En las últimas semanas hemos asistido a un espectáculo de tragicomedia protagonizado por la Corona española que, nos guste o no, es la carcasa que rodea la figura del Jefe del Estado. En una situación democrática normalizada, los hechos que salpican la familia real y, en concreto, la figura del rey serían suficientes para que éste fuera expulsado de sus funciones de representación a través de las urnas.
Si lo que ha hecho el jefe del Estado español lo hubiera protagonizado el presidente de una República, nadie duda que sería duramente castigado por la ciudadanía en las urnas y que así terminaría su mandato. La monarquía, por el contrario, no puede ser contestada por el pueblo a través de respuestas democráticas porque hay, de facto, un veto a la democracia.
Así pues, la única respuesta democrática que le podemos dar a la Casa Real y a Juan Carlos I como Jefe del Estado es la de un proceso constituyente. Una segunda transición, controlada por el pueblo y dirigida por el pueblo, que aparte los privilegios políticos, económicos, empresariales y sociales que se mantienen en el conjunto del Estado y que nos han llevado a la actual situación que, más allá de una crisis económica pautada y programada por las instituciones capitalistas, está derivando en una crisis política y democrática. Una crisis democrática que sólo se podrá resolver con más democracia. Con una democracia participativa y vinculante. Donde la ciudadanía tenga la capacidad de poder decidirlo todo. Desde el detalle más pequeño de su localidad hasta cual queremos que sea nuestro futuro estatus político.
Necesitamos, por cuestiones de democracia y no de identidad, por cuestiones de dignidad de pueblo y no de sometimiento económico, una Cataluña libre que inicie una nueva etapa con unas nuevas relaciones con España y con Europa. Y a esto se le llama proceso constituyente. Un proceso que garantice que es la política (entendida de forma amplia y no como partidismo) quien controla los poderes económicos y financieros y no al revés, como ocurre ahora. Y este proceso también debe abordar la discusión de una jefatura del Estado democrática y a la altura del siglo XXI y no fundamentada en privilegios dinásticos y de sangre, propios de épocas en que la sociedad no consideraba que todo el mundo era igual y necesitaban la tutela de una oligarquía predominante.
Necesitamos, pues, una reflexión estructural, de concepción democrática, y no coyuntural, de las muestras de irresponsabilidad histórica de los Borbones, como se está abordando estas semanas.
No hablamos sólo de Corinnas, Nóos, yernos, hijas, elefantes, viajes o cuentas suizas. Hablamos, básicamente, de transparencia. Si alguna función tiene la jefatura del estado en democracia y con una separación de poderes claramente definida, es la de dar ejemplo. Dar ejemplo en todo, también en transparencia. En cambio, el rey de España es el Jefe del Estado y no ha mostrado ninguna voluntad de someterse a la transparencia democrática que necesita cualquier sociedad. Cabe decir que esta falta de voluntad ha sido avalada históricamente por los dos grandes partidos españoles, PP y PSOE, que uno por acción y otro por omisión, no han forzado nunca a la Casa Real a someterse a la transparencia que otras prefecturas de Estado de Europa, incluso algunas que comparten régimen monárquico, sí lo están.
Ahora, como vienen mal dadas, parece que existe el consenso del bipartidismo para que la Casa Real sea sometida a la futura Ley de la Transparencia que se está tramitando en el Congreso. Pero, incluso en el consenso, nos hacen trampa democrática: leemos en la prensa que “La Casa Real acepta ser incluida en la Ley de la Transparencia”. Y la cosa no va así. El Congreso -y, por lo tanto, las decisiones que tome- no está o no debe estar nunca sometido a la voluntad de la Casa Real. Por el contrario, es la Casa Real quien debe someterse a la voluntad del Congreso; a esto se le llama democracia. Por lo tanto, lo acepte o no, el Jefe del Estado y, por extensión, la Casa Real deben estar sometidos a la Ley de Transparencia. Y que dejen de enredar con nosotros.
Esta Ley debería obligar al Borbón a dar explicaciones sobre las sorprendentes revelaciones que hace Wikileaks en torno a la figura del monarca. Juan Carlos tiene que explicar si, tal y como allí se afirma, se puso a disposición de los Estados Unidos y de Kissinger y filtró informaciones que perjudicaban claramente al Sáhara, que entonces pertenecía administrativamente a España, respecto al Reino de Marruecos. Quizás, con estas explicaciones, ahora entenderíamos el papel indeseable de España abandonando el Sahara a la suerte y voluntad del rey Hassan, íntimo amigo del rey español, por cierto. Debe explicar, con profundidad y bajo las luces y taquígrafos del Congreso, si por contra de defender los intereses de toda la ciudadanía, lideró los intereses de Estados Unidos en un punto estratégico del Mediterráneo. Y también debe explicar si el interés por hacer renunciar a Franco de su cargo que aparece en las filtraciones de Wikileaks era un interés por recuperar la democracia o bien un interés personal.
En definitiva, no basta con una Ley de la Transparencia que incluya a la Casa Real, aunque bienvenida sea. La solución no es hacer un maquillaje a la figura del Jefe del Estado y permitirle, ahora ya de forma legal, que nos siga enmascarando sus gastos, sino que la solución debe ser un proceso constituyente que expulse a los derechos dinásticos de todo sistema democrático y tapiar puertas y ventanas para que ni los Borbones ni ninguna otra familia real pueda volver a entrar por la puerta falsa. No es suficiente hacer de Juan Carlos un rey 'transparente', debemos hacerlo tan y tan transparente que sea repentinamente invisible... Hasta que desaparezca.
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