Más de 100 ayuntamientos impulsan una red de ciudades contra la Ley Mordaza
En España se ponen 30 multas diarias por “faltas de respeto” a la policía desde la entrada en vigor de la Ley Mordaza, un auge de la criminalización de la protesta que preocupa a los movimientos sociales, plataformas de derechos e instituciones. Para hacer frente a esta situación, ciudades, entre las cuales Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Oviedo o Alfaro, se han unido en la Red de Ciudades Libres de Mordazas con el objetivo de poner en común las ordenanzas que trabajan en sus consistorios y de recoger con más eficacia las demandas de los movimientos y plataformas sociales.
El área de derechos de la ciudadanía del Ayuntamiento de Barcelona, que dirige el teniente de alcaldía Jaume Asens, ha acogido este sábado la primera reunión de esta red municipal en un acto conjunto con ayuntamientos, entidades y colectivos. En ella han presentado uno de los frutos del trabajo realizado hasta ahora, por el que más de 100 ayuntamientos de todo el Estado han aprobado desde febrero mociones en rechazo y contra la aplicación de la norma. Pese a que la seguridad es competencia estatal, consideran que “desde los municipios es posible hacer un trabajo común para la redacción de ordenanzas municipales y órdenes internas que garanticen el libre ejercicio de las libertades civiles”, según han explicado.
En el acto en el consistorio barcelonés han participado representantes municipales y de colectivos como No Somos Delito, la PAH, Iridia o Instituto Internacional por la Acción No Violenta, que han expuesto la necesidad de que las administraciones locales respalden a la lucha que los movimientos llevan a cabo en la calle contra la aplicación de la ley. “Este es un movimiento incipiente”, ha reconocido Asens, “pero queremos que se convierta en uno más grande que pueda frenar la criminalización de la protesta y el engranaje legal diseñado para imponer el miedo”.
Por parte de las entidades, se ha puesto énfasis en la necesidad de que las instituciones cuenten con ellas para cambiar la legislación represiva. “Creemos en una ley de seguridad ciudadana, pero no en esta ley”, ha asegurado David Bondia, del Instituto de DDHH de Catalunya, que ha apostado por una nueva ley de seguridad en la que participen los movimientos y enfocada a la protección de los derechos. “No es solo la ley mordaza, es también las cada vez más restrictivas reformas del derecho penal”, ha recordado la abogada del Centro Iridia, Anaïs Franquesa, quien ha considerado que el principal punto a combatir el efecto desmovilizador de la legislación contra la protesta.
La PAH Barcelona ha considerado que la ley Mordaza es una ley hecha para acallar a quienes protestan. “Al PP le damos miedo las que luchamos para cambiar la cosas, las que les señalamos como responsables antes la ciudadanía. Por eso han hecho una ley contra nosotras, pero no saben que hace tiempo perdimos el miedo”, han asegurado.
Capitulo aparte ha tenido los efectos de la Ley Mordaza en el trabajo periodístico. João França, coordinador de Catalunya Plural, ha recordado que “el periodismo, cuando hace su trabajo, es una herramienta básica para defender los derechos” y ha puesto el acento sobra las multas que han recibido periodistas por informar, como la denuncia interpuesta contra un periodista de Argia por publicar la fotografía de una actuación policial. Felipe Daza, de la plataforma Defender a Quien Defiende, ha explicado que han llevado ante el tribunal de Estrasburgo las denuncias de Ahotsa y La Directa, y ha puesto en valor la coordinación entre administraciones locales mediante mecanismos concretos, que puedan sistematizar el trabajo contra la ley.
