Las mujeres que ejercen la prostitución en carretera, más desprotegidas: "Me preocupa el virus, pero más el dinero"

“He pedido un termómetro de esos en forma de pistola, pero todavía no me ha llegado”. Sentada sobre un murete bajo la escasa sombra de una encina, en una salida de la N-II entre Figueres y la Jonquera, esta joven, de origen rumano, espera a que pare algún cliente. Como todos los veranos desde hace unos años, explica, ha venido desde una localidad del sur de España para ejercer la prostitución en una de las carreteras del continente que concentran a más mujeres que, a la vista de los conductores, se ofrecen como reclamo para servicios sexuales.

“No sabía si esta vez vendría. El virus me preocupa, pero todavía más el dinero. Me da miedo que vuelva la cuarentena porque no sé si podré aguantar…”, comenta esta joven, que prefiere no dar su nombre. La nueva normalidad ha devuelto poco a poco la prostitución a las carreteras de la provincia de Girona, pero la situación de las mujeres es hoy peor que antes de la epidemia. Las prácticas sexuales las exponen a los contagios y, además, tienen una necesidad más acuciante de ganar dinero para compensar la falta de ingresos durante el confinamiento. Todo ello en un contexto en el que la trata y la explotación están muy presentes. 

Desde finales de junio, decenas de mujeres, con la ropa interior y los zapatos de tacón como única vestimenta, han regresado con sus sillas de plástico a los arcenes, apeaderos, parkings y desvíos que hay a lo largo de carreteras como la N-260, la C-555 o la más concurrida, la N-II entre los pueblos de Bàscara y la Jonquera. En esta última vía, que conecta España con Francia, elDiario.es pudo contar entre siete y catorce jóvenes ejerciendo la prostitución, en función del día. Tres de ellas accedieron a hablar sobre sus condiciones bajo anonimato. 

“¿Que si me preocupa mi salud? ¡Claro! Hay gente que ha muerto por el coronavirus”, profiere M., una mujer de origen búlgaro que asegura que lleva casi diez años ejerciendo la prostitución en la zona. A falta de termómetro, asegura que lo único que le queda es rechazar los clientes “que hacen mala cara”. Algunos de ellos llevan mascarilla, otros no. En la riñonera, entre otros enseres, guarda un botellín de gel hidroalcohólico: “Yo lo he llevado siempre, pero ahora lo uso más”. 

Para ella, sin embargo, el principal problema es que apenas hay clientes. “Hay días que ni uno solo, es preocupante”, expresa. Y los gastos de alquiler y de comida, añade, son los mismos que antes. 

Las mujeres que atienden a este diario no esconden su inquietud ante la falta de demanda y, por lo tanto, de ingresos. Una de ellas explica que esto la ha llevado a no acortar la jornada, que suele ser de las 10 a las 20 horas, ni siquiera cuando cree que el día ha ido bien. “Otros años a lo mejor me iba antes, ahora no”, resume. 

La mezcla entre necesidad económica y riesgo sanitario da como resultado una mayor vulnerabilidad. “Las que son proveedoras de sus familias o que envían dinero a sus países lo pasan muy mal, les genera un sentimiento de culpabilidad que afecta a su salud mental”, expone Catarina Alves, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y consultora que ha trabajado en cuestiones de trata y prostitución. Y añade otro peligro: que la mujer no pueda decir ‘no’. “Cuando una sabe que tiene muchos clientes, tiene margen para elegir; cuando no hay, puede verse obligada a aceptar a personas que la ponen en riesgo por su higiene, por haber consumido o por pedir sexo sin condón”.

El “drama” social del confinamiento

Quienes mejor conocen los apuros de estas mujeres que viven del sexo son las entidades que las asisten semanalmente en la zona. APIP-ACAM y Genera han vuelto a abrir sus oficinas en Figueres y la Jonquera y a patearse las carreteras estos días para ofrecerles todo tipo de ayuda, desde lo más básico, como facilitar preservativos, hasta asesoramiento legal y administrativo, atención sanitaria, psicológica y social. También se encargan de contactar con los Mossos d’Esquadra cuando tienen indicios sólidos de que una mujer es víctimas de proxenetas y redes de trata. 

La fundación APIP-ACAM atendió en 2019 a 79 mujeres que ofrecían servicios sexuales en carretera solo en la zona de Girona. La asociación Genera maneja cifras parecidas. Si se cuentan los 24 clubs de alterne que se distribuyen por estas comarcas –la mayoría de ellos en la Jonquera–, el número de jóvenes con las que trabajan estas entidades es muy superior (entre 200 y 300). Desde el 15 de marzo, todas ellas desaparecieron de la carretera y de los clubs, que cerraron. El más grande de Europa, el Paradise, presentó un ERTE que no las incluía, puesto que no tienen vínculo laboral formal. Desde el pasado 2 de julio, este burdel es uno de los pocos burdeles que ha reabierto.

