Junts lleva al Parlament una ley audiovisual catalana para superar la estatal

El grupo parlamentario de Junts ha presentado este jueves una proposición de ley del sector audiovisual ante la Cámara catalana, en pleno debate sobre la normativa española que prepara el Gobierno central. La formación considera que la mejor forma para blindar los contenidos en catalán, tanto en la televisión convencional como en las plataformas tipo Netflix, es impulsar una normativa propia catalana en vez de que sus reinvindicaciones queden recogidas en la ley estatal, opción por la que apuesta ERC.

El presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, ha explicado que su partido desea que el Parlament apruebe de forma “extraordinaria” y “urgente” la nueva norma de la audiovisual en Catalunya para hacer frente a “la ofensiva” del Gobierno contra el catalán. Según ha asegurando Batet, el Ejecutivo central se niega a blindar el catalán en el borrador de la ley general, pese a que esta misma semana la vicepresidenta Nadia Calviño optó por retirar el proyecto de tramitación para poder negociar con ERC. Los republicanos por su parte reivindican un redactado más favorables a las lenguas minorizadas y ligan esta cuestión a los presupuestos generales del Estado.

Junts ha preferido no centrarse en la negociación de la ley estatal y ha optado por presentar su propia proposición de ley, pese a que Batet ha explicado que continúan abiertos a hablar con el Gobierno sobre la normativa básica. “Queremos que el Gobierno cambie el redactado de la ley estatal”, ha explicado el líder de Junts, que ha asegurado que el Gobierno no ha tenido en cuenta en el anteproyecto ni al sector catalán, ni al Govern ni al propio Consell de l'Audiovisual Català. Pero esta negociación con el Ejecutivo central, ha dicho, “no es incompatible con legislar en el Parlament en un sector clave como el audiovisual”.

El texto registrado este jueves plantea que, del catálogo total ofrecido por las plataformas en Catalunya, se obligatorio ofertar al menos una cuota del 15% de producción total en catalán o aranés. Además la propuesta de Junts atribuye nuevas competencias CAC en su labor de protección al ciudadano, en especial de menores y minorías, sobre contenidos “perjudiciales” por fomentar el odio, la desinformación, la pornografía o la violencia.

Las medidas contenidas en esta proposición de ley respecto a la protección del catalán superan las alegaciones que había enviado el Govern al Ministerio y a las que ERC se había agarrado en su negociación. Por ejemplo, el Govern proponía que la cuota dedicada al catalán fuese la mitad de la que la directiva europea permite para lenguas locales, que es del 15% en total, por lo que el objetivo de los republicanos es que la ley estatal dé un 7,5% al catalán, gallego y euskera en el conjunto de España. En cambio, el redactado de Junts reclama llegar al máximo y que el 15% de la producción sea en catalán, aunque solo para el catálogo ofrecido en Catalunya, lo que dejaría fuera otros territorios catalanoparlantes.

La discusión entre ERC y Junts sobre esta cuestión es sobre la efectividad de cada opción. Los republicanos aseguran que la ley autonómica sería recurrida ante el Constitucional, bien por parte del Gobierno o por la oposición del PP y Vox, por lo que las opciones de prosperar son reducidas. En cambio ven la oportunidad de incidir sobre la regulación estatal como una ocasión histórica para el catalán. En el otro extremo, desde Junts entienden que la ley estatal ha comenzado con mal pie y que, por mucho que se enmiende, no llegará a los objetivos que sí puede alcanzar una ley aprobada en el Parlament.