mar en la que se iba a construir un edificio de vivienda cooperativa para jubilados. Media docena de estos inversores, todos ellos septuagenarios, pusieron todos sus ahorros en un proyecto que nunca se llegó a materializar —ni siquiera se solicitó la licencia de obras, destaca la Fiscalía— y denunciaron el caso a los Mossos d’Esquadra.

Durante años, Carbó apareció habitualmente en los medios como uno de los principales impulsores de las cooperativas de vivienda en Catalunya. Él y su equipo defendían este modelo en las entrevistas como una vía transformadora, “autogestionada” y “democrática” que podía “resolver el problema de la vivienda”.

Este periódico desveló en una investigación de diciembre de 2020 los polémicos métodos de Carbó. La cooperativa que presidía impulsaba en ese momento diversos proyectos de vivienda en régimen de cesión de uso, incluida la construcción de 27 viviendas de protección oficial en suelo público del Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio suspendió la adjudicación tras la publicación del artículo. 

En línea con lo que ahora denuncia la Fiscalía, elDiario.es publicó que la cooperativa Cohousing Barcelona encargaba por altas sumas de dinero a una fundación privada que controlan Borrego, Carbó y otro imputado la gestión de los proyectos. Carbó y Borrego tenían al mismo tiempo puestos de responsabilidad en la cooperativa y en la fundación.

La Federación de Cooperativas de Vivienda de Catalunya acabó expulsando a la entidad presidida por Carbó en enero de 2021. El organismo acusó a Cohousing Barcelona de “falsear datos presentados a la Administración en una licitación de suelo público”, “no permitir la asistencia de un notario en la asamblea general [de su cooperativa]” y “compartir las titularidades de los órganos de administración de la cooperativa y una fundación”, entre otros.  

La decisión fue ratificada por un juzgado mercantil, que consideró que los testimonios aportados “evidenciaron de manera abrumadora” la “existencia de irregularidades muy significativas” en la gestión de Cohousing Barcelona.

Carbó demandó en 2023 a elDiario.es por las informaciones publicadas sobre su actividad. La jueza, sin embargo, desestimó el caso tras la celebración del juicio e impuso las costas del proceso al empresario.

Contactado por esta redacción, Juli Carbó ha rechazado hacer cualquier comentario. Borrego, por su parte, no ha respondido a los mensajes de elDiario.es.