El pasaporte de inmunidad que se plantea el Govern genera dudas y rechazo entre juristas y expertos en salud pública

La voluntad de los gobiernos de medio mundo de recuperar la actividad social y económica paralizada por el coronavirus ha llevado a algunos se planteen un pasaporte vírico con el que los ciudadanos que ya hayan pasado la COVID-19 –y que se les supone inmunes– puedan volver al trabajo de forma segura. Es una idea que ha suscitado debate en Reino Unido y Alemania, pero en pocos lugares las autoridades lo han puesto tan en primer plano como la Generalitat de Catalunya.

Las dudas y el rechazo de los expertos consultados por eldiario.es respecto a la propuesta se centran en su encaje a nivel legal, sus repercusiones éticas y en las posibles vulneraciones a los derechos a la privacidad, a la libertad de movimientos o al trabajo. A nivel sanitario, los especialistas advierten de que el pasaporte de inmunidad podría empujar a una parte de la población a contagiarse expresamente para volver al trabajo y que supondría un reto logístico desmedido para los laboratorios y la atención primaria. Además, no hay total certeza de que una persona que haya pasado el virus sea directamente inmune.

La propuesta catalana, que Quim Torra hace suya pese a las reservas de la consellera de Salud, Alba Vergés, forma parte del plan de desconfinamiento elaborado por Mitjà y su grupo de expertos que asesora directamente al president, en el que no hay expertos en salud pública, ni en bioética ni epidemiólogos pero sí especialistas en modelos matemáticos y análisis de datos. A lo largo del documento, de 41 páginas, sus impulsores hacen hincapié en que el pasaporte de inmunidad debe ser compatible con la normativa europea de protección de datos y los criterios bioéticos, si bien no concretan en qué normativa se enmarca la medida ni citan ningún tipo de bibliografía al respecto.

El plan de Mitjà pasa, entre otras medidas, por un cribado masivo de toda la población (con 1,5 millones de pruebas PCR y 6 millones de tests serológicos) y el posterior reparto de pasaportes, vía 'app' o en papel, para aquellos que hayan superado la enfermedad. Para que la estrategia sea eficaz, recoge el documento, el certificado no debería ser voluntario, sino “de imposición general”. El pasaporte, “personal, anónimo y no falsificable”, se leería con un código QR en los accesos a las empresas, universidades, locales de ocio o gimnasios.

Aunque el Ministerio de Sanidad lo descarta, el documento elaborado por el grupo de Mitjà plantea que el certificado de inmunidad sea emitido por la sanidad pública pero también por laboratorios privados, y que refleje tres posibles estatus: verde, para los que han pasado la infección y están posiblemente inmunizados (test serológico positivo y PCR negativa); amarillo, para los no han pasado la COVID-19 ni están infectados (PCR negativa en menos de 30 días y test serológico negativo), y rojo, para los infectados (PCR positivo) o sus contactos. Los amarillos, añade, deberían hacerse pruebas cada 30 días, y los verdes, cada seis meses, puesto que nadie sabe a ciencia cierta que la población que supera el virus se vuelva inmune a él para siempre.

Puede estigmatizar y discriminar

Para el abogado especialista en protección de datos Pere Simón la propuesta de Mitjà es demasiado poco concreta. La ley de protección de datos, explica Simón, podría habilitar el pasaporte al basarse en motivos de salud pública, pero aún así el letrado cree es necesario que las autoridades detallen mucho más la medida antes de su eventual implantación. “No es suficiente con decir que se respetará la privacidad, se tiene que explicar cómo se hará y cuál es la base que legitima tratar los datos personales de la población”, explica.

Para Itziar de Lecuona, doctora en Derecho y subdirectora del Observatorio de Bioética de la Universitat de Barcelona (UB), la propuesta de Mitjà es directamente “estigmatizante y discriminadora” así como “desproporcionada” a nivel éticolegal. Esta experta cree que la propuesta de Mitjà adolece de una evaluación de su impacto en base a los principios éticos y de legislación así como respecto a la gestión de los riesgos que implica el pasaporte.

En este sentido, expone Simón, para un eventual encaje legal del pasaporte es necesario que se concreten, además de la finalidad, por qué se opta por su obligatoriedad en vez de pedir el consentimiento a la población, así como conocer más a fondo las medidas de transparencia, seguridad y privacidad en el diseño del pasaporte y de recogida y cruce de datos, o el plazo en el que las autoridades dispondrán de nuestros datos. Respecto a la transparencia, Simón destaca que la medida debe definir mucho mejor y habilitar mecanismos de control para acreditar que tanto las autoridades públicas como las empresas privadas usen los datos del pasaporte tan solo para la pandemia y no para otros fines.

Simón también rechaza que el pasaporte de inmunidad sea el “equivalente” al actual carné de vacunación, tal y como se define el documento de Mitjà. “Es una falacia. El pasaporte implica un volumen de información y datos mucho más elevado que un carné de vacunación y el potencial intrusivo de su uso es mucho mayor”, afirma. Y alerta además sobre una cuestión de fondo relacionada con el pasaporte: “Es peligroso plantear a los ciudadanos que están obligados a escoger entre salud y privacidad. Es una pregunta trampa porque se puede mantener la salud respetando la privacidad”.