“Lo más dramático es que durante el confinamiento no hemos parado de trabajar, hemos contactado telefónicamente con más de 300 mujeres, pero solo hemos podido canalizar las necesidades de 60”, detalla Natalia Massé, coordinadora del Programa de Dones de APIP-ACAM. Sin la conversación cara a cara, lamenta, les ha resultado muy difícil generar el “vínculo de confianza que hace que no se sientan juzgadas”.

Su principal demanda estos cuatro meses ha sido la de ayuda para cubrir sus necesidades más básicas. “Desde mujeres que nos pedían cestas de comida hasta ayudas para pagar el piso”, enumera Laura Labiano, de la entidad Genera. Sin contrato laboral, como tantos colectivos de la economía informal, estas jóvenes no han tenido acceso a ninguna prestación. Muchas de ellas son extranjeras en situación irregular y hay municipios, como Figueres, que no facilitan su empadronamiento.

Para paliar esta falta de cobertura, el Gobierno amplió a finales de abril el Plan de Contingencia contra la violencia de género para que las víctimas de trata y las “mujeres en contexto de prostitución” –incluso las que están en situación irregular– puedan percibir el Ingreso Mínimo Vital.

La situación límite llevó incluso a algunas mujeres a prostituirse durante el confinamiento, pese a todas las prohibiciones. “Lo han seguido haciendo en pisos”, desvela Massé. “Cuando se lo preguntas, te responden que si no, no comen. Y lo que deberíamos preguntarnos es por qué sigue habiendo clientes dispuestos a todo en cualquier momento”, cuestiona esta especialista.

Episodios pasados demuestran que la prostitución no desaparece aunque deje de estar visible, sobre todo cuando hay mafias de por medio y los proxenetas no quieren perder sus ingresos. Alves pone el ejemplo una campaña policial en Barcelona tras la publicación en El País de un reportaje sobre el sexo en las calles del centro de la ciudad, en 2009. “Se trasladaron a otras zonas, les perdimos la pista y las que eran víctimas de trata seguían con la exigencia de pagar sus deudas”, resume.  

Las redes que controlan la carretera

Son muchas las mujeres víctimas de trata en las carreteras de Girona. Pero si obtener una fotografía real de la prostitución ya es complicado –por la elevada movilidad de las mujeres–, conseguir saber cuáles y cuántas de ellas están coaccionadas es mucho más complejo. Tanto APIP-ACAM como Genera saben por experiencia que no es algo que ellas cuenten ni a una entidad social, ni mucho menos a los periodistas. 

Desde Genera estiman por sus entrevistas que en torno al 20% de las mujeres a las que ellas asisten ejercen la prostitución de forma coaccionada. Un porcentaje que consideran que puede ser mayor si se tiene en cuenta solamente las que están en la vía pública. Según sus datos, el resto son trabajadoras sexuales que no están bajo ninguna red de proxenetas.

En APIP-ACAM, en cambio, apuntan a que la gran mayoría son víctimas de trata. Un cálculo parecido al que hacen los Mossos d’Esquadra, que además añaden que las pocas que ejercen por su cuenta no lo tienen fácil. “Si alguna no pertenece a las redes que controlan la carretera y no trabaja para los proxenetas, la echan o la extorsionan para que pague”, sostiene Carles Martínez, jefe del Área de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra en Girona.

Desde hace años, distintas organizaciones controlan los tramos de carretera en los que se colocan las mujeres, lo que a veces deriva en peleas entre bandas. Desde 2017, los Mossos creen que el terreno se lo reparten entre dos únicas tramas de proxenetas, ambas de países de Europa del este. Además, estas no solo están presentes en Girona, sino también en zonas de la costa valenciana, y desde la policía autonómica han detectado recientemente que han “diversificado” sus fuentes de ingresos con delitos contra el patrimonio o el cultivo de marihuana. 

Estas organizaciones criminales suelen estar constituidas por entre diez y veinte personas que se reparten las tareas, desde el contacto de las mujeres en países de origen y su traslado a España, hasta la seguridad, el transporte o la supervisión de los pisos donde viven una vez llegan aquí. “Incluso hay mujeres que acaban ascendiendo y ejerciendo de 'controladoras' de las demás”, apunta el subinspector Martínez.

La gran dificultad para identificar a las víctimas de trata es que el funcionamiento de las redes no siempre encaja con el imaginario habitual de las mafias. Tanto las entidades como los Mossos relatan que un procedimiento habitual para atraer a las mujeres hacia la prostitución es el uso de la figura del lover boy. Desde sus países de origen, las mujeres, a menudo muy jóvenes, son convencidas por un hombre mayor que ellas para venir a España, casi siempre bajo una aparente relación afectiva. A veces les prometen trabajar en un bar o dando masajes; otras veces ya saben que ejercerán la prostitución, quizás en distintas condiciones. Algunas lo aceptan como parte de su proceso migratorio. “En el engaño es donde está la zona gris”, apunta Labiano.

