El Tribunal de Cuentas rechaza reclamar a Puigdemont los 87 millones que costó el despliegue policial del 1-O
El Tribunal de Cuentas no reclamará a Carles Puigdemont y a los exconsellers los 87 millones de euros que costó el desplazamiento de unos 6.000 policías y guardias civiles a Catalunya para impedir el referéndum. Así lo ha decidido el ente fiscalizador, que ha rechazado, en línea con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la petición de Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución para incluir dentro del monto a reclamar al exGovern el coste del despliegue policial.
Argumenta el Tribunal de Cuentas que los gastos de la denominada 'Operación Copérnico' no se pueden atribuir al Govern porque ni Puigdemont ni los exconsellers ordenaron el desplazamiento de los agentes. Sin embargo, el tribunal deja la puerta abierta, tal y como sostiene la Abogacía del Estado, a que “los responsables del referéndum ilegal” puedan “indemnizar al Estado los gastos que este hubiera tenido que realizar para prevenir, impedir o dar respuesta a las actuaciones contrarias a la ley vinculadas al referéndum”, algo que en cualquier caso, remarca el ente, escapa de las competencias del Tribunal de Cuentas.
No obstante, el Tribunal de Cuentas sí ha decidido seguir adelante con los trámites para determinar la posible responsabilidad contable de los miembros del Govern de Puigdemont en el referéndum. En un auto, la consejera del Tribunal de Cuentas Margarita Mariscal de Gante –exministra del Gobierno de José Maria Aznar– sitúa la cantidad que los exconsellers y altos cargos del Govern podrían tener que devolver de su propio bolsillo en, como mínimo, más de dos millones de euros.
En concreto, los gastos que podrían tener que afrontar los exconsellers corresponden a webs, aplicaciones y plataformas informáticas del 1-O –que todavía no se han cuantificado–; 900.906,7 euros correspondientes al coste de usar los colegios para la votación –cantidad que cuestionaron peritos de las defensas en el juicio del Supremo–; y 979.661,96 euros relativos a envíos de material electoral encargados supuestamente a Unipost –que las peritos de Hacienda no incluyeron en sus cálculos sobre la malversación.
Mariscal de Gante también incluye como concepto a reclamar a los dirigentes soberanistas la “acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso independentista”, que no se cifra pero que abarca desde las delegaciones del Govern en el exterior “funcionando como auténticas embajadas” a “la campaña internacional de imagen de la Generalitat”, “las páginas web internacionales” y “la contratación de expertos y observadores internacionales”.
Asimismo, los exconsellers también pueden acabar respondiendo por los gastos del anuncio del 1-O, de la campaña del registro de catalanes en el exterior y la “campaña internacional del referéndum”, que según la Fiscalía ascienden a 672.111,02 euros. En el monto total se incluye además el coste para la Generalitat “de la aplicación de medidas de intervención económica acordadas por el Estado desde noviembre de 2015”, cifrado por el fiscal en 295.831,33 euros.
Mariscal de Gante ha rechazado las alegaciones de la Generalitat en contra de seguir con el procedimiento. Argumentó la administración autonómica que el Tribunal de Cuentas no podía empezar una causa que todavía se estaba dirimiendo en el ámbito penal –el Tribunal Supremo y el juzgado de instrucción 13 de Barcelona– y que no se daban los “elementos” que configuran una responsabilidad contable.