“Todas las agencias de protección de datos han alertado de que no pueden correlacionar distintos datos y que antes de tomar cualquier medida se debe analizar su impacto en los derechos personas, su restricción temporal y su transparencia”, apostilla De Lecuona, que incide además en que la propuesta de Mitjà no menciona obligaciones legales, como que las empresas privadas que aporten datos o certifiquen el pasaporte no los usen con fines comerciales.

“El pasaporte es una medida con tantas implicaciones legales y éticas que no se puede presentar y debatir en una semana. En una pandemia donde los ciudadanos dependen del Estado no se pueden hacer las cosas al margen de la legalidad, de la ética ni sin trasladar una explicación clara a la ciudadanía”, reflexiona la experta. De Lecuona y Simón coinciden además en que, una vez se levante el estado de alarma, el pasaporte no puede usarse, tal y como plantea la propuesta de Mitjà, para determinar la entrada al puesto de trabajo o a un recinto deportivo o cultural. “Cualquier medida limitativa de derechos solo la pueden tomar un juez o mediante la declaración de los estados de sitio, alarma o excepción”, indica Simón.

Revela el estado inmunológico del ciudadano

A estas dudas de carácter ético y legal se han sumado entidades científicas como la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH), que ya antes de la propuesta catalana se posicionaron en contra de un pasaporte de este tipo. El documento del grupo de expertos liderado por Mitjà fue enviado a otros científicos catalanes especialistas en salud pública y epidemiología, aunque antes de obtener su respuesta de varios, Torra anunció y avaló su contenido este domingo.

Fernando Benavides, catedrático de Salud Pública de la UPF y uno de los expertos consultados, accede a dar su valoración tras haberse hecho público el plan desde la Generalitat. “Tal como se plantea, sin estudios legales y éticos que valoren todas las implicaciones, creo que no se debe iniciar. Entiendo la urgencia para ordenar el desconfinamiento, pero es arriesgado y peligroso implantar una medida que puede afectar a los derechos básicos”, resume.

Para Benavides, aunque se extremaran las medidas de protección de la intimidad, sería casi imposible no vulnerarla porque el pasaporte, según la propuesta de Mitjà, se tendría que usar en público: todo el mundo vería cómo se veta la entrada de alguien en el metro, en su fábrica o en el Camp Nou tras comprobarse que su código es el rojo. “Se estaría revelando el estado inmunológico de una persona frente a los de su alrededor, con la estigmatización, el rechazo o incluso la xenofobia que esto puede generar”, valora.

Otro de los inconvenientes que plantea Benavides sobre el documento, más bien una duda, es el de la capacidad para asumir el enorme reto logístico de llevar a cabo 1,5 millones de PCR y 6 millones de tests serológicos en 16 semanas. En la misma línea se expresa Ildefonso Hernández, vocal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), que cuestiona el pasaporte porque cree que supondría reorientar los recursos de una atención primaria ya muy tensionada. “No puedes hacer una detección temprana sin que luego haya recursos de vigilancia, con personas que gestionen los flujos de información y den respuesta a cualquier caso sintomático o asintomático”, advierte. Si esto ya no ocurre ahora con la celeridad deseable, añade, es difícil pensar que se lograría con tests masivos.

El plan del Govern tiene en cuenta un circuito logístico, pero básicamente para realizar los tests, no para hacer seguimiento a posteriori. Para lo primero, contempla llevar a cabo 360.000 PCR al mes juntando la capacidad de hospitales, centros de investigación y laboratorios privados. Los tests rápidos se harían en lugares públicos –desde plazas hasta polideportivos– y a domicilio, en este caso por parte de profesionales de la atención primaria o de ONG.

No puede ser solo una medida catalana

Para Hernández, otro de los riesgos de un pasaporte de este tipo es que ofrezca incentivos para que parte de la población decida contagiarse voluntariamente y así, una vez inmunizada, poder volver a la actividad laboral. Sobre todo entre colectivos de menor riesgo. Pero este profesor de la Universidad Miguel Hernández y catedrático de Salud Pública considera que antes de llegar a este extremo, la medida tendría que descartarse si se sospecha que puede conllevar discriminación de carácter laboral. Benavides, en cambio, cree que el principal peligro es que ocurra lo contrario: que por situaciones de precariedad o de presión laboral, algunos ciudadanos enfermos traten de falsificar de alguna forma el pasaporte.

Un último aspecto que suscita las críticas de los expertos es el de la falta de coordinación entre administraciones. Quien ha deparado en ello es el epidemiólogo Antoni Trilla, asesor del Gobierno central durante esta epidemia y que tampoco ve claro una credencial de este tipo. “Si se hace, tiene que ser una decisión europea,con garantías para todos los ciudadanos de la UE. No me cabe en la cabeza que Catalunya tenga un pasaporte, Francia no, y Andalucía uno diferente”, expresaba en declaraciones a Catalunya Ràdio. Las ventajas de saber quién es inmune, a criterio de Trilla, no compensan los inconvenientes en materia de derechos y segregación.