Una vez en España, añade Massé, las situaciones pueden ir desde los hombres que les retiran el pasaporte y ejercen violencia de género sobre ellas hasta los que sólo se preocupan de controlar el dinero a final de mes sin un vínculo tan agresivo. El aparente consentimiento de las mujeres, al menos al inicio, hace que no tengan conciencia de víctimas. Sin embargo, sí lo serían de acuerdo con el Convenio de las Naciones Unidas firmado en la Convención de Palermo en 2000, que establece que, aunque haya consentimiento, la trata existe cuando el proxeneta ha recurrido a amenazas, uso de fuerza, coacción, abuso de poder o engaño.

Los lazos personales de estas mujeres con los hombres que controlan su actividad dificultan tanto la acción policial como la social. Las entidades tienen de hecho un sistema de indicadores para saber si puede haber trata: si las mujeres controlan su dinero, si van siempre acompañadas, si muestran cierta libertad con su horario, si pueden quedar en otros ámbitos… Martínez admite por su lado que para desmantelar estas redes y probar sus delitos, de trata de seres humanos y explotación sexual, necesitan de la colaboración de las víctimas. “Si no ayudan se hace muy difícil avanzar”, reconoce.

Las ONG que actúan en este ámbito lamentan sin embargo que las víctimas de trata solo pueden acceder a los circuitos de protección si se avienen a declarar contra quienes las han coaccionado. Incluso la Fiscalía calificó recientemente de “muy dudosa” la protección de las víctimas de trata, vinculada a la Ley de Extranjería, y alentó a desarrollar una Ley Integral contra la Trata, como piden algunos colectivos.

Según el último informe del Plan Integral de Lucha Contra la Trata de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en 2018 las entidades encargadas de asistir a mujeres en situación de prostitución atendieron a 13.317 mujeres en toda España. De ellas, 4.392 presentaban “claros indicios de trata con fines de explotación sexual” y, el resto, de explotación sexual [la trata implica también la captación y traslado].

Qué pasa con las multas

El número de mujeres que ofrecen servicios sexuales en las carreteras de Girona se mantiene estable desde hace unos cuatro años. Desde 2012 a 2015, aproximadamente, su presencia se redujo debido a la flamante Operación Arcén, diseñada por el Departamento de Interior de la Generalitat, en manos de CiU, para erradicar la prostitución del asfalto. Se destinaron unidades de tráfico de los Mossos d’Esquadra a recorrer las carreteras y multar a mujeres y clientes, con un resultado el primer año (de junio de 2012 a junio de 2013) de más de 1.000 sanciones, de las que apenas se acabaron cobrando unas pocas decenas. 

Interior celebró entonces que se había reducido la prostitución en un 50%, pero con el tiempo se dieron cuenta de que simplemente habían logrado apartarla de la vista de los conductores. Algunas mujeres dejaban la silla como señuelo y esperaban a 50 metros de la vía pública. Otras simplemente acabaron en pisos y burdeles. 

Ocho años después, los Mossos d’Esquadra reconocen que esta no es la solución. “Ir a por la parte más débil de la cadena no solo parece injusto, también es ineficaz”, expone Martínez, que admite que deben buscar “otras vías”, en referencia a la investigación criminal de las redes. 

Apenas hay voces que apelan a las sanciones a las mujeres para combatir la prostitución y la trata, pero sí hay debate sobre la utilidad de las sanciones a los clientes. En algunos municipios, como la Jonquera, se sigue multando a ambos en base a las ordenanzas; en otros, como Barcelona, se ha dejado de hacer aunque la normativa lo establece. 

Algo parecido ocurre ahora en las carreteras de Girona. La ley vigente, la de Seguridad Ciudadana de 2015, fija como sancionable la demanda de sexo en zonas de tránsito público, desde parques infantiles a escuelas, y en lugares que “generen riesgo para las seguridad vial”. Para las mujeres, establece que se las multará si no acceden a abandonar el puesto. 

En la práctica, en Girona y las carreteras cercanas a la frontera hace años que no se multa. Martínez así lo asegura y, aunque los Mossos no facilitan datos, lo corroboran las entidades y las propias mujeres. “No hay problema con la Policía, a veces me dicen cosas por el sitio donde estoy, pero no me ponen multas”, explica una de ellas.

“La penalización no ha reducido la prostitución, si es que la intención es abolirla o disminuirla”, constata Alves, que además añade que estas acciones sancionadoras suelen tener como destinataria la prostitución en carretera y no en clubs porque la primera es la que se ve y la que “molesta”. “El enfoque pasa por abordar al cliente”, apunta ella  Ya sea con multas o con una mejor educación sexual. En ello abunda Massé: “Esta posibilidad de consumir cuerpos de mujeres ligado al ocio del hombre, esa aparente necesidad de satisfacer el deseo sexual a cualquier precio, eso es lo que hay que combatir”.